martes, 27 de abril de 2010

ESTADO DE LOS ESTADOS

ESTADO DE LOS ESTADOS


Por: Lilia Arellano
“Los países libres son aquellos en los que son respetados los derechos del hombre y donde las leyes por consiguiente, son Justas”: Robespierre

• Obama y Calderón, cómplices
• Mayor intervencionismo de EU en México
• Latinos arman estrategia contra la SB 1070
• Inaceptable, la ley antiinmigración: OEA
• Pretende tapar actos violentos con comicios
• Rechaza dirigencia panista a “Greg” Sánchez
• Suman más electricistas a huelga de hambre



Abril 26, 2010.- En las últimas horas hemos sido testigos de una más de las complicidades de Felipe Calderón con su homólogo estadounidense, Barack Obama. Tarde, muy tarde, a Calderón le ha dado por gritonear y protestar en contra de la ley antiinmigrantes SB 1070 expedida por el gobierno republicano de Arizona; la califica de injusta, señala que genera odios y se abstiene de señalar que serán miles de mexicanos los que serán tratados como verdaderos delincuentes por el simple hecho de pedir trabajo, de buscar la manera de sobrevivir en otro país ya que en el suyo se les han cerrado puertas, oportunidades y por ende futuro, sin dejar de considerar que a paso lento se les conduce a la muerte victimas de enfermedades y desnutrición. Por su lado, Barack Obama también gritonea y hace toda una exhibición de contrariedad a sabiendas de que nada puede hacer ante la resolución adoptada por los congresistas de ese Estado.

No conforme aprovecha la oportunidad para eludir la intolerancia y el abuso que tal ley fomentará en su país y nos lanza su propuesta de uno que ya, cínicamente, llama “Plan México”, y hace clara referencia a que es una copia del “Plan Colombia”, pretendiendo engañar a todos con que esta estrategia no busca intervencionismo en nuestro país. Calderón hace que protesta, Obama hace lo mismo pero los dos saben que ante este dictado ya nada pueden hacer y se unen, nuevamente, para poner en marcha la segunda etapa de un verdadero plan al que seguramente le tienen puesto otro nombre y que tiene como finalidad apoderarse del territorio y explotar todas las riquezas así como a la clase trabajadora.

Para los latinos que viven en el lado americano y que luchan porque se solucione su estatus y se les brinde seguridades como a todos los trabajadores estadounidenses, puede ser probable que la Ley Antiinmigrantes del Estado de Arizona no se aplique porque la consideran inconstitucional, advierten que no tiene sustento legal y que es muy vulnerable a demandas, inclusive a titulo personal de ciudadanos o residentes legales latinos que pueden ser detenidos o interrogados por su aspecto o cultura. Lo importante, sin embargo, es que tienen la esperanza de que se convierta en la oportunidad de lograr impulsar con decisión en el Congreso estadounidense una reforma humana y comprensiva de inmigración, la protección de derechos civiles y se concreten así las incumplidas promesas que Barack Obama hizo en campaña a los ciudadanos de origen latino.

Mientras que este martes se llevará a cabo una reunión de la bancada latina en el Congreso, que fue convocada por los congresistas Luis Gutiérrez, Raúl Grijalva y Ed Pastor para abordar la ley antiinmigrante de Arizona, paralelamente diversas organizaciones civiles, legales, activistas, congresistas y hasta condados se están preparando para presentar una serie de demandas para dejar sin efecto la SB 1070. En los tribunales, defensores de los inmigrantes y líderes locales preparan una demanda contra la polémica nueva ley en Arizona. Cada día más miembros de la comunidad y organizaciones se unen en una misma voz de repudio contra una medida diseñada para castigar y criminalizar a los inmigrantes indocumentados en Arizona.

El alcalde de Phoenix, Phil Gordon, pedirá al cabildo de gobierno de la ciudad autorización para que el procurador del distrito local demande a la ley antiinmigrantes SB1070 ante una corte estatal de Arizona. El procurador puede pedir a una corte una orden para que esa legislación, la más severa contra los inmigrantes de Estados Unidos, quede sin efecto en tanto se determina si es constitucional y si de activarse no afectaría los derechos de las personas. Gordon también solicitará al Departamento de Justicia que revise si dicha ley atenta contra los derechos civiles de los residentes y visitantes latinos de Phoenix.

