Desapariciones: horror multiplicado y disperso

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

El 26 de noviembre del año pasado Luis Eduardo Cisneros Zárate fue asaltado por policías municipales de Chalco, Estado de México. La joven víctima es un activista, maestro de la Preparatoria popular Jacinto Canek, en Ciudad Nezahualcóyotl. Ha concluido ya sus estudios de sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y se afana en saber más: cursa al mismo tiempo la carrera de etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la maestría en desarrollo y planeación de la educación en la propia UAM.

Algo en su apariencia llama la atención de los agentes municipales y les desagrada. O simplemente lo escogen para hacer sentir su autoridad. O para obtener algún provecho ilícito. Lo golpearon y lo condujeron, sin acusación alguna, a la cárcel municipal. Al salir, Cisneros Zárate hizo la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Transcurrieron dos semanas sin que, imagino, se le llamara siquiera a ratificar su denuncia. Pero sospecho que los agraviados con ella le seguían los pasos. El 12 de diciembre, al salir de la estación Tepalcates del Metro a las 10 de la noche, Luis Eduardo abordó un transporte público para dirigirse a su casa. No llegó a su destino. El 15 de diciembre sus padres denunciaron su desaparición ante el Ministerio Público de Nezahualcóyotl. Transcurrió más de un mes sin que se supiera nada del joven profesor. El 23 de enero recibieron la amarga noticia de que el cuerpo de su hijo se hallaba en el anfiteatro del Servicio Médico Forense de Chalco.

Un caso como ese (denunciado a la opinión pública por la comunidad de la UAM-Xochimilco) no es, por desgracia, un suceso anómalo, extraordinario, como debería serlo en una sociedad civilizada. Al contrario, forma parte de un fenómeno que se dispersa por todo el país y se multiplica bajo diversas formas. Se trata de la privación ilegal de la libertad, de desapariciones que se multiplican ante la indolencia gubernamental o, lo que es peor, con la participación y el concurso de agentes de la autoridad. 

Si la vida no vale nada (y por eso crece sin freno el número de homicidios violentos), tampoco la libertad es un bien apreciable y cualquiera milita contra ella. Ya son secuestradores que retienen a sus víctimas en busca de dinero; ya son matarifes que se apoderan de gente para ultimarla poco después; ya son agentes de la autoridad que, por descontrol u obedeciendo instrucciones, sacan de su cotidianidad a personas, generalmente militantes de una causa, como forma de combatirla. Hay casos, además, que no caben en esas categorías, como el del ciudadano estadunidense de origen cubano Félix Batista, experto en secuestros, quien no fue capturado con violencia sino que accedió a subir a un vehículo, en Saltillo, hace ya varios meses, sin que se demande el pago de cantidad alguna, pero de quien no se sabe nada. O como el de Cisneros Zárate, quien acaso fue castigado por atreverse a denunciar un abuso de autoridad.

Es preciso denunciar caso por caso y clamar porque las desapariciones sean penadas conforme a la ley. No debemos resignarnos a que esa práctica infame se multiplique y generalice hasta hacerse parte de la vida cotidiana, un elemento más del paisaje. Siendo todos importantes, porque la libertad de las personas es un bien que la sociedad debe respetar y proteger en todos los casos, algunas veces reviste especial importancia, porque se conectan con ellas factores relacionados con la convivencia y con la gobernabilidad.

Eso ocurre con Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, a los que el Ejército Popular Revolucionario (EPR) reputa como sus miembros y fueron hechos desaparecer en fecha ya remota, el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca. Después de muchos estériles llamados a que fueran presentados con vida, esa organización guerrillera pretendió alcanzar ese fin mediante procedimientos propios de su opción armada: en julio y septiembre de 2007 atacó instalaciones de Pemex, causando graves daños materiales y generando importantes consecuencias económicas. De esa manera buscó demostrar que la libertad de sus compañeros es un objetivo en cuya consecución puede ir muy lejos. En abril pasado, abriendo otra ruta, por entero diferente hacia la misma meta, el EPR propuso a un grupo de ciudadanos constituir una comisión mediadora en pos de un diálogo con el gobierno que permitiera la devolución de Reyes Amaya y Cruz Sánchez a su vida normal. Al aceptar la encomienda, los convocados pidieron al EPR que se abstuviera de acciones armadas mientras durara su intervención. La tregua unilateral así adoptada por la guerrilla con más notables signos de activismo en el país ha sido respetada cabalmente, pero a nueve meses de instaurada, ante los nulos avances de la mediación debidos a la negativa actitud gubernamental, la comisión se aproxima a un punto de definición que en uno de sus extremos dejaría al EPR liberado de su compromiso y colocado, en consecuencia, en posición de volver a atacar.

Después de un período inicial de reticencia a admitir siquiera que la Comisión Mediadora podía ser el conducto para una aproximación al EPR, así fuera sólo en torno a la presentación de sus dos miembros desaparecidos, el gobierno federal determinó que la Secretaría de Gobernación entrara en contacto con la Comisión Mediadora. Una delegación de aquella dependencia, encabezada por el subsecretario Abraham González Uyeda, ha escuchado los planteamientos de los mediadores, expuestos en sendos documentos de junio y agosto pasados, pero no ha dado a ellos respuestas que satisfagan al propósito mediador. A lo más que se ha llegado es a la admisión gubernamental de que se trata de un caso de desaparición forzada, lo cual implica aceptar la responsabilidad del Estado, sin que Gobernación admita llegar a esa consecuencia. Para avanzar en el contacto, y habida cuenta que la Comisión ha recabado valiosa información que requiere cotejar con fuentes oficiales, ha insistido en ampliar su interlocución especialmente con la Secretaría de la Defensa. 

Urgida a que acepte esa ampliación o de plano la niegue, Gobernación fijó un plazo de 15 días, que la Comisión interpretó que concluiría el viernes pasado, 30 de enero, para manifestarse a ese propósito. A la hora de escribir estas líneas no se tenía noticia de la posición oficial a este respecto. De lo que diga Bucareli, o deje de decir, se desprenderán consecuencias relevantes que examinaremos oportunamente. l