Compraron el cielo, les entregaron el infierno

Compraron el cielo, les entregaron el infierno

José Gil Olmos y Pedro Matías

Les vendieron unos terrenos en las afueras de Huatulco y los hicieron pagar por adelantado. Después, los refundieron en una zona de barrancas llenas de ratas, víboras y alacranes, y ahí los dejó Alfonso Mireles –el empresario que los engatusó y se embolsó 30 millones–, hacinados en minúsculas barracas. Los defraudados, trabajadores de la zona hotelera, demandan la solución a su problema y señalan como cómplices del fraude a las autoridades municipales de Huatulco y al exdirector del Fonatur Miguel Gómez Mont.

HUATULCO, OAX., 18 de agosto (Proceso).- Los cuartuchos son de madera y láminas fabricadas con envases de leche y latas de refresco. Sólo algunos tienen paredes o piso de cemento. De lejos lucen como una montaña enmarañada en cables de electricidad, pero de cerca conforman una ciudad pestilente de callejones laberínticos, andadores de tierra y lodo, agua sucia fluyendo al aire libre entre cientos de módulos a los que han sido confinadas por las autoridades 700 familias pobres. En algunos casos hasta siete personas habitan esos espacios de apenas cinco por cinco metros.

Hace seis años, al empezar el gobierno de Ulises Ruiz, todas esas familias pagaron entre 30 mil y 55 mil pesos por terrenos de 120 metros. El ingeniero Alfonso Mireles fue quien les vendió y cometió un fraude estimado en más de 30 millones de pesos en el que, además, están implicados la Presidencia Municipal de Santa María Huatulco y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), dirigido entonces por Miguel Gómez Mont, hermano del exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Mont.

Casi 45 hectáreas localizadas cerca del pueblo de La Crucecita fueron donadas al municipio en dos partes, en 2004 y 2007, por el gobierno federal a través del Fonatur para fraccionar los terrenos en los que se construirían viviendas de interés social para los trabajadores de la zona hotelera.

Han pasado seis años y sobre estas tierras en breña no se han levantado las casas prometidas; en cambio siguen creciendo las barracas de los trabajadores de la zona turística de Huatulco que llegaron con el sueño de una vida mejor.

El fraude

La historia de este fraude comienza cuando el entonces alcalde huatulqueño José Humberto Cruz Ramos inexplicablemente entregó las tierras al ingeniero Alfonso Mireles, quien, de acuerdo con los contratos 13 098 y 13 700, firmados en septiembre de 2007 con el ayuntamiento ante el notario Gilberto Gamboa Medina, se comprometió a dotar de servicios el área prevista para la vivienda y vender lotes de 120 metros a precios accesibles para los colonos.

Gamboa Medina es uno de los personajes que están siendo investigados por la venta de notarías durante el gobierno de Ulises Ruiz. De acuerdo con la averiguación previa 1819/A.E.I./2009, radicada en la Visitaduría General de la Procuraduría de Oaxaca, serían nueve las notarías que se habrían vendido a precios que fueron de 8 a 10 millones de pesos.

Mireles, en tanto, en lugar de fraccionar los terrenos pidió a las familias que depositaran en su cuenta bancaria los abonos hasta saldar el adeudo; les advirtió que si tenían un retraso les cobraría intereses y si tardaban más de tres meses en depositar se invalidaría el acuerdo. Para que se sintieran seguros les daba una sencilla hoja firmada por él y con el logotipo de su empresa, Servicios Topográficos y Asesoría. Eso era todo.

Juan Antonio Hernández, representante de los defraudados, recuerda que el alcalde Cruz Ramos les firmó una minuta en la que se comprometía a entregarles los terrenos por 55 mil pesos a pagar en 10 años. “A algunas personas se les respetó ese acuerdo, pero a otras les dieron cinco años. A nosotros nos decían: vayan a depositarle a este señor Mireles, pero éste se encargaba de subirle el precio (al lote) sin respetar el acuerdo. Además era prestanombres porque utilizó la maquinaria del municipio dizque para urbanizar”.

