El gobierno de Mario Marín omitió ejercer 95 millones 368 mil 700 pesos para el combate alnarcomenudeo, profesionalización de policías y el mejoramiento de reclusorios durante 2006, revela la ASF. Mientras, el consumo de drogas en Puebla avanza 16 escaños en el ámbito nacional
El Fondo de Seguridad Pública (Foseg) de Puebla omitió ejercer 95 millones 368 mil 700 pesos del Ramo 33 –destinados al Fondo de Aportaciones para la Seguridad de los Estados y del Distrito Federal (FASP)– durante 2006, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006 señala que los recursos tenían por objetivo el combate al narcomenudeo, la profesionalización y equipamiento de personal de seguridad pública, la red nacional de telecomunicaciones, los sistemas nacionales de atención a llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089, y la construcción, mejoramiento o ampliación de centros de readaptación social (Ceresos).
Durante 2006, el gobierno de Mario Marín –llamado “góber precioso” por el empresario Kamel Nacif– recibió 191 millones 387 mil 900 pesos de la Federación, por concepto del FASP para realizar 167 acciones en materia de seguridad pública.
La cantidad representa el 3.8 por ciento de los 5 mil millones de pesos asignados a nivel nacional.
No obstante, a mayo de 2007 modificó 50 millones 13 mil 400 pesos que afectaron 131 acciones. No ejerció 88 millones 360 mil 900 pesos, pues de las 167 tareas a ejecutarse, 42 no se habían iniciado y otras 50 estaban en proceso. Además la Secretaría de Finanzas y Administración del estado transfirió el monto del FASP con retrasos de dos a 79 días durante los meses de enero a marzo de 2006.
De los recursos federales por 191 millones 387 mil 900 pesos, 80 millones 313 mil 900 pesos fueron otorgados a la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSPP); 78 millones 957 mil 400 pesos, al Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (CESP Puebla); 24 millones 414 mil 600 pesos, a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), y 7 millones 702 mil pesos, al Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Mientras la SSP y el CESP Puebla detentaron el 42 y el 41 por ciento del total de presupuesto aportado por la Federación, la PGJ y el TSJ sólo recibieron el 12 y el 4 por ciento.
El máximo órgano de fiscalización advierte que ,“no obstante que la actividad de cada una de las dependencias resulta importante en materia de seguridad pública, se le asignan menos recursos a la procuraduría, cuya actividad está dirigida a la persecución e investigación de delitos, y por su parte el tribunal resuelve la imposición o no de sanciones por la comisión de delitos y la secretaría ejecuta las penas privativas de libertad”.
Del análisis realizado por la ASF, para atender un punto de acuerdo presentado por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación el 7 de abril de 2007, el órgano recomendó al gobierno de Puebla que instruya a quien corresponda para tomar las acciones necesarias para mejorar la operación y ejercicio de los recursos del fondo.
Incumplimientos en combate al narcomenudeo
La revisión a la cuenta pública 2006 señala que no se observaron avances en los programas para evitar el delito por la vía de la prevención de adicciones, narcomenudeo y rehabilitación de adictos a drogas. En 2006, se destinaron 56 millones 846 mil pesos para combatir el narcomenudeo, eje estratégico aprobado el 30 de enero de 2006 por el Consejo Nacional de Seguridad Pública para fortalecer los programas y acciones relacionadas con la creación de las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN).
No obstante que la PGJ debe seleccionar un número determinado de policías judiciales, ministerios públicos y peritos para la colaboración técnica y operativa en la investigación y persecución delnarcomenudeo, “no se encontró evidencia de que exista un espacio físico que funcione como UMAN, donde se concentre el personal seleccionado por la procuraduría”.
La auditoría comprobó que no fueron puestas en operación y que el presupuesto atendió otros conceptos de seguridad pública.
La ASF advierte que ello “limita el fortalecimiento de las UMAN en el tratamiento de adictos, prevención, investigación y persecución del narcomenudeo”.
El máximo órgano de fiscalización emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y solicitó a la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Puebla que finque las responsabilidades que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos involucrados.
Además, respecto del sistema Justici@ –software de apoyo al sector justicia que fue adjudicado a la empresa Bufete de Tecnología y Soluciones Avanzadas por 8 millones 452 mil 500 pesos–, la ASF apunta que hasta la inspección física el programa estaba en proceso de operar.