También la Unión de Libertades Civiles Estadounidense (ACLU), la mayor organización legal en EU, y el Fondo Americano para la Defensa Legal y la Educación (Maldef) reportaron que analizan demandas que presentarán contra la ley antiinmigrante de Arizona. La ACLU hizo un nuevo llamado a la comunidad a participar de forma masiva en una movilización a nivel nacional el primero de mayo para exigir una reforma migratoria y la protección de derechos civiles. En un comunicado, sostuvo que “es una situación insostenible. Necesitamos un camino a la ciudadanía para los indocumentados, que la policía no detenga a los inmigrantes, restablecer el debido proceso y al revisión judicial en el sistema”. EU necesita alternativas en el sistema de detenciones en inmigración y que no hay tarjetas de identidad obligatoria para los estadounidense”, añadió.

Senadores estatales latinos y puertorriqueños rechazaron la medida que convierte a criminales a los indocumentados. Rubén Díaz, señaló que “es ingenuo creer que la policía de Arizona puede resolver el problema en las fronteras, la explotación de indocumentados y el consumo en los sistemas de educación y salud, promoviendo el miedo en los hispanos de Arizona que atraigan la atención de la policía.”. El congresista Ed Pastor anunció que personalmente pedirá al procurador general Eric Holder, un experto en derechos civiles, una orden de restricción contra la SB1070 y contra la cláusula que permite a departamentos de policía regulares colaborar en operativos con autoridades de migración federales. El legislador dijo que si la ley aprobada en Arizona viola los derechos civiles requiere de una orden de restricción que impida que otros estados intenten aprobar legislaciones réplicas.

Al Sharpton, conocido activista de los derechos civiles, prepara a su vez una demanda civil contra la SB1070 porque incrementará la discriminación y las detenciones, y anunció que movilizará personas de todo el país hacia Arizona para que marchen por sus calles sin documentos de identificación y que se sometan a detención. En una rueda de prensa, realizada el domingo pasado, advirtió que “no podemos permitir que las personas sean arbitraria y unilateralmente tratados como sospechosos por el color de su piel”.

El presidente de la Asociación de Líderes Mexicanos en UTA, Rhosky Baker, secundó un boicot a Arizona por la ley antiinmigrante y hasta el cierre de la frontera para ese estado. “El boicot sería lo más conveniente. Tenemos de una u otra manera que expresar que no estamos de acuerdo”, dijo Baker.

Legisladores locales preparan una resolución estatal para pedirle al presidente estadounidense Barack Obama que el Departamento de Justicia elimine esa ley. José Peralta, asambleísta de Queens, uno de los condados con mayor diversidad de inmigrantes, consideró que “es una ley injusta. Se está diciendo que la xenofobia es aceptable. No sólo afecta a los latinos, sino a todo el movimiento de derechos civiles.

El Capitolio Estatal de Arizona amaneció este lunes con algunas ventanas con esvásticas untadas de frijoles refritos que fueron plasmadas como protesta contra la ley antiinmigrantes. Personal a cargo del aseo de inmediato limpió los ventanales. El fríjol ha sido asociado de manera despectiva con hispanos, especialmente mexicanos, a quienes algunas personas con tendencia racista llaman “beaners” (frijoleros).

RECHAZO A LEY RACISTA

En México, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, dijo que la reforma antiinmigrante de Arizona es una vergüenza y consideró que la diplomacia mexicana debe exigir al gobierno estadounidense reconsiderarla, y que, subrayó, “es el colmo de la xenofobia y el odio”.

El legislador del PT advirtió que México se encuentra secuestrado por el tema de la droga, por lo que se volvió impotente para hacer una política más activa y efectiva con los norteamericanos.

Por otro lado, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) dijo que es importante tener claridad sobre los efectos que va a tener la legislación aprobada en Arizona. El titular del organismo, Ricardo Bucio Mújia, dijo que deben ser puestos sobre la mesa los efectos derivados de esa legislación en términos de xenofobia, racismo y negación de derechos. Dijo que las exigencias del gobierno mexicano no han sido suficientes, como tampoco las que se ha presentado al interior de Estados Unidos. “Me parece que la suficiencia de los reclamos tanto de aquí, como de allá serán en cuanto haya una posibilidad de veto a la ley o de modificación de la legislación”.

A su vez, el director de Aeroméxico, Andrés Conesa, reportó que las operaciones de la aerolínea hacia Arizona se han visto “significativamente afectadas”, luego de la aprobación de la Ley SB 1070.

SB 1070 INACEPTABLE: OEA

José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), sostuvo que dicha ley criminaliza la inmigración ilegal y es “discriminatoria”. En San Salvador, donde inauguró una reunión del Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas Discapacitadas, destacó que la SB 1070 “hace equivalente la inmigración con el delito y crea bases para una discriminación racial que consideramos inaceptable”.

