El jueves, el director adjunto de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA,
por sus siglas en inglés), John Inglis, compareció ante el Senado y
reconoció que la recolección masiva de los registros telefónicos de
millones de estadounidenses, realizada bajo el aval de la Sección 215 de
la Ley Patriota, ha sido clave para detener solamente un complot
terrorista, no docenas de ellos, como previamente habían alegado otros
funcionarios. Anticipándose a esta audiencia en el Senado del miércoles,
el gobierno de Obama desclasificó tres documentos relacionados con sus
actividades de vigilancia, fuertemente censurados. Pero la Casa Blanca
aún se niega a dar a conocer los documentos que contienen los argumentos
jurídicos que habilitan el operativo de espionaje masivo y las
resoluciones originales del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia
Extranjera (FISC, por sus siglas en inglés) en las que se basó la orden de recopilar los datos de los registros telefónicos.
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