Aclara que el narcomenudeo no existe en la legislación local o federal, sino como delito contra la salud, previsto en el artículo 194 del Código Penal Federal, por lo que las autoridades estatales se limitan a colaborar con la autoridad federal con acciones técnicas y operativas.
De acuerdo con la información de El Sol de Puebla, publicada el 6 de octubre, los resultados preliminares de la Encuesta nacional de adicciones 2008 apuntan que Puebla ocupa el décimo lugar en consumo de drogas.
En seis años, el estado subió 16 posiciones y mientras hay más mujeres consumidoras (una por cada tres hombres), la edad de los consumidores disminuye hasta los ocho años. De la población expuesta, el 43 por ciento está entre los 12 y 25 años, el 24 por ciento entre los 26 y 34 y el 22 tiene más de 35 años.
El 10 por ciento de los encuestados dijo consumir mariguana; el 7 por ciento, anfetaminas; el 6.7 por ciento, cocaína; el 5.4 por ciento, inhalantes; el 4.8 por ciento, alu cinógenos; el 4.5 por ciento, metanfetaminas y crack, y el 3.9 por ciento, heroína.
Por otro lado, según la Primera encuesta nacional sobre exclusión, intolerancia y violencia en las escuelas públicas de educación media superior del Instituto Nacional de Salud Pública, Puebla es el cuarto estado de la república donde alumnos de bachillerato consumen más drogas. El 12.2 por ciento de los jóvenes declaró haber experimentado con estupefacientes, mientras que el 4 por ciento confesó consumirlos con frecuencia, informó La Jornada de Oriente el 19 de septiembre de 2008.
Simulación en dotaciones
La ASF señala que la SSP entregó indebidamente dotaciones a elementos de seguridad pública por 27 millones 78 mil 600 pesos. En dotaciones complementarias a custodios de los Ceresos de Serdán, Tepexi de Rodríguez y Puebla, se entregaron 6 millones 472 mil 100 pesos.
La mecánica operativa del programa de dotaciones establece como requisitos que el beneficiario no hubiera dado positivo en el examen toxicológico, que la evaluación sicológica no haya resultado en recomendación de un examen más profundo o de apoyo sistemático, haber acreditado el curso de actualización de conocimientos y presentar el examen correspondiente.
Sin embargo, no se presentó evidencia que acreditara que se realizaron tanto las evaluaciones toxicológicas como las de conocimientos entre 2004 y 2006. El órgano señala que en 13 casos sí se sugirió una evaluación sicológica más profunda y en 263 que el apoyo fuera sistemático; indica que las dotaciones no fueron gravadas con el Impuesto sobre la Renta.
En relación con el pago de dotaciones complementarias para la policía estatal, preventiva municipal, la dirección de seguridad vial del estado y municipal por 25 millones 648 mil 400 pesos, el máximo órgano de fiscalización concluyó que se entregaron asignaciones por 19 millones 850 mil 500 pesos, sin que se cumplieran los requisitos para hacerlo.
Así se pagaron beneficios a 7 mil 345 policías reprobados en la evaluación de habilidades sicomotrices y a 62 policías reprobados en la prueba de conocimientos.
La ASF enuncia que no se presentó evidencia documental sobre la aplicación de exámenes a 3 mil 476 beneficiarios durante 2004 y 2005.
Para el ejercicio 2006, tampoco se comprobó que se hubieran realizado exámenes toxicológicos a 1 mil 925 casos ni a 901 policías evaluados sicológicamente.
Para 260 elementos favorecidos se sugirió un examen sicológico más profundo y en 470, apoyo sicológico sistemático.
Además se les pagaron 756 mil pesos de 1 millón 80 mil pesos en dotaciones complementarias a 3 mil 432 elementos, de los que no se presentó evidencia que acreditara su evaluación, que hubieran asistido a cursos especializados o que hubieran realizado actividades dentro de la UMAN.
