Denuncian ante la CIDH, el fracaso de la militarización de la seguridad pública
Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F., 28 de marzo (apro).- Organizaciones civiles mexicanas denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “el fracaso” de la política de militarización de la seguridad pública para combatir a las bandas del crimen organizado en México.
Durante la 141 Sesión Ordinaria de Audiencias de la CIDH, realizada en Washington, participaron activistas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Colectivo de Organizaciones Michoacanas de Derechos Humanos (COMDH), Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN), Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), I (dh)eas—Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
Integrantes del Centro Prodh participaron en la audiencia “Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos”; los otros activistas, en “Situación de los Derechos Humanos de las personas en Situación de Arraigo en México”, en las que se expusieron datos y casos de agravios de personas por parte servidores públicos, de las fuerzas armadas y policiales durante la “guerra contra el narcotráfico” emprendida por el presidente Felipe Calderón.
Los abogados del Prodh pusieron como ejemplo del “fracaso de la estrategia de militarización” el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que destacaron que “los operativos militarizados en curso, lejos de disminuir la violencia del crimen organizado, sólo han agregado otra violencia; violaciones graves y generalizadas a los derechos humanos de la población civil”.
Destacaron que en 2010, en esa entidad se registraron 30% de los 15 mil 273 homicidios ocurridos en el país, de los cuales más de 3 mil se suscitaron en Ciudad Juárez.
La reacción de las fuerzas de seguridad ante la violencia, denunciaron, ha sido emplear “un modus operandi consistente en la detención arbitraria, seguida por tortura en instalaciones militares u otros lugares para obligar a la persona detenida a confesar algún delito, convirtiéndose la víctima en chivo expiatorio en un gran número de casos”.
Ante representantes del gobierno de Calderón presentes en la audiencia, los activistas del Prodh aseguraron que debido a la falta de investigaciones profesionales, los verdaderos responsables de los delitos siguen en libertad, mientras que “personas inocentes son torturadas y encarceladas”.
En ese sentido, exigieron al Estado mexicano “cambios encaminados a poner fin a las detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones, desapariciones y otras violaciones cometidas contra los civiles so pretexto de combatir el crimen”.
Asimismo pidieron al Estado cumplir con su deber de investigar “con debida diligencia” y sancionar los delitos cometidos, tanto por particulares como por autoridades.
Este martes 29, el Prodh participará en la audiencia “Situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas”, en la que se señalará los riesgos, la persecución y obstáculos que enfrentan las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en la región.
En una comunicado, dio a conocer que pondrá en relieve lo ocurrido en México, donde en los “en los últimos meses la situación de riesgo y asesinatos de defensores ha alcanzado niveles críticos, obligando a numerosas personas –particularmente de Ciudad Juárez— a abandonar su trabajo o, incluso, el país”.
En la audiencia sobre las violaciones a derechos humanos contra las personas arraigadas, las organizaciones participantes argumentaron que la figura del arraigo, elevada a rango constitucional, es contraria a los derechos fundamentales de las personas; además de que va en contra de la legislación internacional.
Mario Santigo de la organización Idh(eas) informó a los integrantes de la CIDH que el año pasado se presentaron 120 quejas contra el arraigo ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En la sesión se presentó el testimonio de Misael García, familiar de una persona arraigada por el “michoacanazo”, quien aseguró que por esa situación fueron “vejados, humillados, procesados y señalados públicamente a través de los medios de comunicación. Las víctimas queremos vivir en paz”.
El abogado de las víctimas del “michoacanazo”, Jaime Pérez, denunció que durante el proceso jurídico, la Procuraduría General de la República (PGR) puso obstáculos al derecho de defensa de los detenidos. “Utilizó el arraigo de forma indiscriminada y como medida de persecución y obtención de evidencia ilícita”; a pesar de ello, el juez federal dictó la libertad de 34 de 35 detenidos.
El director de la CMDPDH, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, aseguró que el arraigo “resulta contrario a los principios de un Estado democrático de derecho; y es violatorio del principio de legalidad”.
Silvano Cantú, abogado de la CMDPDH, pidió a la CIDH que asuma como propias las recomendaciones que se hicieron al Estado mexicano durante el Examen Periódico Universal, en febrero de 2009, y que declare inconstitucional la figura del arraigo por violar la Convención Americana de Derechos Humanos.
Durante la audiencia, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, defendió la figura del arraigo como “primordial para el combate al crimen organizado”.
El relator especial de la CIDH sobre Derechos de las Personas Privadas de la Libertad, Roberto Escobar Gil y el comisionado presidente Felipe González, cuestionaron a los representantes del Estado mexicano sobre las facultades del Ejército Mexicano para mantener a personas arraigadas en sus instalaciones, y sobre si la figura del arraigo se apega a los preceptos internacionales de derechos humanos.
Como respuesta, Gómez Robledo sólo ofreció garantías para que Escobar Gil realice su trabajo durante su próxima visita a México, cuya fecha aún no se ha fijado.
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
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