Senado: el beneficio de la certeza

Senado: el beneficio de la certeza

JOHN M. ACKERMAN

La verdadera democracia no se construye con discursos grandilocuentes, acuerdos cupulares y “buenas maneras”, sino a través de acciones cívicas y pacíficas que sin tregua ni claudicación ataquen de frente las tan arraigadas tendencias autoritarias de nuestra cultura y práctica políticas. Solamente de esa forma los mexicanos conseguiremos evitar el total hundimiento de la transición democrática del país.

La respuesta que Porfirio Muñoz Ledo dio al informe de Ernesto Zedillo de 1997 representó un momento histórico precisamente porque rompió con todas las formas del viejo régimen de partido de Estado. Súbitamente, con el inicio de la LVII Legislatura, el pueblo mexicano se dio cuenta de que el “emperador” no solamente carecía de su capa de terciopelo, sino que realmente estaba desnudo. En su lugar, el Congreso de la Unión se erigió como garante de la pluralidad y la legalidad del país.

Un acto histórico similar ocurrió el lunes pasado, cuando el senador Pablo Gómez interrogó magistralmente y de forma directa al ahora procurador Arturo Chávez durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia: “¿Qué clase de órdenes aceptaría usted del presidente de la República?”; “¿cómo organizaría a la Policía Ministerial?”; “¿usted podría definir el concepto de ‘control de la delincuencia’?”; “¿nos podría usted brindar una definición sociológica de delito?”; “¿nos podría explicar la diferencia entre los conceptos de crimen y delito?”; “¿cuál es su visión de las ‘nuevas formas de criminalidad’ en la sociedad actual?”; “¿cuáles son las causas jurídicas, sociales, económicas y culturales del narcotráfico?”; “¿usted podría probar que la mariguana produce adicción?”; “¿usted considera que el delito de aborto voluntario implica un daño social o sólo expresa una reacción social?”.

Los otros senadores de la Comisión de Justicia se molestaron por el atrevimiento del senador Gómez para romper con el protocolo supuestamente basado en un “respetuoso” intercambio de puntos de vista. En lugar de los discursos vacíos de los otros legisladores, Gómez hizo la “grosería” de someter a Chávez a un verdadero interrogatorio democrático. El senador priista Fernando Jorge Castro Trenti comentaba escandalizado: “Nunca habíamos tenido la experiencia que (hoy) tenemos con un pliego de preguntas”.

Chávez, como era de esperarse, reprobó de manera escandalosa el examen del senador Gómez. Demostró su falta de preparación al intentar contestar apenas un par de las más de 20 preguntas que le fueron formuladas por el senador. El ahora procurador también fue obligado a confesar que impugnaría la constitucionalidad de leyes que permiten el aborto, aun a pesar de la más reciente resolución de la Suprema Corte en la materia. Asimismo, Chávez reveló que toleraría abiertas violaciones al debido proceso al admitir pruebas reunidas de manera ilegal por la procuraduría a su cargo.

En una democracia real y vigorosa, un desempeño tan pobre en una comparecencia pública sería un verdadero obstáculo para cualquier persona que quisiera ocupar un cargo de tan alta responsabilidad. Aun en un país con una democracia tan atrofiada como la de Estados Unidos, en el último año los legisladores del Partido Republicano han podido detener por meses docenas de nombramientos del presidente Barack Obama debido a problemas muy menores. Pero en México el patente fracaso público de parte del candidato a procurador general de la República no logró atrasar el nombramiento más que un par de días.

Con este primer nombramiento de la LXI Legislatura, la mayoría del PRI y del PAN en el Senado de la República ha demostrado que la transparencia y el debate público no serán prioridades a la hora de decidir quiénes ocuparán algunos de los cargos más importantes del Estado mexicano. En lugar de ejercer un papel de oposición democrática y responsable, parece que el PRI ha decidido apostar hasta la cabellera para entrar a la abierta negociación de puestos, cargos e influencias. Este tipo de actitudes desvanece por completo la ingenua idea de que el “nuevo” PRI podría ofrecer una forma diferente de gobernar el país.

Ya podemos vislumbrar lo que nos espera en el Senado en el proceso de ratificación de los nuevos comisionados del IFAI, así como para los nombramientos del titular de la CNDH, de los integrantes del Consejo de la Judicatura, del gobernador del Banco de México y de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En lugar de un proceso abierto y de cara a la ciudadanía, el país será testigo de un auténtico mercado de nombramientos donde los puestos clave se repartirán entre Felipe, Manlio Fabio y sus convidados.

Mientras tanto, los senadores de izquierda se encontrarán ante la disyuntiva de avalar estos nombramientos sin haber participado en su construcción o de cumplir con la necesaria tarea de exponer y transparentar las trayectorias y los compromisos de los candidatos. En el caso de la PGR, los senadores del PRD, del PT y Convergencia decidieron de forma congruente andar por el segundo camino. Si los candidatos para los otros puestos tienen el mismo corte que el procurador Chávez, los senadores de la verdadera oposición harán un gran servicio a la democracia mexicana al emular el ejemplo de dignidad legislativa del senador Pablo Gómez, quien al terminar su intervención nos recordó que “el Senado no puede darle a nadie el privilegio de la duda; el Senado no está para las dudas, sino para tener certezas”.

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