CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 5 diciembre. Organizaciones sociales de Guerrero junto con otras de Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Sonora, Baja California y Distrito Federal, se reunieron para analizar mecanismos de protección y seguridad y exigieron al Estado mexicano otorgue las garantías para que defensoras y defensores de derechos humanos puedan ejercer su trabajo sin ningún tipo de riesgo.
De igual forma, recriminaron las recientes intimidaciones y amenazas que han recibido diversos activistas en todo el país.
Por Guerrero participaron el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan; el Centro Regional de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón; el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Sembrador de la Esperanza, entre otras.
Este encuentro nacional se da “ante la necesidad urgente de construir mecanismos de protección para defensores y defensoras de los derechos humanos” e indicaron que hay preocupación por las diversas amenazas que enfrentan y por la falta de garantías mínimas para el ejercicio de su labor.
Las organizaciones analizaron las características fundamentales con las que debe contar un mecanismo gubernamental de protección a defensores, defensoras y periodistas, así como las medidas de protección de la sociedad civil para la protección de personas amenazadas y en situación de riesgo.
Los activistas destacaron el informe sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos en el país, que presento la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU-DH), el cual dijeron, “reafirma el alto grado de impunidad de las agresiones en contra de esta población y recoge el aumento respecto al año anterior de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar su seguridad”.
En tanto, la representación de la CNDH destacó que “es evidente que la omisión del Estado mexicano respecto de su obligación de garantizar la seguridad pública y humana, así como de efectuar una investigación efectiva y completa de los ataques en perjuicio de defensores genera impunidad y, con ello, la repetición crónica de las agresiones.”
Por ello, los organismos civiles externaron su “profunda preocupación” por las recientes amenazas de muerte contra integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Chiapas) y más recientemente contra activistas de la OPIM.
“El hecho de que continúen presentándose casos de tal gravedad hace urgente que el Estado concretice acciones efectivas que garanticen la seguridad y la labor de las y los defensores”.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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