Migración tóxica

Caso de jornaleros agrícolas de Guerrero ante la CIDH hoy

México D.F., 5 de noviembre de 2009 (Cencos).- En las montañas del estado de Guerrero, la gente recuerda cómo la tierra fue una vez laminado de espesor, con árboles y el maíz creció grande y alto, junto con el calabacín y la fruta. Pero eso fue antes de que la tala para leña disminuyera la lluvia y el río comenzara a secarse durante la temporada seca. Fue también antes de que el uso de fertilizantes dejara el terreno en gran medida estéril. Lo que antes era una forma de subsistencia de los campesinos indígenas de la región, ahora ni siquiera lo es. Ganar dinero para comprar los elementos básicos -- maíz, chile, sal, jabón -- significa dejar las montañas.

Así que cada año miles de personas de esta –una de las regiones más pobre de México, según la Secretaría de Desarrollo Social—viajan a otros estados a trabajar la tierra que produce tomates, pimientos y pepinos. Con muchos de sus hijos recogiendo junto a ellos, recogen estos cultivos seis o siete días a la semana, durante cuatro a seis meses, ganando un salario entre $ 65 y $ 140 pesos al día. Un día de salario depende de cuánto se extrae de la tierra. El trabajo de flexión y el desplume de hasta 12 horas al día tiene lugar en los campos empapados en los plaguicidas. En los primeros días de la fumigación, las filas de las frutas y verduras son más tóxicos. La única protección de las familias, es la ropa que llevan.

Gran parte de lo que los jornaleros cosechan se envía para su venta en los supermercados en los Estados Unidos (EU) y Canadá. Al final de la temporada de recolección regresan a las montañas del sur, con la esperanza de tener ahorrado lo suficiente para vivir durante el resto del año, hasta que es tiempo de volver a salir. Se repite el ciclo de explotación afuera, y las condiciones de pobreza en casa.

Hoy en Washington, DC, EU, las condiciones laborales y de vida de la mano de obra de trabajadores intermigrantes de México serán presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C., organización civil defensora de derechos humanos que trabaja con jornaleros migrantes de Guerrero, espera que su audiencia con la CIDH se traducirá en mayores garantías, protección y la aplicación sistemática de los derechos de los jornaleros agrícolas de la zona de la montaña de Guerrero, y una mejor manera de vida para los 3.1 millones de jornaleros agrícolas en México que viajan desde sus regiones de origen para ir a trabajar en otra parte del país.

“Hay una ausencia muy visible por parte del Estado”, dice Isabel Margarita Nemecio, coordinadora del Área de Migrantes para Tlachinollan, quien presentará el panorama hoy junto con dos colegas de Tlachinollan y la Fundación para el Debido Proceso Legal. Las leyes que protegen estos derechos existen, dice Nemecio, pero: “Es cuestión más bien de aplicarlas. Hay que buscar como rearticularlas.”

La historia

La difícil situación de los jornaleros intramigrantes comienza con los motivos que los obligan a abandonar su región de origen, en donde les hacen falta tanto ganarse la vida como acceso a servicios básicos de salud y educación, coinciden Nemecio y la directora de cine estadounidense Alexandra Halkin. Tlachinollan estima que hasta 20 mil jornaleros salen de la región cada año, y hasta 50 mil salen a nivel estatal. En 2006, Tlachinollan publicó un diagnóstico de este ciclo migratorio titulado Migrar o morir. Luego Halkin empezó a grabar un documental compañero con el mismo título.

La película fue coproducida por Tlachinollan y Halkin, quien en 1998 fundó Promedios de Comunicación Comunitaria, una organización no lucrativa que ofrece cámaras, equipo y capacitación de cine a los grupos indígenas y campesinos en el sureste de México. En los últimos años ella también ha estado produciendo videos sobre cuestiones de derechos humanos en Guerrero, una región que, dice, a menudo es invisible – a menos que la gente se acuerde que Acapulco se encuentra en la costa. Halkin quería contar esta historia "de una manera que la gente de los EU pudiera entender y envolver su cabeza alrededor de ella.”

“La mayoría de las personas en los Estados Unidos no tienen ni idea sobre las condiciones laborales y las prácticas de trabajo agrícola en su país, por no hablar de México”, dice Halkin.

El arco de la película narra el viaje de la población de alta marginación de jornaleros, desde su pueblo natal a los campos de agroindustría en el estado de Sinaloa, un viaje en autobús que dura de 35 a 45 horas. Debido a que la mayoría son analfabetas, entrarán en acuerdos verbales con poco respaldo con los empleadores. Muchas escuelas no están dispuestas a aceptar los niños que vienen por solo una parte del año escolar, con lo que se niega el derecho establecido en el artículo 3 de la Constitucion Politica de los estados unidos Mexicanos: Todo individuo tiene derecho a recibir educación. Al mismo tiempo, dice Halkin, las familias necesitan el dinero que ganan sus hijos con la recolección, mientras nadie del estado está vigilando si los campos cumplen o no con las leyes de trabajo infantil.

