MÓNICA CAMACHO
Los primeros días de gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas quedaron empañados por el despido masivo de personal en las dependencias del estado, así como la negativa a sancionar a los verdaderos responsables de la corrupción que se registró en el sexenio anterior, criticó el coordinador del grupo parlamentario del PT, Zeferino Martínez Rodríguez.
En tribuna del Congreso local afirmó que los errores se encubrieron con la promoción mediática del “Programa de Cien Días”, con el cual Moreno Valle pretende “congraciarse con la ciudadanía”, aunque es una herramienta que no sirve para medir los resultados de una gestión.
Para evaluar de forma responsable al titular del Poder Ejecutivo local, señaló, debemos analizar el cumplimiento de sus facultades, derechos y obligaciones, no el discurso político ni mediático.
En ese sentido, manifestó que el Poder Legislativo, los ayuntamientos y los ciudadanos se encuentran a la espera de que se promulgue el Plan Estatal de Desarrollo 2011–2017, ya que es el “verdadero instrumento legal y obligado” en el que se podrá discernir la visión y estrategia de acción del gobierno estatal.
Un gobierno de claroscuros
A escasos días de que Rafael Moreno Valle presente los resultados de sus primeros 100 días de gobierno, acto que se programó para este miércoles, Zeferino Martínez reconoció que la administración ha tenido aciertos, como la promoción turística del estado, así como la gobernabilidad y tranquilidad social durante del periodo de transición, sin embargo, también identificó fallas que deben ser corregidas para que el mandatario local se legitime ante el electorado.
A su parecer, no se tomó en cuenta a los funcionarios aptos y de trayectoria probada en la conformación del gabinete y la planilla de trabajadores del gobierno, omitiendo con esto el Servicio Civil de Carrera que el Ejecutivo tiene la obligación de cumplir por mandato constitucional.
Además, el también presidente estatal del PT aseveró que los despidos masivos que se orquestaron en las dependencias estatales con el cambio de gobierno se propagaron a los ayuntamientos, en detrimento de la modernización y los servicios que se ofrecen al público.
Sobre las acciones legales que se emprendieron contra empresarios y constructores que fueron favorecidos durante la gestión del priista Mario Marín Torres, Zeferino Martínez afirmó que es una “buena señal de que no se tolerarán viejos compromisos”.
No obstante, consideró que los desalojos, cancelación de comodatos y litigios jurídicos que se han llevado a cabo no se encuentran plenamente justificados, ya que se orientaron a personajes secundarios y no hacia “los verdaderos responsables” de las irregularidades; es decir, los ex funcionarios marinistas.
A la par, acusó que el gobierno estatal no ha firmado convenios con los ayuntamientos para el inicio de diversas obras, mientras que las delegaciones de la administración no operan de manera genérica y formal, ocasionando inoperancia en el interior del estado.
Fuente: La Jornada de Oriente
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