Jurisprudencia reduce pensión del IMSS

Jurisprudencia reduce pensión del IMSS

Arturo Alcalde Justiniani / II y última

La jurisprudencia 85/2010, mediante la cual la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como límite superior de las pensiones del IMSS hasta 10 veces el salario mínimo (SM), ha generado creciente inconformidad. Más allá de la explicación jurídica, se formulan diversas interrogantes: ¿Por qué después de tantos años de vigencia, repentinamente, cambian las reglas del juego en un tema tan sensible para millares de mexicanos y sus familias? ¿La jurisprudencia debe entenderse únicamente aplicable al tema de la cotización o necesariamente está vinculada al monto de las pensiones? En caso de que se afectaran las pensiones, ¿en qué condición quedarían los que ya perciben una pensión superior a los 10 SM? ¿A quién beneficiarán los recursos que se generen por dejar de pagar el diferencial de pensiones consecuencia de esta jurisprudencia? ¿Será acaso parte de una estrategia para homologar las pensiones del IMSS con las del ISSSTE, que ya están limitadas a 10 SM? ¿Cuándo terminará la feria de sorpresas donde los trabajadores siempre llevan la peor parte?

No es fácil hacer un juicio de valor sobre este tema, porque la mayoría de las pensiones que se cubren a los afiliados al IMSS son sensiblemente menores a los 10 SM. Reclamar una cantidad mayor puede parecer excesivo en términos de equidad; sin embargo, mal haríamos en concluir que todos debemos estar condenados a pensiones empobrecidas bajo un principio de igualdad. Un consejo que puede ayudarnos proviene de la Organización Internacional del Trabajo en esta materia: Ni necesidad sin pensión, ni pensión sin necesidad.

Con objeto de profundizar el análisis de esta jurisprudencia conviene recordar que el artículo 25 transitorio de la ley vigente prevé lo siguiente: “…A partir de la entrada en vigor de esta ley el límite del salario base de cotización en veces de salario mínimo para el seguro de invalidez y vida, así como para los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, será de 15 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que se aumentará un salario mínimo por cada año subsecuente hasta llegar a 25 en el año 2007.” Lo anterior significa que buena parte de los afiliados ya han venido pagando sobre una base superior a los 10 SM, de tal manera que la aplicación del artículo 33 de la ley anterior fue superada con este incremento creciente.

Por lo que se refiere a la relación entre cotizaciones y pensiones es conveniente reconocer una falta de correspondencia entre ambos conceptos. Las cotizaciones son totalmente insuficientes para fondear las pensiones, si se acota a un periodo determinado, pero en un análisis más amplio es evidente que buena parte de los fondos de pensiones se canalizaron a otros renglones, como subsidiar servicios que a juicio del Ejecutivo federal resultaban políticamente favorables.

Respecto del modelo de seguridad social derogado en 1997 y su tránsito al nuevo, el transitorio décimo segundo definió que el pago de las pensiones otorgadas en el marco de la ley derogada (del año 1973) estará a cargo del gobierno federal. Estos elementos nos permiten aclarar dos temas: el primero, no existe una relación automática entre cotización y pensión, y el segundo, el IMSS no será el beneficiado de limitarse las pensiones hasta 10 SM, ya que, como se señaló, el gobierno federal es quien dejará de cubrir la diferencia. Por lo que se refiere a la situación del IMSS, el mismo se encuentra en precarias condiciones y requiere una restructuración integral. Conviene recordar el reciente informe del IMSS al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, que reportó en sus finanzas un déficit de 21 mil 950 millones de pesos. Advirtió que dicho monto podría duplicarse si no recibe apoyo para liquidar adeudos pendientes. Con estos elementos, resulta evidente la necesidad de una discusión más amplia sobre el tema orientado a un proceso de universalidad en materia de seguridad social.

La política del gobierno federal tendiente a obtener más recursos o reducir erogaciones por la vía pensionaria se hizo evidente los primeros días del presente año, al imponer el pago de impuestos a las pensiones superiores a nueve SM, apoyado en el artículo 109 fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esta obligación ya existía, pero no se había hecho efectiva a las pensiones del IMSS y del ISSSTE por diversos motivos, entre otros, evitar una doble tributación. En términos prácticos se redujeron las pensiones.

Un antecedente en materia burocrática nos muestra la necesidad de contar con criterios razonables y permanentes en materia pensionaria. Los trabajadores al servicio del Estado siempre han lidiado con la dificultad de que el importe real de sus salarios no es reconocido para efecto de sus pensiones en el ISSSTE. El 10 de septiembre de 2008, también por contradicción de tesis, la segunda sala emitió la jurisprudencia 126/2008, que favoreció a los trabajadores al determinar que el salario base para calcular el monto de las pensiones jubilatorias, incluyendo a los trabajadores que venían rigiéndose por la ley anterior vigente hasta el 31 de marzo de 2007, debería integrarse con el salario base, sobresueldo y compensación. Amparados en esta jurisprudencia, confiaron en recuperar por la vía legal el diferencial entre su salario base y la compensación con importe sensiblemente mayor, lo que llevó al ISSSTE a cubrir las diferencias, ya que tal omisión era imputable al gobierno federal y no a los trabajadores. Sin embargo, el 6 de mayo de 2009, otra vez por contradicción de tesis, se emite la jurisprudencia 28/2009, que cambia el enfoque de la anterior, al señalar que no podrá exigirse al ISSSTE el pago del diferencial, ya que la pensión debe ajustarse a las cuotas que le hayan cubierto las distintas dependencias. Una vez más, y como pareciera ya costumbre, perdieron los trabajadores.

Fuente: La jornada

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