Cautivos y hacinados mil 700 jornaleros inscritos en programa federal

Cautivos y hacinados mil 700 jornaleros inscritos en programa federal

VERóNICA ESPINOSA

GUANAJUATO, Gto. El gobierno estatal envió por los cerca de 300 guanajuatenses que, a través del programa Jornalero Agrícola del gobierno federal, fueron reclutados para trabajar en la pizca de la uva en un rancho de Hermosillo, Sonora, luego de la denuncia de encierro y vejaciones hecha por un grupo que logró escapar del lugar.

         Según testimonios de los campesinos, por lo menos mil 700 personas –incluyendo familias enteras originarias de Chiapas-- se encuentran cautivas en la propiedad, dedicados a la pizca de la uva, hacinados en cuartuchos, con mala alimentación y sin recibir el pago al que se comprometió la empresa Agropecuaria Las Mercedes, a través de ese programa auspiciado por la Secretaría del Trabajo (STPS).

         Por ello el gobierno de Guanajuato solicitó a la delegación del Trabajo en Sonora realizar una inspección de las condiciones laborales en el lugar, y también pidió la intervención del ombudsman de la norteña entidad.

         Sin embargo, tanto el gobernador Juan Manuel Oliva como el secretario de Gobierno Gerardo Mosqueda Martínez se deslindaron de responsabilidad en el caso.

"El programa tiene muchos años, décadas de existir, hay programas hacia el norte del país, también hacia Canadá… no es nuevo, pero lo que ha sucedido es muy lamentable, muy grave, hay una irritación del gobierno por el maltrato que sufrieron los guanajuatenses", señaló Mosqueda.

Agregó que después de una reunión con los jornaleros, éstos acudieron a las oficinas de la Secretaría del Trabajo para interponer una queja contra la empresa de viñedos de Sonora.

         El delegado del Trabajo, Marco Antonio Rodríguez, precisó que fueron 188 los trabajadores que fueron contratados para el rancho de viñedos en Hermosillo.

         "Es un tema donde no se les cumplieron determinadas condiciones de trabajo… este tipo de situaciones no se pueden permitir en México", advirtió el funcionario federal.

         Pero reconoció que la intervención de la STPS no podrá ser inmediata, puesto que "hay que cumplir con los trámites de ley".

         Sin profundizar en el tema, el gobernador sólo declaró brevemente que dio la instrucción de ir por los guanajuatenses que continúan en el rancho sonorense. "Haremos lo necesario para que regresen bien", ofreció.

         En tanto Mosqueda informó que representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico –dependencia que sirvió de enlace para la contratación de jornaleros--, así como de la propia Secretaría de Gobierno, de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la delegación del Trabajo viajaron al rancho sonorense para auxiliar a los guanajuatenses que aún permanecen allá y ofrecerles regresar con sus gastos cubiertos.

         "Vamos a tomar la responsabilidad que se les cubran todos los gastos que hayan hecho los trabajadores, sabemos que de manera indignante les cobraron su alimentación, tuvieron que pagar su retorno; todo eso les será reembolsado", aseguró Gerardo Mosqueda.

         Según el registro de la Secretaría de Desarrollo Económico, fueron unos 300 guanajuatenses –originarios principalmente de comunidades rurales de varios municipios-- los que se inscribieron en el programa.

         "Hay hombres y mujeres, y sabemos que hay niños que fueron acompañando a sus familiares. Los funcionarios fueron a ver en qué situación se encuentran y podrán regresar los que gusten".

         Según el funcionario, el programa será revisado en conjunto con la Secretaría del Trabajo. "Ya lo planteamos al delegado", dijo.

         Mientras tanto la diputada local Yulma Rocha –quien acompañó a los denunciantes en su reunión con el secretario de Gobierno-- informó que otorgará la asesoría legal necesaria para que los jornaleros presenten las denuncias ante las instancias que consideren pertinentes, incluso de tipo penal, pues podría configurarse el delito de trata de personas.

         La diputada priista se quejó de la mala atención que los campesinos recibieron cuando acudieron ante la Secretaría de Desarrollo Económico, donde no les ofrecieron apoyo –sino hasta que hicieron la denuncia en los medios--, así como en la Procuraduría de los Derechos Humanos, pues inicialmente no les recibieron la queja ni en la Subprocuraduría de Irapuato ni en la de Celaya.

         "Los funcionarios del gobierno estatal se justifican con que es un programa federal, pero eso no los exime de responsabilidad, debe haber una investigación seria de a dónde vamos a enviar a los guanajuatenses. Si una empresa viene y pide a mujeres de entre 15 y 30 años, no por eso las vas a reclutar, porque puede ser un trabajo muy distinto al que se puede ofrecer, tienes que investigar las condiciones laborales", señaló.

         "Tuvieron la información y no hicieron absolutamente nada. Cuando fueron a la oficina de Empleo, les ofrecieron una disculpa y les dijeron que era un castigo de Dios".