Medida responsable, los aumentos a la gasolina: SHCP
Jesusa Cervantes
MÉXICO, D.F., 7 de enero (apro).- El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Ernesto Cordero Arroyo, señaló este jueves que la reanudación de los aumentos periódicos a los combustibles fue una decisión responsable, pues de no hacerse así generaría mayores rezagos en los precios e implicaría un subsidio de 60 mil millones pesos para este año.
Cordero y el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, fueron citados a comparecer en la Cámara de Diputados para que explicaran las razones por las cuáles, antes de concluir el año 2009, se impusieron tres aumentos a los combustibles, así como los motivos que llevaron al Ejecutivo federal a violentar el acuerdo de no incrementar el costo de las gasolinas.
Durante su comparecencia, que no duró más de 15 minutos, Suárez Coppel se limitó a señalar que México no puede ir a contracorriente de lo que hacen los demás países y por eso se eliminó la subvención a las gasolinas.
El director de Pemex inició con una explicación técnica de cómo se fijan los precios de las gasolinas y antes de concluir justificó la eliminación de los subsidios.
“En 2004 el subsidio tuvo un costo de 900 millones de pesos y en 2005 de 24 mil millones de pesos, mientras que en otros países, como Brasil o Inglaterra, el subsidio se ha ido eliminando… la tendencia mundial es dejar los subsidios en gasolinas y diesel”, dijo.
Por su parte, el nuevo secretario de Hacienda, a quien los diputados le recriminaron que durante su paso por la Secretaría de Desarrollo Social generó 7 millones de pobres y ahora pretende aumentar esa cifra desde la SHCP, al anular los subsidios, advirtió que “de no reanudar la política de deslizamiento de los precios de las gasolinas y el diesel durante 2010 en nuestro país, se estima que el subsidio se ubicaría en alrededor de 60 mil millones de pesos”.
Como exsecretario de Sedesol manifestó que esa cantidad equivale al costo del programa estrella del gobierno federal, Oportunidades, “que beneficia a más de 26 millones de mexicanos, y es tres veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México”, puntualizó.
Cordero, quien repitió el dicho de los diputados panistas, quienes aclararon que México atravesó por una crisis que no fue responsabilidad del gobierno, sino de causas externas, aceptó que acabar con el congelamiento de los precios de la gasolina y el diesel “no es una decisión fácil o popular”.
Es claro, añadió, “que no es una decisión fácil o popular elevar los precios de los bienes públicos, sobre todo uno tan sensible como el de las gasolinas. Sin embargo, fue y es una decisión responsable”.
Y adelantándose a nuevos reclamos del PRI y a las suspicacias en el sentido de si el dinero que se recaudará por los aumentos se usará para asuntos electorales, el secretario de Hacienda dijo:
“El objetivo no es recaudatorio. La decisión obedece a la voluntad de cumplir con el Presupuesto de Egresos de la Federación que estableció con responsabilidad el Congreso de la Unión”.
De hecho, en la Ley de Ingresos que aprobaron los diputados, el pasado 15 de noviembre, ya se tenía contemplado un aumento en las gasolinas, aunque nunca se estableció como tal, pero de acuerdo con los impuestos no recaudados por gasolinas en 2009, se tenía un estimado de al menos 160 mil millones de pesos, y para 2010 se contemplan al menos 35 mil millones de pesos, lo que implicaba que las gasolinas no tendrían subsidios.
Por esta razón, a la hora de fijar su posicionamiento, el senador del PT, Ricardo Monreal, reclamó al PRI que en público diga que no sabía nada de los aumentos, cuando en la realidad no fue así.
“No renieguen en público lo que pactaron en privado. Acordaron bolsearlo (al pueblo)”, les espetó.
En los hechos, el aumento a las gasolinas es un nuevo impuesto, aunque no lleva el nombre como tal.
