CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 27 de marzo. Guerrero cuenta ya con una Ley de Amnistía reformada con la que se protegerá a luchadores sociales y defensores de derechos humanos del estado, recordó el diputado por Convergencia, Efraín Ramos Ramírez, y criticó que durante del gobierno de Zeferino Torreblanca se hizo un uso indiscriminado de las prácticas de represión y hostigamiento contra la lucha social.
En Guerrero ya existía una Ley de Amnistía, promulgada el 12 de noviembre de 2002, misma que se reformó el 9 de mayo de 2003.
Sin embargo, Ramos Ramírez consideró que en Guerrero se requiere hacer una nueva legislación que permita que “ciudadanos que han elegido el uso de las armas para llevar a cabo sus propósitos políticos y a quienes han realizado acciones de protesta o movilizaciones sociales para obtener respuesta gubernamental a demandas económicas, sociales o políticas y que por tal motivo han sido indiciados, procesados o condenados”, gocen de los beneficios de dicha ley.
Indicó que los casos más recurrentes son aquellos que han sido indiciados, procesados, condenados o perseguidos por supuestos delitos y leyes que criminalizan las protestas y movilizaciones sociales.
Recordó que la criminalización y represión fueron aplicadas durante los últimos cinco meses del gobierno de René Juárez Cisneros, “no fue sino hasta el gobierno del Zeferino Torreblanca Galindo cuando se hizo un uso indiscriminado de este tipo de represalias, lo que ha causado gran enojo entre los activistas sociales y la población en general”.
Ramos Ramírez destacó que Guerrero necesita entrar a una etapa de armonía, reconciliación y concordia, donde se den nuevas perspectivas para el desarrollo integral, justo y equitativo.
La Ley de Amnistía integra 11 artículos, en los que se decreta dicha ley a favor de todas aquellas personas en contra de las cuales se haya ejercido acción penal ante los tribunales estatales por delitos derivados de su participación en movilizaciones políticas, reivindicaciones sociales o movimientos armados, impulsados por motivos políticos con el propósito de modificar o alterar la forma de gobierno u obtener respuesta gubernamental a demandas económicas, sociales o políticas, hasta la fecha de entrada en vigor de la presente norma y están amparadas aquellas que tengan una averiguación previa o que se les haya girado orden de aprensión o que hayan sido procesadas o se encuentren en proceso o que estén condenadas por cometer, con motivaciones políticas, los delitos del fuero común de rebelión, sedición, motín, conspiración, considerados delitos políticos por nuestra legislación penal, o conexos con tales delitos políticos, así como las conductas delictivas consecuentes o derivadas de los ilícitos citados.
Asimismo, aquellas que han sido perseguidas, detenidas, procesadas o condenadas por los delitos tipificados en los artículos 200 y 202 del Código Penal del Estado de Guerrero, luego de la reforma del 18 de julio de 2003.
“En ninguna circunstancia y bajo ningún argumento, se podrá aplicar la presente Ley a quien esté acusado de ilícitos cometidos bajo la protección de organismos y autoridades oficiales, militares o policiacas”, aclaró el legislador.
La presentación de desaparecidos a causa de su participación, real o supuesta, en movilizaciones políticas, reivindicaciones sociales o movimientos armados en los términos de la fracción anterior.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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