Insulza resaltó que en los Estados Unidos reside la tercera población latina del mundo y dijo que en su inmensa mayoría cumple su función social económica y benéfica. Aceptó que “todos los países tienen por cierto el pleno derecho de regular la inmigración dentro de sus países, pero no a costa de no respetar los derechos humanos, los derechos de las personas y de crear estereotipos raciales que no corresponden a la realidad”.

POLITIZAN LA INSEGURIDAD

La escalada de violencia en México sigue imparable. El pasado viernes seis policías federales fueron asesinados en una emboscada en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos, y el sábado dos civiles y dos escoltas de la secretaria de Seguridad Pública de Michoacán, Minerva Bautista, perdieron la vida en un atentado del que la funcionaria salió viva. En el Estado de Guerrero, el domingo se registró el segundo crimen político en ocho meses, al ser asesinado el dirigente estatal del Partido del Trabajo, Rey Hernández García, promotor de una coalición con PRD y PAN, para la elección de gobernador en 2011.

Este último hecho ha servido para que los crecientes hechos de violencia que se registran con cada vez más frecuencia en diversas regiones del país se les quiera ligar y explicar con pretextos de orden electoral y político, y así minimizar los verdaderas causas de la inseguridad pública y la descomposición social que se ha acelerado durante la actual administración de Felipe Calderón. Se insiste en los jaloneos y manoseos de las alianzas electorales partidistas, muchas antinatura, para justificar los hechos violentos de las últimas semanas.

Al igual que en Chihuahua y Michoacán, la violencia ligada al crimen organizado en Guerrero es ya insoportable, además de que es totalmente reprobable que se le pretenda explicar simplemente con argumentos que llevan a responsabilizar al ambiente político y preelectoral de la misma. Sin embargo, esa es la tendencia: el dirigente del PRD, Misael Medrano Baeza, y el delegado del PAN en la entidad, Adrián Rivera Pérez, condenaron el homicidio del líder estatal petista y calificaron la agresión como un atentado al proceso de coalición que ambos partidos políticos han iniciado en Guerrero.

También el coordinador del PT en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió, en el mismo sentido, que “no vamos a permitir que el caso de nuestro dirigente partidista en ese Estado, sufra la misma suerte que el del diputado Armando Chavarria Barrera”. El legislador zacatecano consideró que la ingobernabilidad “ha llegado a tal grado que existe el temor fundado” de que los asesinatos de dirigentes políticos se repitan y generalicen en el país, ahora que están en curso procesos electorales en 15 entidades federativas.

Por lo que toca al caso de Michoacán, el gobernador Leonel Godoy, condenó el “cobarde atentado” que sufrió su secretaria de Seguridad Pública, Minerva Bautista, quien de acuerdo a algunas versiones, el ataque se debió a que la funcionaria realizó cambios en la dependencia a su cargo. Fuentes oficiales informaron que fueron más de 2 mil 700 tiros de grueso calibre los que se dispararon en contra de esa funcionaria, que se encuentra lesionada, aunque estable. Los sicarios utilizaron fusiles de asalto AK-47 y R-15, además de Barret 50, capaz de derribar un helicóptero.

ESPIONAJE ANULA A “GREG”

También en el Estado de Quintana Roo el alcalde con licencia de Benito Juárez, Cancún, Gregorio “Greg” Sánchez Martínez, trata de darle un enfoque electoral y político al ardiente asunto de los centros de espionaje que en ese municipio ha descubierto y desmantelado la inteligencia militar, que le sigue muy de cerca los pasos al precandidato perredista, quien trata de revestirse de impunidad con la búsqueda de una candidatura apoyada por diversos partidos políticos para intentar derrotar al PRI en la contienda por la gubernatura. Esa estrategia es la que ha seguido el protegido de Carlos Navarrete desde que se dieron a conocer las demandas para el pago de millones de dólares, más los ineludibles intereses, por deudas contraídas durante su campaña a la alcaldía benitojuarense.