El negocio le dio frutos de inmediato: los lotes se agotaron y según cálculos extraoficiales Mireles se embolsó 30 millones de pesos sin ensuciarse las manos.

Mientras hacía negocios con la especulación inmobiliaria, apoyado por las autoridades municipales, el supuesto empresario constructor mandó a las familias a ocupar lotes de tres, cuatro y hasta cinco metros en una zona en breña con la promesa de que pronto les entregaría sus terrenos.

Sobre este pedazo de tierra, sin más drenaje que el declive propio del cerro, donde pululan serpientes, ratas e insectos venenosos, comenzó a crecer una ciudad perdida hecha de covachas que contrasta con la opulencia de los hoteles de Huatulco.

“Vivimos en la miseria, como en cajas de cigarros, uno encima del otro”, dice molesto José Juan Briceño, albañil, al recordar que cada una de las familias pagó 30 mil pesos por un terrenos de 120 metros cuadrados en esta zona que era propiedad de Fonatur y que está en una loma a un kilómetro del exclusivo desarrollo turístico de Huatulco.

El negocio impune

Creado en 1984 por decreto del presidente Miguel de la Madrid como el gran proyecto turístico de su sexenio, el desarrollo de Bahías de Huatulco se ha rezagado al paso del tiempo en comparación con Cancún, Nuevo Vallarta, Ixtapa y otros destinos de playa.

A pesar de ello La Crucecita –población creada ex profeso para dar espacio a los trabajadores de Huatulco– creció y se formaron asentamientos irregulares a su alrededor.

En un intento por resolver este problema, en 2003 el ayuntamiento le compró al Fonatur 8.4 hectáreas, según consta en las actas de la sesión extraordinaria del cabildo firmada por el entonces presidente municipal José Ifigenio Hernández Ramírez.

Con la llegada de las nuevas autoridades municipales se organizó un padrón de asentamientos irregulares para tener un censo de la demanda y para 2004 comenzó el fraude encabezado por Norberto Aragón Ogarrio, concuño del recién elegido presidente municipal José Humberto Cruz, quien junto con Mireles se encargó de iniciar el proceso de notarización y la venta de los terrenos, aun cuando éstos no les habían sido entregados.

De acuerdo con documentación oficial, en una sesión de cabildo del 15 de octubre de 2004 se autorizó al presidente municipal interino, Javier Cárdenas García –quien sustituyó a José Humberto Cruz que a su vez buscaba insertarse en el grupo de incondicionales del gobernador Ulises Ruiz y del legislador federal Héctor Pablo Ramírez Puga; a la postre lo logró y obtuvo una diputación–, a entregarle al ingeniero Mireles las tierras que comprarían al Fonatur en 12 millones de pesos.

El 20 de mayo de 2005 se concretó la compra de esta superficie y se firmó el contrato en el cual el alcalde Cárdenas se comprometía a pagar en tres exhibiciones (a lo largo de un año) al Fonatur la deuda de 12 millones; la tierra se vendería en 61 lotes de 120 metros a 140 pesos el metro cuadrado, con el fin de construir vivienda social.

A pesar de que no se pagó el adeudo, Mireles siguió con la comercialización de las ocho hectáreas donadas por el gobierno federal.

A pesar de que Mireles y los funcionarios del ayuntamiento no entregaron la tierra prometida a los colonos, el 7 de mayo de 2007 el Fonatur, dirigido entonces por Eduardo Miguel Ángel Gómez Mont Urueta –cesado el 29 de junio pasado por un escándalo que protagonizó en el Mundial de Sudáfrica–, entregó al municipio otras 36.813 hectáreas para vivienda popular, terreno valuado en 26 millones 933 mil 640 pesos.