Para todos los casos, la ASF emitió promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
Anomalías en obras
Puebla cuenta con 16 Ceresos distritales, cuatro estatales y tres regionales. La mejora de estos últimos depende del presupuesto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, también proveniente del Ramo 33. De la revisión de las acciones de los programas para la construcción, mejoramiento y ampliación de los Ceresos, la ASF detectó que existe sobrepoblación en dos de los centros estatales y las acciones ejecutadas solamente se dedicaron a la construcción de un edificio de dormitorios y el mejoramiento de una cocina en los Ceresos de la ciudad Puebla y de Tepexi de Rodríguez.
El órgano concluyó que no hubo un impacto en la sobrepoblación, de la que dice es una prioridad a atender.
Para la construcción, mejoramiento o ampliación de Ceresos, se estableció un presupuesto de 6 millones 11 mil pesos. En el Cereso de la ciudad de Puebla, la ASF verificó una compra indebida de una colchoneta por 95 millones 900 mil pesos, durante la edificación de dormitorios. Al respecto, el órgano fiscalizador determinó que se infringió la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el estado de Puebla, pues “no es procedente por ser un bien mueble”.
A obras en instalaciones para la seguridad pública se orientaron 11 millones 126 mil 600 pesos. Del análisis al expediente de la construcción de la base de operaciones Albino Zertuche, la ASF concluyó que se entregó de manera tardía un anticipo a la Constructora Sagadf y el inmueble no estaba disponible para iniciar los trabajos, por lo que se prorrogó su entrega.
Además, al realizar la inspección física, la ASF observó que se tenía un atraso de 84 días entre el plazo prorrogado y la visita realizada el 9 de julio de 2007, sin que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas estatal aplicara las penas convencionales por 111 mil pesos y amortizara un anticipo por 491 mil 200 pesos. También comprobó que existieron pagos en exceso por 89 mil 300 pesos.
El órgano emitió un pliego de observaciones, pues presume un probable daño al patrimonio de la hacienda pública federal por 715 mil 226 pesos, debido a la falta de sanciones, amortización y los intereses generados por pagos excesivos.
Respecto a la construcción de centros de operación y emergencia, no se realizaron obras en tiempo y forma por 45 millones 353 mil 800 pesos para los municipios de Ciudad Serdán, Tepexi de Rodríguez, Tepeaca, Huejotzingo y Libres.
La auditoría detectó retrasos hasta de 87 días, ampliaciones en plazos del 160 por ciento y falta de aplicación de multas por 2 millones 259 mil 900 pesos.
Observa que “existió una planeación inadecuada, al no ejecutarse la obra en los plazos establecidos por causas imputables a la dependencia (Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras)”. Por ello, emitió promociones de responsabilidad administrativa a los servidores que, por acto u omisión, celebraron indebidamente convenios de transacción para ampliar el plazo en la ejecución de los trabajos de la obra.
Descontrol en Foseg
“El control interno del Foseg –concluye la ASF– no proporciona una seguridad razonable en la eficiencia y eficacia de las operaciones del fondo”. Agrega que no existen mecanismos de control que garanticen que las operaciones del fondo se reconozcan conforme a los principios básicos de contabilidad gubernamental.
El órgano señala que no se identifica eje, anexo técnico, programa, proyecto, acción, información contable del fondo ni el importe y destino de los productos financieros. Ello debido a que “los mecanismos de control contable y de registro son insuficientes y no existe vinculación en la información financiera y presupuestal entre las diferentes áreas del Foseg”.
Detectó también opacidad en los reportes presupuestarios, toda vez que no detallan aspectos importantes para la mejor toma de decisiones. Aunado a ello, la revisión a los estados financieros de Nacional Financiera, fiduciaria del Foseg, arrojó que, en las inversiones del FASP, no se distinguen los recursos ejercidos ni los saldos por ejercicio fiscal. No se cuenta, además, con auxiliares contables de movimientos de ingresos y manejo de las inversiones, lo que ocasionó inconsistencias en los estados financieros.
Al 31 de mayo de 2007, el Foseg había ejercido 197 millones 622 mil 400 pesos. Se aprobó la contratación de un despacho que realizara una auditoría externa al fideicomiso del fondo con cargo al mismo; no obstante, el Comité Técnico no giró instrucciones para que se elaborara dicha revisión.
Contralínea solicitó entrevista con el general Mario Ayón Rodríguez, secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, a través del área de comunicación de la dependencia, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario