UNAM: recorte y embate federal

El reporte de investigación El financiamiento a la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿por qué reduce el gobierno el financiamiento?, del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que la política impuesta por el Estado respecto de la máxima casa de estudios resulta en el deterioro de su presupuesto en términos reales.

La disminución es del 9 por ciento. En contraste, en el mismo periodo, las prestaciones de altos burócratas de la administración pública federal aumentan 12 por ciento. “Es claro –observa el CAM– que lo más importante para la clase política es su salario y no la educación superior. Pareciera que la crisis sólo a ellos les perjudica. Por ello, sin decoro ni preocupación alguna, se aumentan las prestaciones”.

El estudio, de reciente publicación, advierte que los recortes presupuestales en universidades públicas se traducen en disminución de salarios, recorte de personal, limitación de la matrícula de estudiantes y elevación de cuotas y colegiaturas. Ello provoca conflictos internos, pues se amenaza el carácter público y gratuito de la educación.

Actualmente “el gobierno mexicano ha descuidado deliberadamente las condiciones financieras de las universidades públicas”. El subsidio a la UNAM se mantiene en niveles sumamente bajos. En 2008, su monto nominal fue mayor sólo en 57 por ciento al presupuesto de 1981, en tanto que el destinado a educación creció un 218 por ciento nominal.

La investigación, elaborada por David A Lozano Tovar, Román Alcaraz, Mariana Juárez Martínez, Luis Lozano Arredondo, Guadalupe Zavala, Jaime Vásquez y Neftalí Miranda, apunta que el debilitamiento del subsidio federal es la principal causa del deterioro de las condiciones laborales y de la fuga de académicos e investigadores de alto nivel a otras instituciones. También, del rechazo de estudiantes y la lenta recuperación del nivel académico y científico.

“Sólo se podrán obtener resultados satisfactorios –observa–, restableciendo la capacidad financiera de la educación superior, en lugar de privilegiar una política económica que desfalca al país.”

Para ejemplificar el desfalco que sufrirá la UNAM, el CAM compara los subsidios que recibirá la universidad con las percepciones de la alta burocracia del gobierno federal: el Presupuesto de Egresos de la Federación prevé que de 2009 a 2010 el subsidio a la UNAM pasará de 21 mil 360 millones 299 mil 980 pesos a 23 mil 108 millones 932 mil 149 pesos.

En cambio, las prestaciones a funcionarios federales de alto nivel crecerán de 694 millones 548 mil a 715 millones 755 mil 50 pesos. El costo de la nómina total se incrementa un 9.2 por ciento para sumar 202 millones 600 mil 425 pesos, es decir, aumentan 938 plazas: “Más funcionarios de alto nivel a cambio de menos presupuesto a la educación superior”.

El subsidio federal a la UNAM representa en 2009 el 89 por ciento de sus ingresos presupuestales. Para el ciclo escolar 2009-2010 se previó un recorte presupuestal de 7 mil millones de pesos. De ese monto, 800 millones pertenecen a la educación superior. La máxima casa de estudios sufre así un recorte del 1 por ciento del presupuesto (200 millones de pesos), una cuarta parte del total.

De 1981 a 2008, el financiamiento nominal se incrementó apenas en 56 por ciento. Ello tiene efectos en el aumento del costo real por alumno. Los recursos de la UNAM en este rubro pasaron de 16 mil 923 pesos en 1988 a 35 mil 575 pesos en 2009. El gasto aumentó un 226.31 por ciento.

“Para la universidad representan un costo mayor que el de hace 20 años. El costo por alumno en todos los niveles educativos ha tenido un aumento, aunque diferente según el nivel de enseñanza”. También en el salario del personal académico de carrera (profesores, investigadores, técnicos y ayudantes), que se redujo en un 17.47 por ciento en ese mismo periodo. Para el personal contratado por hora-clase tuvo un incremento apenas del 0.92 por ciento y para el personal de base, una disminución del 9.68 por ciento.

Desdén histórico

Describe que frente a la peor crisis económica mundial desde 1929, el presupuesto para educación ha sufrido graves ajustes: “La educación superior no ha sido ajena a los efectos de la política neoliberal. Su financiamiento ha estado dirigido durante años por los intereses de la clase política mexicana, a la que sólo le ha interesado la readecuación de la educación a las actuales necesidades de competitividad y desarrollo del aparato productivo”.

El estudio refiere que durante la toma de protesta del director del Instituto Politécnico Nacional, el presidente Felipe Calderón aseguró que el México “ganador” requiere que sus institutos y universidades se vinculen más estrechamente con el sector productivo: “Demanda incorporar al mayor número de jóvenes a una educación superior de calidad; exige un sólido capital humano capaz de aportar soluciones a los problemas nacionales”.

Explica que desde la instauración del modelo neoliberal, el gobierno federal se ha esforzado por inducir el crecimiento de la matrícula en educación superior sólo en áreas que corresponden a las necesidades que exige el mercado laboral.

Privilegia la educación tecnológica y rápida por encima de una educación integral con pensamiento crítico. Es así que el gasto público en la primera ha crecido mucho más que el gasto público para educación universitaria. “Ello ha permitido –reflexionan los investigadores– que el sector privado gane mercado y sustituya al Estado en la formación de jóvenes universitarios”.

La investigación anota que para competir con las instituciones privadas, algunas universidades públicas asumen su ideología mercantil, “olvidando que su misión no es formar mano de obra para el mercado laboral, sino jóvenes capaces de analizar los múltiples problemas de este país, proponer soluciones y ser críticos. Los estudiantes universitarios deben representar y velar por las urgentes necesidades de la sociedad mexicana”.

