El pasado fin de semana, uno de los diarios que realizan la contabilidad lúgubre de esa auténtica “poda azteca” en que se ha convertido la guerra contra y entre el narcotráfico, reportó los primeros mil ejecutados en 2009. La cifra se alcanzó en un tiempo récord: mil tres muertos en 51 días, “lo que representa un promedio de 19 homicidios al día. Hace un año la cifra de mil muertos se registró el 22 de abril, y en 2006 se alcanzó después de haber transcurrido medio año” (El Universal, 21 de febrero).
Para ubicar la relevancia internacional de las primeras mil ejecuciones en 2009, hay que considerar que ninguna de las naciones en guerra formal (Irak y Afganistán) reportaron tal número de bajas en el mismo periodo. Tampoco lo han hecho los países y regiones donde hay en curso guerras no convencionales por motivos económicos, políticos, sociales, raciales, religiosos o tribales, como Yemen, Ruanda, Birmania, Zimbawe, Colombia, Gaza o Chechenia. Tampoco hay un registro similar en Somalia, país que encabeza la lista de “Estados fallidos 2008”, según la organización Fondo para la Paz. Claro, en cualquier momento, cualquiera de esas naciones o regiones que integran la geografía de la violencia podría rebasarnos en un solo día, con un solo evento disruptivo.
El tema, sin embargo, es otro muy distinto a pretender obtener la corona del país con mayor índice de violencia o inestabilidad por el crimen. ¿Se puede dar indefinidamente un cheque en blanco a una estrategia de seguridad que de mil en mil ha acumulado cerca de 20 mil muertos en una década: nueve mil de ellos (45%), en los últimos dos años y dos meses?
¿Cuál es el número de víctimas en una guerra no convencional para decretar que la misma debe darse por terminada? ¿Es posible que un Estado declare la guerra en su territorio a un sector de su población civil (llámese kurdos, separatistas, terroristas o crimen organizado), sin tener claramente establecida la frontera entre enfrentamiento y masacre, dominio y exterminio, combate y genocidio? ¿Los “fines justos” justifican resultados injustos e ineficaces?
¿Los mil mexicanos muertos en 51 días, algunos de ellos en enfrentamientos abiertos con la autoridad, otros, la mayoría, en combate sórdidos con grupos privados armados, pueden dar lugar a calificar como genocida a la actual guerra contra y entre el crimen organizado; es decir, la aceptación y la permisividad de que el crimen se combate con más crimen?
De acuerdo con el artículo 6 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se entiende por genocidio “cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) matanza de miembros del grupo; b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”. Dos definiciones adicionales de genocidio, por causas ideológicas y económicas, están en debate.
Los asesinatos en masa de civiles son un delito internacional. Pueden ser cometidos por funcionarios o por particulares. Por grupos oficiales o por paramilitares. Lo “masivo” no alude a una cifra específica, sino a una conducta sistemática en sus fines y prolongada en el tiempo (pueden ser 100 en un día o 200 mil personas en diez años). La responsabilidad oficial puede ser por omisión o por comisión. En el caso del crimen organizado en México, la causa del exterminio entre carteles de la droga es claramente por motivos económicos. Mientras que la guerra del Estado contra los cárteles es por fines ideológicos: la disputa por el monopolio de la violencia legítima y el control del territorio nacional (Leviatán versus Behemot).
El Día del Ejército, Felipe Calderón advirtió que las fuerzas armadas se retirarán de las calles hasta que prevalezca el estado de derecho. Es decir, permanecerán indefinidamente. Éste es un cambio notable en la estrategia oficial, ya que originalmente se había anunciado la participación de las tropas como una medida de excepción, no como regla normal. El Ejército es de las pocas instituciones del Estado que mantiene la confianza y el aprecio de la ciudadanía. Por encima de maestros, jueces, policías y legisladores. Sin embargo, recargarse demasiado en las bayonetas puede desgastar a las bayonetas y a quien se sienta en ellas. Sobre todo cuando el entorno de la lucha contra el crimen y entre el crimen está adquiriendo tintes genocidas de facto, inaceptables para un estado de derecho, pero imprescindibles en cualquier Estado de derecha.
ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mxPara estar mejor informado visita Resiste Acapulco
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