El contrato 13 214, firmado por Gómez Mont y el alcalde Javier Cárdenas García ante el notario público número 66, Gilberto Gamboa Medina, indica que el Fonatur entregó las tierras para que se “complementaran los programas habitacionales de interés social” del municipio mediante “procedimientos claros y transparentes”. La condición era que si las autoridades municipales no cumplían con el acuerdo se les rescindiría el contrato sin mediar proceso judicial.

Pero las autoridades huatulqueñas sólo tuvieron en sus manos las tierras entregadas por el Fonatur cuatro meses y las entregaron nuevamente a Mireles.

De acuerdo con el contrato 13 698 firmado por el notario Gilberto Gamboa Medina, personaje ligado al gobernador Ulises Ruiz, el alcalde Cárdenas donó a titulo gratuito y de manera irrevocable 11.8 hectáreas de las 36.8 que en total entregó Fonatur a condición de construir vivienda de interés social.

Según este documento fechado el 24 de septiembre de 2007, el municipio donaría 15 hectáreas a la empresa Casas GEO y las 10 restantes a una empresa constructora por definir.

“Con esto se le dará atención a las demandas inaplazables de los habitantes de este municipio y empezaremos a solucionar la demanda social de vivienda que tienen un rezago ancestral”, señala el presidente municipal al precisar que la entrega de los terrenos a las desarrolladoras es a condición de que las casas y terrenos tengan “un precio bajo y real en el mercado, al alcance de los más necesitados”.

Pero a tres años de las firma de este contrato, en los terrenos donados por Fonatur y explotados por Mireles no hay ninguna casa y sólo se ven las barracas construidas en desorden en el monte.

Villas Doradas

La tierra prometida para construir sus casas se conoce como Sector H-3. Las 700 familias que ya pagaron lo acordado están atentas a que no vayan a revender los terrenos que ya son de ellos. En los últimos dos años han realizado protestas para que les cumplan lo prometido y algunas familias incluso invadieron una zona que era reserva ecológica y que el Fonatur donó al municipio para que ahí se levantaran las viviendas.

Simón Rodríguez, uno de los defraudados por la empresa Servicios Topográficos, dice con coraje que no sólo Alfonso Mireles debería estar en la cárcel, sino los demás funcionarios de Oaxaca con los que está asociado y que han robado millones de pesos.

Aquilina Romero, que vive con sus tres hijos y su esposo en un cuarto de cuatro metros, se queja de la usura de Mireles. “Nosotros le pagamos 6 mil pesos de intereses porque si nos atrasábamos nos aplicaba 8% mensual. Le pagamos todo y ahora no nos dan nuestro terreno”.

Los vecinos del Sector H-3 invitan a los reporteros a un recorrido por sus chozas. Muestran la miseria en la que viven. Los cuartos de hasta tres metros en los que fueron confinados y en los que tienen camas, estufa, refrigerador, ropero y hasta el baño en una esquina. Enseñan los riachuelos de aguas negras que corren por los andadores de tierra que serpentean por el monte de donde bajan serpientes, alacranes y ratas. Y en medio de todo, los niños jugando.

De uno de esos cuartos se asoma Griselda Flores y detrás su hijo Reynaldo. “Mi hijo se enfermó, tenía fiebre, vómito y diarrea. Lo llevé al Hospital Materno-Infantil de La Crucecita y un doctor no lo quiso atender cuando supo que venía del Sector H-3. Dijo que tenía una orden del gobierno de que no dieran atención a los “invasores” de los módulos. Le reclamé pero no me hizo caso y tuve que llevar a mi hijo con un médico particular”.

La respuesta es dura y represiva de parte del ayuntamiento, encabezado ahora por Miguel Ángel Olmedo Cárdenas, contra las familias que el pasado 23 de junio invadieron 2.5 hectáreas del área en disputa, como protesta por la presunta venta de las tierras que ellos ya compraron. Los intimidan y no toman en cuenta sus peticiones.

