“Un paso histórico”, la resolución de la SCJN para garantizar justicia a las víctimas de abusos
CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 16 de julio. La organización Amnistía Internacional (AI) exigió a las autoridades mexicanas y a la Procuraduría General de la República (PGR) que asuman la decisión de la Suprema corte de Justicia de la Nación (SCJN) y hagan las investigaciones necesarias en los casos donde se ha denunciado violación de derechos humanos de militares contra civiles.
Luego de la decisión de la SCJN de restringir el fuero militar, AI celebró dicha determinación y consideró que “es un paso histórico” en los esfuerzos para limitar la competencia de la jurisdicción militar y garantizar el derecho a un remedio efectivo para las víctimas de abuso, además establece un precedente importante acerca de la obligación de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) y los tratados internacionales de derechos humanos.
Sin embargo, AI exigió a las autoridades de Estado mexicano y a la PGR para que asuman la decisión y “realice las investigaciones debidas de las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas –en el pasado y actualmente– por las fuerzas armadas”.
El organismo internacional ha documentado diversos casos de desaparición forzada en los últimos meses sin que las autoridades militares o civiles realicen investigaciones para esclarecer los hechos.
De igual forma, AI confió en que tanto la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) como la Secretaría de la Marina (Semar) y la Secretaría de Gobierno “asuman el carácter obligatorio de esta resolución y además reconozcan que representa un paso positivo para demostrar el compromiso de las fuerzas armadas de someterse a controles civiles y para la rendición de cuentas ante la sociedad”.
La organización consideró que esta resolución de la SCJN es un parteaguas para el Ejecutivo y el Legislativo para reformar el código penal militar, pues la iniciativa presentada por el Gobierno “no cumple con los requisitos al sólo excluir la desaparición forzada, la tortura y la violación de la jurisdicción y dejar la investigación inicial para determinar el delito en manos de la jurisdicción militar”.
Explicó que dicha iniciativa debe ser modificada para excluir la jurisdicción militar de la investigación y procesamiento de cualquier presunta violación contra civiles de miembros de las fuerzas armadas.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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