La inseguridad en el municipio encuentra ahora explicación en la operación de estos centros de espionaje de los que, se dice, partían informaciones para la delincuencia organizada y al mismo tiempo la cubrían de impunidad al estar sus integrantes directamente relacionados y respaldados por las autoridades policíacas municipales. El asunto ha llegado tal extremo ante las amenazas y demandas interpuestas por Gregorio Sánchez Martínez en contra de comunicadores, así como la detención de ciudadanos que intentaron hacer patente su inconformidad con el gobierno municipal que encabeza, en el acto en el que rindió su segundo informe, y que fueron arrestados por Manuel Vera Salinas, quien es señalado como el operador de estos centros de espionaje. También habrá protestas por la detención del articulista Salazar, por las amenazas a los que rechazan la construcción de una plaza a costa de la depredación del terreno llamado “Ombligo Verde”, así como por los rechazos a las manifestaciones de protesta de los vecinos del club de golf Pok Ta Pok, quienes defienden que en el lugar no se construyan edificios de departamentos y un hotel cuyas aprobaciones surgieron de la oficina del alcalde.

Periodistas y ciudadanos se reunirán a las 11:30 de la mañana de este día en la Plaza de la Reforma, frente al palacio municipal, para hacer patentes estas agresiones, los atentados a la libertad de expresión, rechazar las demandas como la interpuesta en contra del comunicador David Romero Vara y las amenazas que recibió el periodista Víctor Sánchez Baños, y harán patente su exigencia porque se entreguen los resultados de las investigaciones en torno a los centros de espionaje y se ponga fin a loso abusos de los cuerpos policíacos y de varios de los funcionarios del ayuntamiento.

RESPONDE EU A GÓMEZ MONT

El portavoz del Departamento de Estado de EU, Philip Crowley, respondió a las declaraciones del secretario de Gobernación de México, Fernando Gómez Mont, quien el domingo pasado aseguró que Washington debe asumir “la vergüenza de estar vendiendo las armas con las que asesinan a mexicanos en este país”, donde la violencia es alimentada “por la demanda de drogas” desde Estados Unidos. Crowley dijo que los EU están comprometidos con la lucha conjunta a largo plazo contra la narcoviolencia, pero también recalcó que se trata de una responsabilidad compartida y que ambos países tienen que hacer más.

El funcionario estadounidense destacó que “hemos invertido mucho en la Iniciativa Mérida”, que da ayuda a México, Centroamérica, Haití y República Dominicana para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Recordó que el importe que destina EU a México bajo la “Iniciativa Mérida” asciende a algo más de mil 300 millones de dólares en el trienio 2008-2010, pero no mencionó que la mayor parte de esos recursos no han sido entregados.

La respuesta al gobierno mexicano también vino desde el influyente diario The Washington Post, quien aseguró que el sistema mexicano de justicia criminal exhibe su ineficiencia en la lucha contra el crimen organizado al arrestar “con fanfarrias” a sospechosos en casos que luego se caen. El rotativo ejemplificó lo anterior al mencionar la liberación de 9 de 10 alcaldes michoacanos arrestados en 2009 por el gobierno federal bajo sospecha de vínculos con el narcotráfico. La liberación de los funcionarios muestra la ineficiencia de la actual guerra anti narcóticos, destacó el diario estadounidense.

DE LOS PASILLOS

Diez trabajadores electricistas más se sumaron a la huelga de hambre masiva en el zócalo de la Ciudad de México. Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), aseguró que Felipe Calderón “nunca ha mostrado una verdadera intención de negociar con los trabajadores una salida justa al conflicto y esto fue lo que motivó que se tomará esta medida extrema”. La actual administración federal “no ve ni oye” ninguno de los conflictos laborales puesto que son muy elevados los intereses económicos que están en juego con la privatización de todas las áreas de la prestación del servicio de energía eléctrica en la zona centro del país.

Cualquier pronóstico de un PIB mayor al 4 por ciento no es más que producto de “euforia y optimismo” del mercado, aseguró Alfredo Coutiño, director de la consultoría económica Moody´s… Francisco Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, admitió que los resultados electorales de julio y la perspectiva de la contienda presidencial de 2012, serán los factores que marcarán el trabajo legislativo.

ULTIMA HORA

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) determinó que en Quintana Roo no irá en alianza con ningún otro partido político en el caso de la gubernatura y solo se unirá en las decisiones para candidatos en cuatro municipios y de cinco a siete distritos electorales en esa entidad. Esta cancelación de respaldo a Gregorio Sánchez Martínez no sólo representa un duro golpe político, sino que siembra la esperanza de que verdaderamente será investigado a fondo por todos y cada uno de los señalamientos que sobre su persona se han presentado.

(lilia_arellano@yahoo.com; www.fuego-cruzado.tv; www.estadodelosestados.com.mx)


Fuente: Indice Político
Difusión: AMLOTV

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