“Ellos están expuestos a niveles muy altos de plaguicidas tóxicos sin protección alguna,” dice Halkin.

Mientras que el video se ha exhibido en más de 50 universidades, centros comunitarios, y festivales de cine en los EU y Canadá -- los principales destinos para los productos mostrados en la película – también se exhibe gratis a través de la página de Internet de Alimentos Justos a través de las Fronteras (Fair Food Across Borders,www.fairfoodab.org), una campaña orientada al consumidor que contextualiza la situación de los jornaleros, describe la legislación laboral mexicana, e insta a los consumidores a exigir una mayor transparencia acerca de dónde vienen sus alimentos.

El público que lo ve, dice Halkin, “está particularmente afectado por la cantidad de niños en el campo y el uso de plaguicidas sin ningún tipo de protección para las y los trabajadores.”

Si bien la edad legal para trabajar en México es de 14, aproximadamente el 20 por ciento de la fuerza de trabajo en los campos agrícolas es menor de esa edad. La película deja en claro que los padres necesitan que sus hijos e hijas trabajen porque necesitan el ingreso.

Uno de los ejemplos que Tlachinollan utilizará en su audiencia hoy es el caso de David Salgado Aranda, un niño de ocho años de edad que se falleció en un campamento en 2007, cuando tropezó con un cuerda y cayó en el camino de un tractor. Según un resumen del caso que se publica en el sitio web de Tlachinollan, el acta de defunción de David menciona que su muerte ocurrió en la “ ‘Vía Pública,’ es decir, que la muerte de David habría ocurrido fuera del campo y el traumatismo habría sido ocasionado por un golpe o una caída, lo que deslinda de cualquier responsabilidad a la empresa agrícola.”

Aunque la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, junto con siete senadores, firmaron un punto de acuerdo en marzo de 2007 exhortando más atención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y al gobierno de Sinaloa, Nemecio dice que el caso sigue sin resolverse.

“[La empresa] no ha entregado prácticamente una indemnización a la familia”, dice Nemecio, “el caso sigue abierto.”

Mientras tanto, dice: “Las condiciones siguen siendo lo mismo.”

Además del caso de David, Tlachinollan ha documentado seis casos de otros niños que murieron en los campos agrícolas.

Conseguir la historia, para impulsar los cambios

Esta es la primera vez que un caso sobre la migración interna de México ha sido presentado ante la CIDH. “Es muy emblemático poder haber posicionado el tema”, dice Nemecio.

A diferencia de cuando los jornaleros migran a los EU, el hecho de que esta población se mantiene dentro de las fronteras de México hace que el Estado sea capaz de vigilar de sus condiciones laborales y de vida, dice Nemecio. Sin embargo, “la reacción del Estado ... es muy limitada; hay muchas omisiones.”

Nemecio afirma que los órganos del gobierno correspondientes a esta problemática son: la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública, y la Comisión Nacional de Desarrollo de Pueblos Indígenas.

Tlachinollan está presionando para la “vigilancia, la regulación contínua ... todo un mecanismo integrado”, que brindará las condiciones de trabajo y vida en el cumplimiento de la ley federal y los estándares internacionales de derechos humanos.

En el otro lado de la frontera, Halkin ve los documentales, como Migrar o morir como instrumentos de apoyo que educan a los consumidores y efectuan el cambio a través de la demanda de los consumidores. Algunas de las medidas recomendadas en el sitio web de Alimentos Justos a través de las Fronteras, incluyen una carta por escrito a la asociación de la agroindustria en Sinaloa, y una demanda de más transparencia en los “supermercados” en los EU. Los supermercados están obligados a revelar de cual país se han importado los alimentos, pero no tienen que especificar de qué estado o de cual agroindustria.

“Es importante crear una circunscripción en torno a este video,” dice Halkin. “Ha sido muy útil ... para realmente llegar a un entendimiento de México que no está disponible en los medios de comunicación en absoluto.”

Las audiencias de la CIDH se pueden ver en línea en: http://www.oas.org/en/media_center/webcast.asp

Para obtener información sobre la distribución del documental Migrar o morir: Jornaleros agrícolas en los campos tóxicos de Sinaloa, por favor, póngase en contacto con: info@fairfoodab.org ocmp@chiapasmediaproject.org

Fuente: Centro Nacional de Comunicación Social

Difusión: AMLO TV