Narcotráfico: la disputa por el país

La lucha por el control de territorios –para producción, importación, venta y trasiego de droga– lleva a los cárteles mexicanos a fusionarse en dos grandes grupos. Las cruentas batallas “justificarían” la militarización del país, a pesar de que el crimen organizado sólo puede existir con la complicidad del gobierno, explican investigadores

El mapa de la droga en México estaría en movimiento: los narcotraficantes se habrían aliado en dos grandes grupos. En la clandestinidad y con la cooperación de autoridades de los tres niveles de gobierno se habrían declarado la guerra en busca del control total del negocio.

Mapa del narco

Mapa militares

Los rivales estarían armados con alta tecnología proveniente de Estados Unidos, pues en ese mercado, considerado el mayor consumidor de drogas en el mundo, hay dos formas de pago: dinero en efectivo y armas de alto poder, que traspasan con relativa facilidad la frontera más vigilada del planeta, dicen fuentes cercanas a las organizaciones criminales.

Los informantes –que solicitan el anonimato por temor a represalias– aseguran que las alianzas se derivan de la lucha por el control de la producción, importación, venta y tráfico de drogas.

Las agrupaciones estarían lideradas, respectivamente, por el cártel del Golfo y por el de Sinaloa. En ese esquema, 19 zonas ubicadas en igual número de estados de la república tendrían su grupo predominante.

Al tiempo, las llamadas “plazas” de las 13 entidades restantes –Chihuahua, Baja California, Michoacán, Nuevo León, Durango, Coahuila, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo y Colima– estarían en disputa, detallan los testimonios recabados por Contralínea.

Los saldos de esas cruentas batallas: la militarización del país –justificada con el pretexto de proteger la seguridad nacional y la seguridad pública– y más de 10 mil civiles asesinados. Aunque aún no se esclarecen, más de 7 mil son señalados por las autoridades como “bajas” del crimen organizado, y más de 2 mil que por “accidente” fallecieron en balaceras o secuestros.

Distribución territorial

El grupo que supuestamente encabeza el cártel del Golfo reuniría a la gente de Osiel Cárdenas Guillén, de Vicente Carrillo Fuentes; de Heriberto Lazcano Lazcano, el Lazca; de los hermanos Beltrán Leyva; de Jorge Eduardo Costilla Sánchez, alias el Coss, y de Los Zetas.

Éste tendría presencia dominante en casi la totalidad del sur, en parte del centro y del norte de México. Su liderazgo se habría establecido en las regiones más importantes de 15 estados: Sonora, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Morelos, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Los informantes detallan que el “éxito” del cártel del Golfo consiste en la extrema violencia que ejerce a través de Los Zetas, su brazo armado que opera con cierta autonomía.

Las fuentes cuentan que cada sicario recibe un “salario” semanal de 500 dólares, tan sólo por los servicios de protección de territorios. Aun así, Los Zetas habrían diversificado sus actividades criminales de manera independiente: secuestros y extorsiones o cobro de “impuestos” por protección a empresarios en las zonas que dominan.

Del círculo que dirige al grupo, describen que Costilla Sánchez es el más cercano a Osiel Cárdenas, extraditado en 2007 a Estados Unidos. De acuerdo con información difundida en junio de 2006 por la embajada de ese país en México, el Coss es “extremadamente peligroso”.

Además de traficar cocaína y marihuana hacia el país vecino, es considerado responsable de 12 homicidios relacionados con el narcotráfico y de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hace tres años, el gobierno estadunidense ofreció una recompensa de 5 millones de dólares a quien diera información que posibilitara su captura.

Localización del cártel Sinaloa

La alianza que comandaría el cártel de Sinaloa agruparía a la gente de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo; de Ismael Zambada García, el Mayo; de Juan José Esparragoza Moreno, el Azul; de Armando Olivares Cervantes; de Francisco Fernández, el Kiki; de la célula de Jaramillo; de los hermanos Amezcua; de los Valencia. Este grupo tendría presencia dominante en las “plazas” de cuatro entidades federativas: Sinaloa, Distrito Federal, Jalisco y Baja California Sur.

Al frente, dicen los informantes, no estaría Guzmán Loera sino Olivares Cervantes (esposo de Dolores Camarena, exseñorita Chihuahua, procesada en Estados Unidos en 1987 por supuesto lavado de dinero). Éste es el más “exitoso” y rico de todos los narcotraficantes mexicanos, aseguran.

No obstante, el Chapo formaría parte de la elite que toma las decisiones. Respecto del papel que el Azul juega en esta agrupación, explican que sus operaciones se dan con base en el respeto y en los favores, los cuales se cobran con droga y dinero.

El doctor Luis Astorga, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en el estudio del narcotráfico, considera poco probable la fusión de diversas organizaciones en dos grandes grupos, como lo afirman las fuentes consultadas.

Las organizaciones criminales sólo buscan hacer negocios, asegura. Acerca de los actuales enfrentamientos, coincide en que se trata de la disputa por el control de territorios.

Astorga explica que la mayoría de los insumos para fabricar las drogas que se trafican en México –marihuana; amapola para la elaboración de heroína y goma de opio; cocaína; y seudoefedrina para fabricar metanfetaminas– no se producen aquí, se importan, y entran por mar, tierra y aire. Por supuesto, dice, a las organizaciones les interesa controlar esas rutas de acceso y tránsito.

El investigador critica que a las organizaciones delincuenciales se les llamen cárteles, pues carecen de estructura piramidal: en México se cree que hasta los narcomenudistas forman parte de las organizaciones, como si éstas fueran un poder hegemónico y no lo son.

Territorios en disputa

Los informantes aseguran que a los territorios en disputa los caracteriza la presencia de una o más bandas pertenecientes a los dos grupos de narcotraficantes.

Por ejemplo, en el caso de Baja California, el grupo que comanda el cártel del Golfo dominaría la ciudad de Tecate; el que lidera el cártel de Sinaloa, Mexicali; pero ambos tendrían presencia en Tijuana.

Lo mismo sucedería en la capital de Chihuahua, aunque Ciudad Juárez estaría controlada por el grupo de la organización de Sinaloa. Monterrey es otra zona en la que rivalizan, pues ambos tienen células enquistadas allí. Igual ocurriría en el caso de Morelia y en la zona que colinda con el Océano Pacífico, en Michoacán. Mientras que en el caso de Coahuila, el grupo del cártel del Golfo ya tendría control de Torreón, aseguran las fuentes consultadas.

Redes de protección

En su Segundo informe de labores, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) indica que la expansión del narcotráfico “obedece a la conformación de poderosas organizaciones, con gran capacidad operativa, logística y financiera”.

La institución que dirige el general Guillermo Galván califica a éste como un fenómeno delictivo y socioeconómico de enorme complejidad y como la mayor amenaza a la seguridad nacional. También admite que este delito requiere del control de territorios.

En su informe, rendido en septiembre de 2008, la Sedena identifica a la zona del pacífico como la región dedicada a la siembra de enervantes y a las fronteras sur y norte como las áreas destinadas al trasiego.

Señala que “los cárteles han construido una base social amplia, expresada en redes de protección, consumidores, productores, distribuidores, operadores, sicarios y lavadores de dinero”.

Luis Astorga explica que, históricamente, la mayor red de protección que han tenido los narcotraficantes en México es la que se da desde el gobierno. El tráfico de drogas tuvo sus orígenes con el gobernador Estaban Cantú, a inicios del siglo XX; para la década de 1970, con la policía política –Dirección Federal de Seguridad– “era muy difícil para los traficantes jugar con otras reglas que no fueran las que imponía el gobierno”. Actualmente, reflexiona, los pactos se dan con las diferentes fuerzas políticas y en los tres niveles de gobierno.

Acerca de esas redes de protección, los informantes aseguran que se habría corrompido no sólo a las autoridades civiles, sino a la estructura operativa de la Sedena. Mientras un soldado raso gana aproximadamente 800 pesos a la semana, un sicario obtiene más de 500 dólares (alrededor de 6 mil 500 pesos), dicen.

Los casos de corrupción en el Ejército a favor de la delincuencia organizada son aislados, afirma el general en retiro y diputado del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Badillo.

El también exjefe de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional indica que la Sedena tiene control suficiente para detectar a los militares cooptados por la mafia.

No obstante, Jorge Luis Sierra, especialista en seguridad nacional, opina que la lucha contra el narcotráfico es en sí misma un factor de riesgo: “Todas aquellas personas o instituciones que estén involucradas en la lucha contra el narcotráfico van a estar expuestas a la violencia y al ingreso de corrupción originados por éste”.

Explica que se trata de dos presiones que trabajan al mismo tiempo sobre los cuerpos policiales, militares y de inteligencia, que luchan contra el narcotráfico.

Generación del dinero

La guerra que se habrían declarado los dos grupos de narcotraficantes derivaría de la “necesidad” del mercado mexicano, dicen las fuentes consultadas por Contralínea: la mayor rentabilidad se localizaría en la venta de droga a las llamadas “tienditas”, y no en el trasiego a Estados Unidos.

Un kilo de cocaína en Panamá, ejemplifican, cuesta alrededor de 4 mil dólares; la subida al avión tiene un precio de 1 mil dólares y la bajada, 1 mil 500 dólares. Tan sólo en México, los narcomenudistas llegan a vender 120 kilos al mes, aseguran. Al tiempo, acotan que el principal proveedor de drogas sigue siendo Colombia.

De acuerdo con los datos preeliminares de la Encuesta nacional de adicciones 2008, entre 2002 y el año pasado el número de adictos a las drogas ilegales creció 50 por ciento en el país; la cifra de personas que alguna vez en su vida han consumido una droga ilegal aumentó 30 por ciento, y el grupo de mujeres de entre 12 y 25 años de edad dependientes de la cocaína y las drogas de diseño subió, en el mismo periodo, seis veces.

Los resultados preeliminares de la encuesta –elaborada por la Secretaría de Salud– estiman que el total de adictos asciende a 500 mil mexicanos, de los cuales sólo el 16 por ciento ha acudido o acude a tratamiento de rehabilitación.

Entre los datos más relevantes se encuentra el de jóvenes de entre 12 y 25 años de edad expuestos a las drogas: 43 por ciento. De este total, 21 por ciento las prueba de manera experimental, 13 por ciento las consume frecuentemente, y 2 por ciento de hombres y 1.2 por ciento de las mujeres padecen dependencia.

Jorge Luis Sierra explica que en la estrategia del gobierno de Felipe Calderón hay dos aspectos del narcotráfico que no se están atacando: el problema de salud pública y el del enriquecimiento ilícito de los criminales.

Respecto del primero, dice que está basado en la adicción a las drogas: en el mayor número de personas posibles con el mayor consumo posible, lo que hace que esto se convierta en un problema de salud pública importante.

El segundo aspecto, señala, es el económico: “Esa industria de producción, transportación y venta de drogas genera un producto económico que tiene ganancias extraordinariamente altas. Esas ganancias son ilegales y van a caer en grupos que operan de manera clandestina, al margen de la ley, que necesitan la connivencia o complicidad de las autoridades civiles, policiales y militares del país”.

El estudio México: reporte de evaluación detallada sobre lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo, que el Fondo Monetario Internacional publicó el 15 de junio pasado, indica que en este país se realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita por 25 mil millones de dólares al año.

“Estos dos factores fundamentales, el de salud pública y el de enriquecimiento ilícito, son precisamente los que no están siendo atacados en esta estrategia actual contra el narcotráfico. Lo que el gobierno ha elegido es utilizar la mayor parte de sus recursos en un despliegue de fuerza militar, que está reemplazando a una fuerza policial contaminada e incapaz, hasta el momento, de combatir al narcotráfico”.

Agrega que esa estrategia “está logrando una reducción de niveles mínimos en el proceso general del narcotráfico. Esa aplicación de la fuerza militar no es útil para combatir el enriquecimiento ilícito y los procesos y mecanismos derivados del dinero. Tampoco lo es para combatir el problema de salud pública que tenemos enfrente. Las dos partes están siendo completamente descuidadas”.

El también especialista en fuerzas armadas, egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington, indica que, de no combatirse, el problema de salud pública va a seguir, los consumidores de droga van a ser cada vez más jóvenes y el consumo se va a extender a capas más amplias de las sociedad.

“Por el lado financiero, el narcotráfico va a seguir teniendo su capacidad financiera casi intacta y la va a seguir utilizando para corromper funcionarios. Esas dos condiciones le van a permitir seguir teniendo éxito en el transporte de su mercancía. Entonces, no va a haber victoria para el gobierno mexicano.”

