martes, 19 de noviembre de 2013

El negocio del agua embotellada y sus impactos socio–ambientales


Gian Carlo Delgado

Del total del agua en el planeta, unos mil 400 millones de m3, sólo 2.5 por ciento es agua dulce. Dado los crecientes niveles de contaminación ésta es además cada vez de menor calidad. Los más vulnerables son al menos unas mil millones de personas que carecen de acceso a fuentes de agua y las 2.5 mil millones que carecen de servicio de saneamiento. El problema más agudo se refleja en que unas 3 mil 500 personas mueren al día por enfermedades vinculadas al agua, 98 por ciento de ellas ocurren en los países en desarrollo.

La situación es compleja, pues a lo anterior se suma el hecho de que un tercio de la población mundial vive en regiones con escaso acceso al agua; de ahí que las disputas por el líquido se agudicen, sobre todo a escala de lo local, ello como resultado de la escasez biofísica del líquido, el incremento de la demanda sea por cambios en los patrones de consumo o el aumento de los actores en competencia, y/o por el acaparamiento de la misma por parte de actores con mayores cuotas de poder económico–político.

En este contexto, en el que además los servicios públicos de agua develan particularmente en los países pobres sus fuertes limitaciones para proveer agua de calidad y asequible, el negocio del agua embotellada se viene impulsando con mayor fuerza al asumirse como una solución conveniente y segura para cubrir la demanda de agua para beber. Y el negocio no es menor. En 1999 el Consejo Estadounidense de Defensa de los Recursos Naturales calculó que el agua embotellada es entre 240 y 10 mil veces más cara que el agua de la llave. El negocio es aun mas jugoso si se considera que PepsiCo y Coca Cola embotellan en diversas localidades agua proveniente del sistema de servicio público municipal, vendiendo así a la población algo que ya está pagando.

El negocio ha registrado una fuerte expansión tanto a nivel mundial como en América Latina. Según datos del Banco Mundial, la industria del agua embotellada pasó de mil millones de litros en 1970 a comercializar 84 mil millones de litros en todo el mundo en 2000, para luego llegar a 237 mil millones en el 2010. El volumen de agua embotellada en México es el más alto del mundo en términos per capita, seguido por Italia. Asimismo, es el segundo consumidor mundial por volumen total después de EU. A nivel regional, México es el mayor consumidor por volumen total de toda AL, con 46 por ciento del total comercializado en 2010.

Ante tal boom del negocio, resulta pertinente precisar que uno de los grandes problemas que presenta es su impacto ambiental. Y es que además de la apropiación de agua de buena calidad y de su exportación, no es menor el consumo de energía y materiales y generación de residuos en el propio proceso industrial y de post–consumo. La producción de una botella de agua o, peor aún, de su procesamiento a bebida carbonatada, consume una gran cantidad de agua, más de la que la propia botella contiene: de entre dos a cuatro litros por litro de producto, sin contar el agua necesaria para la producción de los insumos como el azúcar, entre otros. También demanda una buena cantidad de energía (unos 3.2 a 4 MJ por botella de un litro). Genera, además, una enorme cantidad de residuos: gases de efecto invernadero; sustancias tóxicas como oxido de etileno, benceno y xilenos que son liberadas a la atmósfera y a las fuentes de agua como producto de la producción de botellas de PET, así como una enorme cantidad de basura post–consumo; esto es, botellas PET que en su gran mayoría no son recicladas, aunque la industria precise en sus empaques que se trata de material “reciclable”, lo que es muy diferente.

Pese a lo expuesto, los gobiernos locales de países pobres tienden a mirar la presencia de embotelladoras de multinacionales como un actor económico benéfico para el país. Nestlé, por su parte, sostiene, por ejemplo, ante las críticas del documental Bottled Life, que acusa a la multinacional de despojar el líquido a poblaciones vulnerables y pobres, que su “política de buen vecino” se basa en “…ofrecer beneficios significativos a cada comunidad a través de nuestra presencia y la generación de valor compartido que gane el respeto y la confianza. A través de patrocinios, donaciones y el voluntariado, apoyamos las causas y organizaciones que son importantes para las comunidades locales” (http://ww1.nestle–waters.com/bottledlife).

Lo antes dicho, visto desde el caso de México, es cuestionable. La única planta embotelladora de agua que tiene la multinacional, emplazada en Santa Rita Tlahuapan (Puebla), se ubica en una zona de disponibilidad de agua altamente comprometida. Resultados de disponibilidad de agua subterránea en la región publicados en 2003 en el Diario Oficial de la Federación precisan que, “…el acuífero del valle de Puebla se encuentra en desequilibrio dinámico para el periodo evaluado, debido a que el volumen que entra es menor al volumen que sale”. En tal panorama, según el Registro Público de Derechos de Agua de Conagua, Nestlé se asegura concesiones para la extracción de agua por un millón 887 mil 584 m3 al año, cantidad con la que abastece el mercado nacional de agua que se adjudica. El volumen de agua subterránea concesionada a Nestlé podría abastecer de agua potable –y de sobra– a toda la población de Tlahuapan (cálculo con base en un consumo de 100 l/hab–día y que precisa un sobrante de 573 mil m3/año). Y pese a ser todavía una región rica en agua (hay procesos preocupantes de deforestación y pérdida de servicios ambientales en la región), la población local no cuenta con una cobertura mayoritaria del servicio de agua potable, ya ni hablar acerca de la calidad y frecuencia del servicio. No es, por tanto, casual la denuncia del actual presidente municipal electo, Joel Díaz Ramírez, acerca de que Nestlé no ha traído ningún beneficio para la población de Tlahuapan; ello a pesar de que cuando se estableció prometió generar empleos. Y mientras la empresa, asegura Díaz, produce unas 12 mil botellas de 600 ml al día, las comunidades de San Francisco La Unión, Santa Cruz Moxolacuac, Guadalupe Zaragoza y la cabecera municipal tienen problemas de abastecimiento de agua (La Jornada de Oriente, 2013).

Por lo expuesto, es más que urgente la evaluación y monitoreo permanente de los títulos de concesión otorgados a las empresas embotelladoras en el país para verificar, limitar o suspenderlos, de ser necesario. En correspondencia a lo anterior es imprescindible la publicación anual de los volúmenes de agua totales extraídos, ambos por planta embotelladora y por fuente(s) de agua, todo al tiempo que se implementan medidas para la participación activa de la sociedad civil, así como para cuando menos impulsar la denominada responsabilidad extendida. Además, es importante reformular el etiquetado para que se especifique el origen del agua, el tipo de tratamiento y la composición química. Dicho etiquetado e información debe ser clara y entendible para el público general, además de que las campañas de publicidad de las empresas deben retirar afirmaciones falsas o sugerencias ambiguas acerca de lo sustentable de sus productos, procesos o botellas. Desde luego, es también importante evitar consumir agua embotellada –sobre todo de porciones pequeñas–, exigir bebederos en espacios públicos y escuelas, e informarse acerca de otras opciones para potabilizar agua segura para beber.