Felipe el breve
A Felipe Calderón se le conoce por su mecha corta, es decir, por el breve tiempo que requiere para encenderse o enojarse. De igual forma se le reconoce estrechez de ideas, pequeñez política y fragilidad en compromisos y lealtades. He ahí el título de este texto, que no pretende hacer alusión a la baja estatura física del panista ni a la fugacidad o colapso de su mandato, pero sí a la cortedad de miras y acaso a la minucia de la propuesta gubernamental para enfrentar el caos en que actualmente se encuentra el país.
México registra índices alarmantes en materia de desempleo, en incremento de la pobreza, en concentración del ingreso y en muchos rubros más que, en conjunto, hacen de nuestro país el de peor desempeño económico en América Latina. Pero el gobierno panista no asume ninguna responsabilidad por el desbarajuste. Todo lo atribuye a factores externos. Y para remediar la situación sólo se le ocurre privilegiar aún más a los privilegiados, y oprimir todavía más a los oprimidos.
Para justificar el despido de más de 45 mil empleados de Luz y Fuerza del Centro, el autodenominado “presidente del empleo” y sus allegados, han dicho que, en realidad, lo que intentan hacer con esta medida es precisamente ¡crear más empleos¡ ¿Y cómo?, se preguntará cualquier persona con una mínima noción de lógica. Pues Calderón sostiene que los sueldos y prestaciones de los trabajadores propiciaron la quiebra a la compañía, que además ofrecía un mal servicio, lo cual derivó en que dejaran de generarse más de cien mil empleos en la zona metropolitana del Valle de México.
Así, en esta concepción kafkiana de la realidad, el despido de 45 mil “abusivos e incompetentes” y el cierre de LyFC, hará que inversionistas privados corran a instalar sus empresas en el área, ante la promesa gubernamental de que todo será diferente a partir del decreto de extinción. De hecho, empresarios como los panistas Fernando Canales y Ernesto Martens, curiosamente ex secretarios de Energía, ya están más que apuntados –como socios de empresas trasnacionales-- para quedarse con las redes eléctricas y la fibra óptica de la compañía, lo cual representa un negocio de miles de millones de dólares que irían a parar a manos privadas y no a las arcas públicas.
En materia impositiva, la lógica es la misma. Felipe Calderón plantea nuevos impuestos y el incremento de varios ya existentes, bajo el ardid del “combate a la pobreza”. Su propuesta ha enfrentado el rechazo de la oposición de izquierda, de organizaciones obreras y campesinas, de grupos empresariales no mimados y de especialistas nacionales y extranjeros, entre ellos un premio Nobel de Economía. En contraparte, el gobierno no pretende modificar o suprimir los regímenes especiales de tributación, con los cuales los grandes empresarios del país evaden legalmente el pago de impuestos.
Fue muy importante, por ello, el punto de acuerdo propuesto la semana pasada por la diputada Laura Itzel Castillo, que recibió el voto unánime a favor de todas las fracciones parlamentarias, incluida la inicialmente reticente bancada de Acción Nacional, en el sentido de que Hacienda informara al Congreso el monto de los impuestos que dejaron de pagar los grandes contribuyentes en el ejercicio fiscal anterior.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) respondió rápido: los 400 grandes grupos empresariales que operan en el país, acumularon ingresos por 4 billones 960 mil pesos en 2008, pero gracias al régimen de consolidación fiscal, sólo pagaron al fisco 1.7% de sus ingresos, es decir, 85 mil millones de pesos, cuando debieron entregar, por lo menos, 850 mil millones.
El huésped de Los Pinos es una especie de Robin Hood al revés: roba a los pobres para enriquecer más a los ricos. Por eso merece, con creces, el sobrenombre de Felipe El Breve.
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