Exonera la Corte a Medina Mora y Peña Nieto por caso Atenco

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

MÉXICO, D.F., 11 de febrero (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió liberar de toda responsabilidad al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, en torno de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006.

Sin que se votara aún la resolución, 10 de los 11 ministros de la SCJN aseguraron que a ambos funcionarios no se les puede atribuir responsabilidad por el hecho de haber autorizado, en una reunión entre funcionarios federales y estatales, los operativos en San Salvador Atenco, en el estado de México.

De acuerdo con esa mayoría de ministros, Peña Nieto y Medina Mora, quien en ese momento era secretario de Seguridad Pública y, como tal, responsable de la Policía Federal Preventiva (PFP), ordenaron los operativos en ejercicio de sus facultades para el uso legítimo y justificado de la fuerza.

El único que pidió responsabilizar a Peña Nieto y Medina Mora, así como al secretario de gobierno del estado de México, Humberto Benítez Treviño, fue el ministro Genaro Góngora Pimentel, quien los identificó como "autores intelectuales" de las violaciones.

En su intervención, Góngora Pimentel se refirió también al exjefe del Estado Mayor de la PFP, Ardelio Vargas Fosado, actual titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y Ramón Pequeño, exdelegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el estado de México, entre otros. 

La mayoría de los ministros acordó que la responsabilidad sólo se puede atribuir a los cuerpos policiales encargados de los operativos y a los mandos responsables de la coordinación y supervisión.

El ministro José Ramón Cossío propuso que la responsabilidad llegue hasta el almirante Wilfrido Robledo Madrid, quien en ese momento era el director de la Agencia de Seguridad del estado de México (ASE).

Con distintos argumentos, los ministros eximieron a los altos funcionarios. El presidente de la Corte, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, señaló: "Decir que en esta reunión hubo una estrategia para vengarse de los pobladores de Atenco… no tiene ningún apoyo jurídico". 

El ministro Sergio Valls aseguró: "Las autoridades involucradas en las violaciones graves que se cometieron no comprenden a los altos mandos federal y estatal que decidieron usar la fuerza pública".

La responsabilidad, dijo, "compete a quienes al pretender cumplimentarlas, no actuaron dentro del marco constitucional y legal".

La decisión final se tomará en la sesión del jueves, cuando los ministros establezcan en votación oficial qué funcionarios de nivel medio son los responsables y si procede a la reparación del daño de las víctimas.

En su proyecto, Gudiño Pelayo señaló que hubo 2 mil 700 funcionarios participantes en los hechos, incluidos Peña Nieto y Medina Mora.

De acuerdo con la investigación realizada por la Corte, en los operativos policiales del 3 y 4 de mayo de 2006 hubo 207 detenidos. De ellos, 198 presentaron lesiones; 27 tuvieron que se hospitalizados, seis de ellos con fracturas; 57 de los detenidos denunciaron amenazas, y hubo dos muertes, una por arma de fuego y otro por lesión craneoencefálica. 

Además, durante su traslado al penal de Santiaguito, varias de las mujeres detenidas sufrieron distintas agresiones sexuales.

En su proyecto de resolución, el ministro Jesús Gudiño Pelayo propone que la Corte emita criterios sobre el uso de la fuerza pública. 

Los ministros también deberán resolver a qué autoridad entregan el dictamen, que no tiene vinculación jurídica.

En una votación previa, por diez votos a uno, la Corte ya estableció que los operativos sí representaron violación grave de garantías como consecuencia de las agresiones físicas, abusos sexuales, detenciones y allanamientos ilegales y la muerte de dos personas. 

El único ministro que se opuso a esa determinación fue Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

La tarde del 4 de mayo, Medina Mora, Peña Nieto y Miguel Ángel Yunes, quien entonces era subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública, decidieron usar la fuerza pública para acabar con las manifestaciones de los pobladores de San Salvador, que el día anterior se habían enfrentado con la PFP, la policía estatal y la municipal.

Los pobladores de Atenco habían tomado la carretera Texcoco-Lechería en protesta por la negativa de la autoridad municipal de permitir la instalación en la calle del mercado de flores.

En el operativo concertado, en el que participaron 155 elementos de la PFP y 190 de la ASE, los policías arremetieron contra la población y catearon domicilios sin orden judicial.

La acción desmedida fue en reacción al enfrentamiento de un día anterior, cuando los pobladores detuvieron e hirieron a varios policías.