Guadalupe Cruz Jaimes
México DF, 25 ene 10 (CIMAC).- Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron hoy que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), realiza cobros “excesivos e ilegales” por el uso de energía en el país y “reprime con cárcel” a quienes manifiesten su inconformidad, un ejemplo es el caso de Sara López González, quien podría pasar hasta 60 años en prisión por esa causa.
En conferencia de prensa, Carlos Beas, integrante de la Unión de comunidades indígenas de la zona norte del Istmo (Ucizoni), en Oaxaca, informó que además de los “excesivos e ilegales” cobros de CFE, en decenas de comunidades rurales e indígenas, la población se queda sin energía eléctrica hasta 50 días, sin que la Comisión atienda su queja.
Por el contrario, la respuesta por parte de esta empresa pública, “es la criminalización que persigue a las personas que nos atrevemos a denunciar los abusos que comete CFE”, sostuvo el también defensor de derechos humanos.
Sara López, ama de casa, fue detenida “con lujo de violencia y humillaciones”, el pasado 10 de julio de 2009. Y fue encarcelada en el penal de Koben, Campeche, junto con sus compañeros Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas. Los delitos de los que se les acusa son de “privación ilegal de la libertad en su modalidad de retener a un funcionario como rehén y obstrucción de obra”.
El pasado 8 de enero la resolución de juicio de amparo que se interpuso en el Tribunal Unitario de Circuito de Mérida en contra del auto de formal prisión, el magistrado resolvió que “no se acreditan ninguno de los delitos por los que fueron encarcelados”.
Por ello, ordenó al juez segundo de Distrito, en Campeche, que “se sirva a reclasificar el delito, bajo el que se dictó el auto de formal prisión o en caso de no poder hacerlo por no modificar los hechos, se sirva a dictar el auto de libertad correspondiente”.
Sara y sus compañeros están en espera de que el magistrado en Campeche responda a esta solicitud del Tribunal.
Casos como éste, no sólo se han registrado en esa entidad, pues por la misma causa, hay personas detenidas en Nayarit, Chihuahua, Baja California, refirió el integrante de Ucizoni.
CFE CONTRA DEFENSORES DE DH
Carlos Beas, junto con Hugo Rosas de León, abogado de la Comisión de Derechos Humanos, de la Cámara de Senadores, Rodolfo Sánchez Galindo, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, Martín Velázquez, de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, fueron acusados por la CFE ante la Procuraduría General de la República por causar daños a las instalaciones de la Comisión.
En noviembre pasado, la CFE inició ante la Procuraduría una averiguación previa en contra de quienes son defensores de las y los presos políticos de Campeche.
De acuerdo con Hugo Rosas, el proceso judicial, que recién inició CFE en contra de los defensores de derechos humanos es improcedente, y su carácter es represivo, al igual que los hechos registrados en Campeche.
Y es que, CFE “está lejos de atender las necesidades populares, muestra oídos sordos a la inconformidad social, y ante la inconformidad responde con represión, que puede costar a madres de familia como Sara López, hasta 60 años de prisión”, refirió Rosas de León.
Al respecto, Rosario Ibarra de Piedra, senadora de la República, refirió que se trata de una “injusticia tremenda, debido a que la ley no funciona, tenemos muchos años luchando por el respeto a los derechos humanos y no nos hacen caso”.
Por último, Hugo Rosas de León, informó que mañana en la PGR, del DF, los cuatro defensores acusados por CFE se presentarán a declarar de manera voluntaria frente a las falsas imputaciones y exigirán que se decrete el cese de la acción penal.
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