[RECUADRO 1]

Los datos de la Sedena

Respecto de las alianzas y de la presencia territorial de las organizaciones de narcotraficantes, los datos proporcionados por las fuentes confidenciales difieren de la información generada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En su Segundo informe de labores indica, por ejemplo, que los hermanos Héctor, Marcos Arturo, Mario y Carlos Beltrán Leyva “formaban parte importante en la estructura de la organización del narcotraficante Guzmán Loera” (sic).

El documento de 171 páginas detalla que éstos tenían como funciones: dirigir las operaciones de transporte de drogas, lavado de dinero y cooptación de funcionarios públicos –en los estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco y Nayarit– a favor de la organización del Chapo.

Cita que esta organización controlaba los grupos de sicarios conocidos como Los Pelones, cuya zona de influencia se localiza en Guerrero, y Los Güeros, quienes operan en Sonora. No obstante, las fuentes confidenciales afirman que la gente de los Beltrán Leyva trabaja en sociedad con el cártel del Golfo.

Aunque en la respuesta a la solicitud de información 0000700070908, hecha por Contralínea, la Sedena se declara incompetente para conocer las zonas de influencia de las organizaciones traficantes de drogas, en su informe revela que sí cuenta con trabajo de inteligencia al respecto.

La secretaría “en coadyuvancia con la Procuraduría General de la República y en cumplimiento a las directivas del Ejecutivo federal de aplicar la fuerza del Estado, en el marco de la ley, para recuperar los espacios que han sido secuestrados por la delincuencia organizada, ha procurado, mediante diversas acciones, la desarticulación de las organizaciones de narcotraficantes que operan en nuestro país.

“Mediante las denuncias ciudadanas y el análisis de información de las organizaciones de narcotraficantes, durante el periodo del 1 de septiembre de 2007 al 31 de agosto de 2008 se ha logrado la captura de un capo, 12 lugartenientes y un extranjero”, indica.

Refiere tres organizaciones: la de “Cárdenas Guillén”, la de “Carrillo Fuentes”, y la de “Guzmán Loera”.

Del informe se desprende que la organización de Cárdenas Guillén (cártel del Golfo) tendría presencia en los estados de Tamaulipas, Michoacán, Colima, Sinaloa, Oaxaca y Veracruz. Sus lugartenientes realizarían actividades de recepción, trasiego, venta de droga, así como de “cooptación de autoridades de los tres niveles de gobierno” y “cooptación de personal militar”.

La organización de Guzmán Loera se habría asentado en Sinaloa, Sonora, Durango, Jalisco, Nayarit, Guerrero, Baja California Sur y Chihuahua. En este último estado también habría presencia de la organización de Carrillo Fuentes. (NF)

Información de PGR, “vigente” desde 2007

La Procuraduría General de la República (PGR) admite no haber actualizado –desde 2007– la información relacionada con las zonas de influencia de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, en su respuesta a la solicitud de información 0001700084608 y al posterior recurso de revisión 2595/08, interpuesto por Contralínea ante el Instituto Federal de Acceso a la Información.

Para la principal institución encargada de combatir este delito, son vigentes los datos que apuntan la presencia de siete bandas del narcotráfico en el país:

No obstante, el “Acuerdo específico del procurador general de la República, por el que se ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen información relevante y útil, que auxilie eficientemente para la localización y detención de las personas que en el mismo se indican” revela que el mapa del narcotráfico con el que trabaja esa dependencia sí ha sufrido modificaciones.

Dicho acuerdo –publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 2009– descubre que, en la actualidad, la lucha contra el narcotráfico se centra en las siguientes organizaciones: “cártel del Golfo-Zetas, cártel del Pacífico, cártel Beltrán Leyva, cártel de los Carrillo Fuentes, cártel de la Familia y cártel de los Arellano Félix”. (NF)

“La prensa calienta las plazas”

Los asesinatos de periodistas en México, ligados al narcotráfico, podrían deberse a que las organizaciones criminales sintieron amenazadas sus actividades por la información difundida en los medios de comunicación.

Los testimonios recabados señalan que las amenazas y los homicidios se dan porque “la prensa calienta la plaza”. Con o sin dinero de por medio, el reportero o el medio informativo se prestan –a través de las informaciones que publican– a “favorecer” o “dañar” a los narcotraficantes. (NF)