Influidas por las recomendaciones del Banco Mundial, las políticas educativas dejaron de lado la formación educativa integral y mantienen la propuesta de privatizar de manera paulatina la educación superior, “con el pretexto de que la educación básica debe ser financiada públicamente por su gran impacto en la economía mediante la productividad y la distribución del ingreso, mientras que en la educación superior los beneficios son individuales”. Por ello, el financiamiento público a la educación superior ha disminuido en comparación con el de la educación básica.

El Centro de Análisis Multidisciplinario explica que desde 1980 los dos mecanismos para impulsar la distribución del ingreso nacional han sido: la caída salarial y la reducción del gasto público social, en especial, el destinado a la educación superior. Además, de 1981 a 1988 el gasto social se redujo notablemente con el único objetivo de liberar recursos financieros que permitieran hacer frente a la deuda pública.

Ejemplifica que en 1988 por cada peso que el gobierno mexicano pagó por intereses, sólo destinó 14 centavos a la educación, de los que uno fue para la UNAM. Ese año el subsidio federal para la máxima casa de estudios fue inferior al pago de cuatro días de intereses de la deuda pública. El estudio calcula que hubiera bastado no pagarlos durante siete semanas para duplicar el gasto total en educación. El incremento era necesario, pues este presupuesto se había reducido dos quintas partes en comparación a su nivel de 1981.

Estima que con lo destinado a la deuda del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (34 mil 587 millones de pesos sólo para este año), esos recursos servirían para pagar el subsidio de la UNAM durante al menos 70 años, o para mantener un financiamiento de la educación superior equivalente al 3 por ciento del Producto Interno Bruto de 2008 durante seis años.

Pobreza estudiantil en la UNAM

En 2008, el 51 por ciento de los habitantes del país vivía en condiciones de pobreza y casi la quinta parte en pobreza extrema. El CAM de la Facultad de Economía expone que debido a la precaria situación del ingreso familiar y el insuficiente apoyo económico que la universidad otorga a los estudiantes mediante becas, un número considerable se ve obligado a trabajar o abandonar sus estudios. Y es que al primer trimestre de 2009 el 51 por ciento de la población económicamente activa tenía un ingreso de dos salarios mínimos, es decir, que 22 millones 500 mil personas no pueden satisfacer sus necesidades básicas. El estudio se cuestiona: “¿cuántas de esas familias pueden tener hijos estudiando en la educación superior?”

En 2008 la población estudiantil de la UNAM sumó 285 mil 56 alumnos y para 2009 aumentó hasta 305 mil 97. De acuerdo con el Portal de Estadística Universitaria de la UNAM, en 2008 el 31.94 por ciento de la población estudiantil tenían un trabajo retribuido y el 6.64 por ciento era el principal sostén económico de su familia. El 41 por ciento del alumnado no tiene computadora y el 41.19 por ciento de las familias de los alumnos estaban integradas por cuatro o más miembros.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 2005 sólo el 11 por ciento de los estudiantes en universidades públicas de México recibían algún tipo de beca. Para 2008, solamente se apoyó al 7 por ciento de los estudiantes.

Contrariamente, el Programa Sectorial SEP 2007-2012 propone impulsar la diversificación de las fuentes de financiamiento de las instituciones públicas con el fin de complementar la inversión pública en todos los subsistemas de educación superior, sin descuidar la naturaleza académica y de bien público de éstas.

La investigación enuncia que en los altos círculos de la administración pública se estima que si la UNAM no estuviera subsidiada y tuviera que ser financiada con colegiaturas, los estudiantes tendrían que pagar 71 mil 97 pesos anuales (35 mil 548 por semestre).

“Pensar en ello –subraya el reporte–, y en momentos como hoy en que las familias del país sufren pérdidas del 80 por ciento de sus ingresos, es una aberración. Este tipo de afirmaciones es un claro intento de negar el papel nacional de la educación superior en el desarrollo social y científico del país”.

Aunque el gobierno federal lo pretenda de otra manera, sugiere el estudio, el establecimiento de cuotas a los alumnos no podría jugar un papel significativo. Analiza que si en México se establecieran contribuciones del 3 por ciento, como en Australia y Francia, no tendrían prácticamente ninguna importancia; “sí, en cambio, mucha para las familias de los estudiantes, dado sus muy precarias condiciones de vida”.

El nivel de ingreso familiar del 54 por ciento de los estudiantes en 2008 era de cuatro salarios mínimos o menos. El nivel de ingreso familiar del 39.6 por ciento de los estudiantes en 2008 iba de dos a menos de cuatro salarios mínimos (entre 3 mil 156 y 6 mil 312 pesos, 157 pesos con 80 centavos diarios).

Contrastado con la canasta alimenticia recomendable, que al 1 de septiembre de 2009 tenía un precio de 148 pesos y 50 centavos, apenas podrían adquirir los requerimientos básicos de alimentación. Las familias tenían así únicamente 9 pesos con 30 centavos, el 5.9 por ciento del total de su ingreso, para satisfacer otro requerimiento a la dieta diaria: “Sobreviven con lo mínimo y su ingreso no es suficiente para los gastos producto de la educación como libros, materiales didácticos, gastos en transporte, salud y vestido”.

Por ello –deduce El financiamiento a la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿por qué reduce el gobierno el financiamiento?–, no sería posible para la mayoría de los estudiantes cubrir las cuotas de la UNAM: “De realizarse, significaría para un gran número de familias privarse de satisfactores esenciales, aumentaría la alta deserción de alumnos y las probabilidades de acceder a la educación media y superior para miles de jóvenes serían nulas, incrementando así la pobreza en el ámbito educativo”.

Sólo el 5.57 por ciento de los estudiantes de licenciatura que ingresaron por pase reglamentado en el ciclo escolar 2008-2009 y que tienen ingresos familiares mayores a 10 salarios mínimos utiliza el sistema de pagos voluntarios.