ESTHELA DAMIÁN PERALTA
Dejar que el tiempo convierta en resignación el enojo popular, es la fórmula a la que suelen recurrir autoridades de los tres niveles de gobierno en torno a tragedias como la explosión ocurrida el pasado 3 de mayo en una mina de carbón en Sabinas, Coahuila, donde 14 trabajadores perdieron la vida.
El hecho obliga a remontarnos en el tiempo y traer a la memoria los mil 715 mineros fallecidos por accidentes de trabajo en aquella entidad, desde el inicio de la extracción de carbón en 1828. Han transcurrido 203 años y en ese lapso lo cierto es que los concesionarios han gozado de total impunidad.
El primer movimiento cohesionado de protesta por las condiciones infrahumanas que prevalecen en ese sector, surgió a raíz de la explosión ocurrida en la mina Pasta de Conchos en 2006, en donde aún permanecen los restos de 65 trabajadores.
Según el documento denominado “Panorama Minero de Coahuila”, editado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), a junio de 2010, las concesiones en el país llegaban a los 3 millones 251 mil 854 hectáreas, con 2 mil 34 títulos.
En dicho reporte, sobresale el caso de Coahuila que desde 2005 ha ocupado el primer lugar en la producción de carbón, hierro, celestita, sulfato de sodio, sulfato de magnesio, dolomita, rocas dimensionables, antimonio y bismuto, y el segundo lugar en barita, fluorita, bentonita, caliza y sílice, aunque en toda esa extensa producción solo se cuente con dos inspectores para supervisar las condiciones que imperan en las minas.
La muerte de los 14 mineros en el municipio de Sabinas es un tema que se abordó en lo que fue la primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde además de guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas, se exhortó a las autoridades a actuar con todo rigor para evitar que este tipo de accidentes vuelvan a ocurrir. Los legisladores también asumieron el compromiso de dar seguimiento al caso.
No pudo faltar el reclamo al gobierno federal por la impunidad que reina en la industria de la explotación minera en el país. Desde la oposición se demandó fincar responsabilidades a los servidores públicos que, en complicidad con los dueños de las minas, incumplen con las medidas mínimas de seguridad o de impacto ambiental.
No faltó quien insistiera en exigirle al secretario del Trabajo, Javier Lozano, en dejar su Twitter y su campaña por la Presidencia de la República, y enfocarse en su trabajo que es garantizar la seguridad de los trabajadores mexicanos.
Pero, ¿Qué pasa con las responsabilidades por lo ocurrido en Sabinas? No hay duda de que tiene que haber consecuencias no sólo administrativas, sino penales. No es suficiente dar disculpas a diestra y siniestra cuando se pierden vidas de mexicanos por falta de seguridad laboral.
El accidente que enlutó a 14 familias mexicanas obliga a asumir la responsabilidad de los servidores públicos que, en complicidad con las empresas, atentan contra la vida de cientos de trabajadores en las minas del país.
El PRD propuso ir a fondo hacia una reforma que regule la explotación de metales en México, actividad que se desarrolla en 22 entidades y en la cual trabajan 200 mil mineros, además de impactar con el 9% del Producto Interno Bruto al 2010.
Esta es una gran oportunidad para que en la Comisión Permanente se marche a paso firme rumbo a una reforma en este sector, ello bajo la premisa de que los accidentes en las minas nunca más tengan su origen en la negligencia, en la complacencia, en la corrupción
¿Dónde estaban las autoridades responsables de advertir que en Sabinas se trabajaba de manera ilegal? Es evidente que alguien es responsable de la muerte de los 14 mineros, todos mexicanos que trabajaban para vivir, y también del destino futuro de sus viudas, sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus familias, sus amigos, sus compañeros.
No, no hay lugar a la confusión. Los familiares de las víctimas merecen todas las indemnizaciones exigibles del caso. Lo que todos los mexicanos no merecen es que los causantes de su muerte permanezcan impunes, nada más que insistir que la impunidad es el mal mayor que afecta a México.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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