Reviven andanada judicial contra la revista Contralínea

GLORIA LETICIA DíAZ

MÉXICO, D.F., 11 de febrero (apro).- Por segunda ocasión, en los últimos siete meses, las oficinas de la revista Contralínea fueron ocupadas por policías del Distrito Federal y abogados del empresario gasero, Jesús Zaragoza López, quien ha sido favorecido con contratos en la actual administración.

         La acción, en supuesto cumplimiento de un exhorto del Juzgado 13 de lo Civil de Guadalajara y ejecutado por un actuario del Juzgado 39 del Distrito Federal, fue respaldada por 25 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, encabezados por Eduardo Yáñez, quien se ostentó como "representante" de la dependencia policíaca.

         De acuerdo con información proporcionada por la reportera Ana Lilia Pérez Mendoza, la intervención ocurrió a las 15:20 horas de este miércoles, justo en el momento en que ella y el director de la publicación, Miguel Badillo, participaban en un encuentro bimestral de la Comisión de la Cámara de Diputados que da seguimiento a los agravios contra periodistas.

         Los hechos ocurrieron un día después de que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, afirmara ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, que la mayor amenaza en materia de derechos humanos contra los periodistas en México y contra la población en general, provenía del crimen organizado.

El acoso judicial contra la revista Contralínea, su dueño, Miguel Badillo, y la reportera Ana Lilia Pérez –quien exhibió los contratos de Pemex firmados por Juan Camilo Mouriño a favor de su familia— fue turnado por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, a la oficina de la Relatoría de las Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión, en demanda de medidas cautelares para ambos periodistas.

Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez aseguran que el asunto es una persecución política del gobierno de Felipe Calderón contra la revista Contralínea, en venganza por las revelaciones que hizo la reportera sobre los negocios de Juan Camilo Mouriño y que fueron retomadas por el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador  (Proceso 1682).

         Este miércoles, durante 40 minutos, Diego Romero Velasco, abogado del Grupo Zeta, que concentra 72% del mercado nacional de gas, con el apoyo del actuario Juan Manuel Aguilar Maya, del Juzgado 39 de lo Civil del Distrito Federal, irrumpió en las oficinas de Contralínea para "revisar los libros contables de la empresa", contó Ana Lilia Pérez Mendoza.

         El director de la revista fue informado telefónicamente e inmediatamente denunció el caso ante los legisladores del PRI, PAN y PRD, presentes en la reunión de la comisión parlamentaria. "¿Qué esperan para actuar? ¿Qué maten a uno de nuestros compañeros?", reclamó Badillo a legisladores y funcionarios públicos presentes.

         En la reunión, estaban presentes funcionarios de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, de la PGR.

"Esta dependencia --apuntó Pérez Mendoza--, recientemente declinó dar seguimiento a una denuncia que interpusimos en contra de Felipe Calderón, César Nava y Juan Camilo Mouriño, así como contra otros funcionarios de Pemex, a los que responsabilizamos de las amenazas y el acoso que hemos recibido."

         El mismo juez de Jalisco emitió el mes pasado un exhorto al Juzgado 49 de lo Civil en la capital del país, para que arrestara a Pérez Mendoza y a Badillo, por no haber atendido una notificación, de la cual no tuvieron conocimiento con antelación.

Sin embargo, el juez octavo de Distrito en Materia Civil, los amparó y solicitó a los jueces de Jalisco y del Distrito Federal que exhibieran el expediente que motivó el arresto de Badillo, durante 11 horas.

         "Hasta ahora –afirmó Pérez Mendoza— no se nos ha negado el acceso al expediente que nos abrió otra de las empresas del Grupo Zaragoza, Multigas, a pesar de que nuestro abogado, Horacio Gómez Mendieta, se ha trasladado al Juzgado 13 de Jalisco para conocerlo."

         El 5 de agosto del año pasado, ocurrió una irrupción policíaca similar, en la que participaron agentes de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), también de la SSP del Distrito Federal, por órdenes del mismo juzgado de Guadalajara y aplicada por el Juzgado 30 de lo Civil de esta ciudad.

         En esa ocasión, contó el abogado Gómez Mendieta en la entrevista publicada en el número 1682 de la revista Proceso, los abogados de Zaragoza López pretendían "ejecutar una pesquisa" en los libros contables de la empresa que publica Contralínea, Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, para detectar "supuestos pagos de empresas competidoras del Grupo Zeta que, según ellos, estarían financiando lo que consideran una campaña de desprestigio", medida que, según el abogado, es considerada ilegal por el Código Mercantil.

         Por ese caso, el abogado Gómez Mendieta consiguió el amparo de la justicia federal, al considerar que los jueces de Jalisco y del Distrito Federal incurrieron en "una violación de la garantía de audiencia del peticionario de amparo (Contralínea), toda vez que nunca fue notificado de manera previa de la tramitación de los medios preparatorios a juicio".

         Después de está última incursión, apuntó Ana Lilia Pérez, "nos queda claro que a pesar del escándalo que ya representa nuestro caso, a nivel nacional e internacional, Calderón sigue en lo mismo, y que va a seguir operando en contra nuestra a través de Jesús Zaragoza. No sabemos hasta dónde quiera llegar, porque lo que nos han dicho es que nunca nos va a perdonar haber publicado los contratos que firmó Juan Camilo".