Sospecha de García y su jefe de policía
MARGENA DE LA O
Chilpancingo, 23 de febrero. Con la muerte de los dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) rompe el vínculo de las organizaciones sociales del estado con los gobiernos de México, y declaró sospechosos de esas muertes al alcalde priísta de Ayutla, Armando García Rendón, y a su director de Seguridad, el ex militar Luis José Sánchez Hernández.
En un comunicado, la organización señaló que se trata de un crimen político que lanza “un claro mensaje de terror y miedo para inmovilizar a los ciudadanos que se atrevan a desafiar las políticas excluyentes, discriminatorias y autoritarias” del gobierno.
Pidieron que los funcionarios señalados sean separados del cargo para que una instancia independiente del gobierno haga una investigación imparcial del caso, ya que sospechan que hay encubrimiento.
El alcalde –afín al grupo del senador Angel Aguirre Rivero–, es acusado por la OPIM de proteger a los paramilitares que operan en Ayutla, como Romualdo, Petronilo e Isidro Remigio Cantú, el último nombrado como su representante en la zona me’phaa, “con la finalidad de destruir nuestra organización y con recursos públicos hacer una agrupación domesticada”.
En vida, los líderes indígenas criticaron las políticas de gobierno del alcalde, y atribuyen eso a la sospecha de su responsabilidad en el crimen.
En el documento recuerdan que García Rendón amenazó a Guadalupe Castro, esposa de Raúl Lucas, con revocarle su cargo de regidora.
Consideraron dudoso que 12 policías hayan encontrado casi de inmediato los cuerpos enterrados de sus compañeros, cuando en ocho días de su desaparición no reportaron ninguna pista.
Lanzaron un llamado a todas las organizaciones sociales para integrar un “plan de lucha pacífico, para que los malos gobernantes respondan por las injusticias y la corrupción cometidas”.
Critican que el PRD se olvidó de sus orígenes para apoyar a “un empresario enfermo de poder”, en alusión al gobernador Torreblanca, a quien calificaron de “desubicado de la realidad social y con sospechosas amistades como Arturo Acosta Chaparro y Rubén Figueroa”.
El Tadeco envió otro comunicado para externar su inconformidad e indignación por la muerte de Lucas y Ponce, que consideraron una clara agresión a los derechos humanos, y que hace necesario que las organizaciones se unan contra el gobierno, para exigir una investigación exhaustiva.
Fuente: La Jornada de Guerrero
MARGENA DE LA O
Chilpancingo, 23 de febrero. Con la muerte de los dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) rompe el vínculo de las organizaciones sociales del estado con los gobiernos de México, y declaró sospechosos de esas muertes al alcalde priísta de Ayutla, Armando García Rendón, y a su director de Seguridad, el ex militar Luis José Sánchez Hernández.
En un comunicado, la organización señaló que se trata de un crimen político que lanza “un claro mensaje de terror y miedo para inmovilizar a los ciudadanos que se atrevan a desafiar las políticas excluyentes, discriminatorias y autoritarias” del gobierno.
Pidieron que los funcionarios señalados sean separados del cargo para que una instancia independiente del gobierno haga una investigación imparcial del caso, ya que sospechan que hay encubrimiento.
El alcalde –afín al grupo del senador Angel Aguirre Rivero–, es acusado por la OPIM de proteger a los paramilitares que operan en Ayutla, como Romualdo, Petronilo e Isidro Remigio Cantú, el último nombrado como su representante en la zona me’phaa, “con la finalidad de destruir nuestra organización y con recursos públicos hacer una agrupación domesticada”.
En vida, los líderes indígenas criticaron las políticas de gobierno del alcalde, y atribuyen eso a la sospecha de su responsabilidad en el crimen.
En el documento recuerdan que García Rendón amenazó a Guadalupe Castro, esposa de Raúl Lucas, con revocarle su cargo de regidora.
Consideraron dudoso que 12 policías hayan encontrado casi de inmediato los cuerpos enterrados de sus compañeros, cuando en ocho días de su desaparición no reportaron ninguna pista.
Lanzaron un llamado a todas las organizaciones sociales para integrar un “plan de lucha pacífico, para que los malos gobernantes respondan por las injusticias y la corrupción cometidas”.
Critican que el PRD se olvidó de sus orígenes para apoyar a “un empresario enfermo de poder”, en alusión al gobernador Torreblanca, a quien calificaron de “desubicado de la realidad social y con sospechosas amistades como Arturo Acosta Chaparro y Rubén Figueroa”.
El Tadeco envió otro comunicado para externar su inconformidad e indignación por la muerte de Lucas y Ponce, que consideraron una clara agresión a los derechos humanos, y que hace necesario que las organizaciones se unan contra el gobierno, para exigir una investigación exhaustiva.
Fuente: La Jornada de Guerrero
No hay comentarios:
Publicar un comentario