En la Ley de Ingresos que propuso a la Cámara de Diputados, Felipe Calderón sugirió un nuevo impuesto de 2% para mitigar la pobreza del país. Y, según sus estimaciones, se esperaba una recaudación de cuando menos 27 mil millones de pesos, pero el PRI y la oposición en general se opusieron desde un inicio a la creación de nuevos tributos.
No obstante, al eliminar el subsidio a los combustibles, el gobierno federal creó un nuevo ingreso que asciende a mucho más de lo esperado con el impuesto a la pobreza, pues según cifras de Cordero, la eliminación del subsidio le significará al gobierno ingresos adicionales por 60 mil millones de pesos.
Incluso, al justificar esa medida, el titular de Hacienda dijo que ese dinero se destinará para mitigar la pobreza, como lo pretendía el fallido impuesto de 2%.
“La reanudación de la política de deslizamiento gradual en los precios públicos no permitirá financiar las prioridades de gasto para el combate a la pobreza, la educación y la infraestructura”, agregó Cordero Arroyo.
En su intervención, el diputado priista César Augusto Santiago preguntó al secretario: “¿A cuánto ascienden las disponibilidades (el dinero que se obtiene de los subejercicios, es decir el dinero no gastado por las diversas secretarias)? ¿Acepta que hay y habrá suficiente dinero? ¿O será esto (los aumentos) un guardadito que se usará y aparecerá como el milagro mexicano, justamente en un año electoral?”.
La pregunta no fue respondida.
El PRD, a través del senador Jesús Garibay, no hizo preguntas a los funcionarios, pero irónicamente les preguntó por la refinería que se construirá en Hidalgo para supuestamente acabar con el 40% de la importación de las gasolinas. Y lanzó: “¿Y la refinería apá?”.
Les dijo que cuando las leyes del mercado no funcionan, están las leyes del Estado, “pero esas…esas no las conocen”, añadió.
A lo largo de las dos primeras horas de comparecencia, Cordero y Suárez Coppel no respondieron a una sola de las preguntas, entre ellas: Por qué el Ejecutivo federal no respetó el acuerdo de no subir los impuestos, por qué aumentó la gasolina y dónde irá a parar el dinero recaudado.
El PRI, entonces, solicitó al presidente de la tercera comisión de la Comisión Permanente, el panista Mario Alberto Becerra Pocoroba, que hiciera un exhorto a los funcionarios para que respondieran los cuestionamientos, pero eso no ocurrió, porque el panista no respondió.
Eso generó que los priistas Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, el senador Francisco Labastida y el diputado César Augusto Santiago, arribaran a la sala de prensa en San Lázaro para hacer anuncio:
“En vista del desarrollo de la comparecencia y de que el secretario responde lo que se le da la gana, y que el presidente de la comisión no atendió el exhorto que le hicimos para que exigiera respuestas de los funcionarios, haremos una protesta”.
Y las preguntas a éstos llegaron en cascada: ¿Abandonarán el pleno?¿Dejarán solos a los funcionarios? ¿Se van a ir? La respuesta no sorprendió: “No, no nos iremos, tenemos que ser congruentes y dejar en claro cuáles son nuestras preguntas”.
¿Entonces?
“Haremos una protesta a través del secretario de Gobernación (Fernando Gómez Mont), ante quien manifestaremos nuestra inconformidad por la falta de respuestas”, dijo Labastida Ochoa.
La tibia respuesta de los priistas, el desenfado de los perredistas y la inconformidad de los petistas, a quienes no dejaron participar en las dos últimas rondas, provocaron que la comparecencia conjunta de Cordero y Suárez Coppel se convirtiera en una reedición de las declaraciones de los funcionarios del gobierno federal: Que todo está bien en el país y que el gasolinazo era necesario.
Pero ni esto pudo decir ante los diputados la secretaria de Energía, Georgina Kessel, quien fue citada a comparecer, pero como lo ha hecho en otras ocasiones, no asistió, y envió en su lugar al director de Pemex, Juan José Suárez Coppel.
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
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