En cambio, las mismas autoridades municipales tienen detenida la construcción de las viviendas a pesar de que, conforme al contrato firmado con el Fonatur, ya se realizaron las licitaciones con las empresas constructoras de vivienda de interés social.

En mayo de 2008 se realizó la licitación de terrenos para desarrollar los primeros dos polígonos de las 36 hectáreas donadas por el Fonatur. Según documentos oficiales con fecha de octubre de ese año, en la licitación pública 001/2008 participaron cinco empresas y ganó Casas GEO. Sin embargo, los regidores se reunieron un mes después y desconocieron la licitación, lanzando una nueva convocatoria en la cual únicamente participó el Grupo Constructor de Infraes tructura, una compañía que tiene escasas referencias en el mercado de la construcción de vivienda.

Los colonos defraudados aseguran que los regidores Jorge Fredy Salinas Carmona y Jordi Masdefiol manipularon la licitación por un pago de 2 millones de pesos para que se la quedara Constructor, que ya tiene a su cargo algunos tramos de la carretera Oaxaca-Huatulco.

El 28 de enero de 2009, en conferencia de prensa, dicha empresa anunció la construcción de mil 684 casas con un costo aproximado de 195 mil pesos cada una, en los polígonos 1 y 2 del Sector H-3 de Huatulco.

El ingeniero David Jarquín y el arquitecto José Luis Quintana, representantes del grupo constructor, dieron a conocer un prometedor proyecto de urbanización del fraccionamiento que llamaron Villas Doradas, que tendría una planta de tratamiento, canales de salida del agua pluvial para evitar inundaciones, áreas verdes, estacionamientos, andadores para bicicletas y área comercial, con calles diseñadas para un futuro crecimiento de la ciudad.

Las casas estarían construidas con el sistema dúplex, con sala, comedor, cocina, baño, recámara y jardín como base, con opción de crecimiento hacia un segundo nivel.

Ante los cuestionamientos de la prensa sobre las licitaciones, el director de Obras Públicas del ayuntamiento, José Humberto Ordaz Martínez, dijo que fueron transparentes, a través de una convocatoria publicada a escala nacional. Aseguró que ninguno de los miembros del cabildo tiene intereses dentro del proyecto.

A su vez, el ingeniero David Jarquín informó que el grupo constructor que desarrollará el proyecto de Villas Doradas está formado por tres empresas: Video Construcciones, Inmobiliaria Oxa y Grupo Constructor de Infraestructura.

“Serán viviendas dignas y seguras; los que estamos arriesgando el pellejo somos nosotros”, comentó molesto el representante de la empresa desarrolladora.

Pero año y medio después del anuncio rimbombante, Villas Doradas sigue siendo solamente una promesa. En los minúsculos terrenos siguen las casas de cartón y latas de leche armadas sobre la tierra y el agua contaminada, sin drenaje y sin luz.

En las pasadas elecciones del 4 de julio, el candidato del PRI al gobierno de Oaxca, Eviel Pérez Magaña, esperaba tener el apoyo de los colonos de los módulos. Incluso se comprometió a resolver el problema de los terrenos a cambio de sus votos. No obstante, el voto fue en contra; se la cobraron los defraudados. Tras la derrota electoral, el fraude millonario contra cientos de familias de La Crucecita ha salido de nuevo a flote.

Alfonso Mireles –identificado por los colonos como parte del grupo del diputado federal Hector Pablo Ramírez y del gobernador saliente, Ulises Ruiz– ya ha sido demandado por el fraude millonario.

Y ante el incumplimiento del compromiso del municipio de Huatulco de construir casas de interés social, el Fonatur ya esta previendo la recuperación de las tierras, con lo que dejaría al garete a 700 familias pobres que llegaron a este puerto en busca de una vida mejor.

Fuente: Proceso

Difusión AMLOTV