El derecho a la alimentación en México

JAIME MORALES HERNÁNDEZ

En el pasado mes de junio estuvo en México Olivier de Schutter, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el Derecho a la Alimentación. La misión incluyó entrevistas con autoridades de los tres niveles de gobierno, legisladores y organizaciones de la sociedad civil, además de visitas a Jalisco y Chiapas. En el informe final de su viaje, el relator de la ONU realizó algunos señalamientos sobre la alimentación en México y propone estrategias alternativas, sobre las cuales vale la pena reflexionar en una perspectiva de futuro para el campo y para el país.

La alimentación va estrechamente ligada a la agricultura y por ello el relator de la ONU se detiene a analizar el sector rural mexicano. Su informe señala que las actuales políticas agrícolas aumentan la dependencia alimentaria y se orientan hacia la agroexportación y cultivos industriales, además muestra cómo los apoyos al campo van a municipios y agricultores más ricos. Los seis estados más pobres del país donde habita el 55 por ciento de la población en extrema pobreza, sólo reciben el 7 por ciento del total del gasto público agrícola. Por otra parte, también da cuenta de cómo el Tratado de Libre Comercio ha tenido un fuerte impacto en los agricultores más pobres y siete millones de ellos han dejado de practicar la agricultura con pérdidas anuales de mil millones de dólares. El relator previene sobre el grave riesgo que significa para México la siembra de maíz transgénico para la alimentación y para la agrodiversidad, por ser el centro de origen de esta planta.

El diagnóstico señala que mientras en 2006 el 13.8 por ciento de las personas padecía de pobreza alimentaria, en el 2008 la cifra aumentó al 18.2 por ciento de la población. Recuerda el informe que éste es un fenómeno esencialmente rural donde vive el 80 por ciento de la gente con niveles de alta o media marginación, y es también un fenómeno que se agudiza en los indígenas donde el 30 por ciento de los niños sufre malnutrición, mientras que en los niños no indígenas es el 10 por ciento. Otro aspecto importante del informe es la forma en que los cambios de dieta han ocasionado la obesidad que afecta a 7 de cada 10 mexicanos, y se agudiza en los más pobres. La obesidad y el sobrepeso son ya un grave problema de salud pública y además significan un importante rubro del gasto médico en el país. El relator también advierte el impacto de los megaproyectos por la pérdida de tierras de cultivo en las comunidades afectadas, es el caso de la presa El Zapotillo, zona visitada por De Schutter, quien dejó claro el riesgo que la obra significa para el derecho a la alimentación de los habitantes que serán desplazados.

El relator reconoce en su informe el avance que significa la reciente inclusión en la Constitución mexicana del derecho a la alimentación, sin embargo lo señala como insuficiente, por ello propone mejoras en el marco legal a fin de diseñar una estrategia nacional para hacer real y efectivo el derecho a la alimentación. El relator reconoce también la instauración del Acuerdo Nacional de Salud, pero enfatiza con claridad sus limitaciones por su carácter no vinculante y da cuenta de las presiones ejercidas en él por la industria agroalimentaria, que centra la responsabilidad solamente en el consumidor y no en los aspectos estructurales del sistema alimentario en su conjunto.

Olivier de Schutter concluye su informe señalando cuatro elementos de una estrategia nacional para garantizar el derecho a la alimentación en México: el apoyo a la producción agrícola local para aumentar la disponibilidad de alimentos; el aumento en la accesibilidad de los alimentos combatiendo la pobreza urbana y rural; el fortalecimiento de una alimentación adecuada con dietas saludables y la apuesta en la sustentabilidad, donde se encuentra el futuro del campo y de la alimentación en México.

Las propuestas del relator de la ONU proporcionan bases para el diseño de políticas públicas que realmente mejoren la crítica situación alimentaria en México y coinciden con muchos de los aspectos que desde hace tiempo trabajan diferentes movimientos sociales. Algunos ejemplos son: el lobby para incluir el derecho a la alimentación en la constitución, la lucha contra la comida chatarra, los esfuerzos para proteger el maíz criollo contra los transgénicos, el avance de la agricultura sustentable, y el incremento de los consumidores responsables. Sin embargo, la triste realidad nos muestra por un lado la indiferencia de las autoridades ante las propuestas de organismos globales como la ONU, y por el otro, su desprecio hacia todo tipo de iniciativas de la sociedad civil. Ante ello, no queda sino continuar en la construcción y exigencia de alternativas desde los ciudadanos y ciudadanas. Aun siendo un camino arduo y lleno de dificultades, el informe de la ONU alienta profundamente y fortalece el saber que no estamos tan errados en nuestra forma de buscar un mejor futuro para este atribulado país.

Fuente: La Jornada de Jalisco