La nueva política económica debe ser conducida por el Estado. Debe impedirse la injerencia de gobiernos extranjeros y de organismos financieros internacionales.
Un tema fundamental del Nuevo Proyecto Alternativo de Nación es la economía, en su discurso del 22 de noviembre de 2009, el Presidente Legítimo aborda este tema en tres postulados de su decálogo: Crear una nueva economía, combatir las prácticas monopólicas, y abolir los privilegios fiscales, aunque en otros también se toca el tema económico y financiero pero directamente el problema se aborda en esos tres.
Crear una nueva Economía
A primera vista algunos pensarán que se está proponiendo un modelo económico estatista a la usanza de los regímenes comunistas o del viejo PRI, sin embargo, el Lic. López Obrador más bien se refiere a que el Estado recupere su potestad soberana sobre el desarrollo nacional, y que se ponga freno a la intromisión que actualmente llevan a cabo los poderes fácticos de la oligarquía y pero aun, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, quienes dirigen la política económica de nuestro país desde el punto de vista de las grandes empresas transnacionales, dejando de lado el interés público y el desarrollo de nuestro país. Esto ha llevado a que se pierdan derechos laborales, y los que todavía existen, sólo queden en el papel, a que se cree un ejército de desempleados que asegure bajar los salarios como si la fuerza de trabajo fuese una mercancía más que se guié por la ley de la oferta y la demanda.
Algo importante y muy concreto que está planteando el Presidente Legítimo, es la industrialización de México, ya que en su discurso habla de la producción de bienes, y es que en efecto, tras 25 años de neoliberalismo la industria manufacturera en nuestro país prácticamente ha desaparecido, y hoy nos vemos en la necesidad de importar una gran variedad de productos terminados que antes se fabricaban en México, con materiales mexicanos y con mano de obra mexicana. Esta política de industrialización, sin duda alguna reactivaría enormemente el mercado interno, ya que se generarían empleos directos y estables.
Combatir las prácticas monopólicas
Un aspecto que ha permitido el surgimiento de poderes los poderes fácticos son los monopolios, los casos más representativos los tenemos en el sector de las telecomunicaciones (TELMEX, TELEVISA y TV AZTECA). López Obrador plantea revertir esta situación y para ello incluso cuenta con lo ordenado por la Constitución, cuyo artículo 28 prohíbe los monopolios.
Abatir los monopolios traería como consecuencia una baja significativa en los precios de diversos productos y servicios, ya que se abrirían estos a la libre competencia, con lo cual también se permitiría con toda seguridad reducir costos de producción de otras empresas, que se verían beneficiadas por ejemplo, al no tener que pagar tarifas altas por el servicio de teléfono e internet, lo cual permitirá que también bajen los costos de sus productos y/o servicios, y por lo tanto, puedan competir en situación más ventajosa tanto en el mercado interno como en el externo. Asimismo, los consumidores verán incrementado su poder adquisitivo.
Abolir los privilegios fiscales
El último aspecto de la política económica que plantea el Presidente Legítimo de México, es lo relativo a las finanzas públicas, y es que actualmente el presupuesto público se halla atado a los ingresos petroleros, debido en gran parte a la deficiente recaudación de impuestos. Esto se debe a que los poderes fácticos al tener el control del Estado Mexicano, han utilizado a sus instituciones para a través de la ley eludir el pago de impuestos, violando con ello la obligación de todos los mexicanos de contribuir al gasto público (artículo 31, fracción IV, de la Constitución).
A lo anterior, hay que agregar que las leyes fiscales vigentes son bastante lesivas para los pequeños y medianos empresarios, los profesionistas, y los trabajadores en general, ya que se les aplica un régimen tarifario que les hace pagar proporcionalmente más impuestos que a los grandes empresarios de la oligarquía.
Por lo tanto, resulta imperativo una reforma fiscal verdaderamente integral y progresiva, que haga efectiva la obligación del artículo 31, fracción IV, de la Constitución, pero también que cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, es decir, que pague más el que gana más y menos el que gana menos.
Como puede verse, estos tres puntos no implican para nada sustituir con el monopolio del Estado a los monopolios privados, no implican la creación de clientelas populistas y menos aún la creación de un régimen legal contrario al Pacto Social de 1917.
L.D. Jesús A. Palma M.
Ciudad de México, Sede del Gobierno Legítimo de México, a 14 de diciembre de 2009.
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