SILVIA NúñEZ ESQUER
HERMOSILLO, Son., 8 de junio (apro-cimac).- El polvo y el humo siempre fueron los problemas de la Y Griega. "La peste por el rastro, cuando molían los huesos, no dejaba dormir", afirman fundadoras de la colonia Y Griega, ubicada al sur de Hermosillo, donde el pasado viernes 5 murieron en un incendio 44 niñas y niños.
Instalada en terrenos ejidales, la Y Griega es una colonia de mujeres y hombres trabajadores, donde los "hoteles de paso" proliferaron y ahora forman parte del panorama urbano.
Ubicada cerca del parque industrial más grande de Hermosillo, el tránsito foráneo recorre por fuerza la periferia de la colonia, en el camino del norte al sur.
Mujeres trabajadoras de la maquila, algunas madres solteras, son quienes habitan el rumbo y, por consiguiente, quienes buscan un lugar seguro para dejar a sus hijas e hijos cuando van a trabajar.
Todavía sin pavimentar, las calles de la Y Griega acogen bodegas, talleres y parqueaderos de traileres. Las refaccionarias de transporte rudo son el panorama común.
En colindancia con el Periférico Sur, donde hace 30 años terminaba la ciudad, la Y Griega se recordará desde hoy como el sitio de la peor tragedia conocida en el país por la cantidad de muertes evitables de niñas y niños.
Las guarderías del panismo
Apenas a las 12:00 horas del pasado viernes, al presentar su libro El expediente Bours, el periodista Álvaro Cepeda Neri decía del gobernador Eduardo Bours Castello: "Es llamado el Hood Robin, porque le roba a los pobres para darle a los ricos".
Tres horas después, la locura del infierno confirmaría parte de esto. La guardería-bodega incendiada pertenece al sistema de estancias infantiles concesionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y apoyadas económicamente por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Los dueños, emparentados con Felipe Calderón y con la familia Bours Castelo, se han beneficiado del sistema que paga aproximadamente 700 pesos mensuales por cada niña o niño inscrito en estas guarderías.
Aunque no es la primera vez que muere un niño en una de las guarderías del sistema Sedesol, es ésta la más impactante, por la cantidad de fallecidos, 44 hasta el momento.
La forma vertiginosa en que se revelaron las condiciones en que se otorgan permisos sin salvaguardar la integridad de los usuarios, tiene en la mira a las instituciones que permiten operar a un centro con más de 100 personas indefensas y con las mínimas condiciones de seguridad que respondan de manera óptima a los posibles riesgos.
Hasta ahora, la Secretaría de Salud, Protección Civil, el Ayuntamiento de Hermosillo, el gobierno del estado, Sedesol e IMSS han dicho que la guardería ABC, subrogada del IMSS, contaba con todas las condiciones adecuadas para operar, incluidos los permisos necesarios.
No obstante, han callado a las preguntas: ¿Por qué sólo había una puerta angosta supuestamente de emergencia, cuyo sistema eléctrico impidió que se abriera rápido? ¿Por qué la guardería opera a menos de una cuadra de una gasolinera, que por cierto los vecinos se opusieron a su instalación?
Y más: ¿Quiénes son los responsables de otorgar los permisos? ¿Qué hacía la guardería ubicada pared con pared con una bodega donde se guardaba combustible, en la cual empezó el incendio? Bodega que, por cierto, es de la Secretaría de Hacienda.
Las respuestas apuntan a la irresponsabilidad para beneficiar a ciertas personas, a costa de la población pobre. El sector de la Y Griega es periférico a la ciudad. Es un paso de transporte pesado. En ella hay bodegas, almacenes, refaccionarias…
La guardería misma, hasta hace unos años, se utilizaba como bodega de un comercio que vende muebles en abonos, llamada Citlali. Por eso su pared es compartida con otros almacenes. La adecuación para guardería no cubrió los mínimos requerimientos para ser utilizada como estancia infantil.
El propio alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara, informó que en 2001 el edificio donde se instaló la guardería ABC obtuvo el permiso de uso de suelo como "mixto", por lo que puede operar como vivienda o como comercio.
Tal era, al parecer, el significado que tenía la guardería: un negocio en donde se optimizaron gastos para hacerlo más redituable, a costa de vidas humanas.
Sin patio, sin ventanas y con sólo una puerta de emergencia, cuyo sistema eléctrico ante la emergencia se resistió a abrirse, reflejan el horror de descubrir la negligencia de los gobiernos de los tres niveles, que manejan las guarderías como un sistema de franquicias concesionadas a sus familiares y allegados.
Normas oficiales ignoradas
La NOM-167-SSA1-1997, para la prestación de servicios de asistencia social para menores de edad y adultos mayores, define que son necesarias puertas de salida de emergencia con la dimensión necesaria y dispositivos de fácil operación, lo que contradice la realidad de la guardería ABC.
También especifica que en muros no se deben utilizar materiales inflamables o que produzcan gases y humos tóxicos. En la guardería ABC su techo de lámina estaba recubierto de poliuretano, altamente inflamable, que en segundos se convirtió en una lluvia de fuego que cayó sobre los niños.
Por su parte, la norma que reglamenta las estancias infantiles del IMSS, dice que el personal de la guardería deberá vigilar permanentemente que no existan al alcance de niños y niñas factores de riesgo que afecten su integridad física.
Esto no pudo cumplirse, ya que sólo se toma en cuenta el interior del inmueble, más no los inmuebles contiguos de los que sólo los separa una pared. Además, se indica que se deberá cumplir con lo determinado en el programa de Protección Civil de cada entidad.
El reglamento de la Ley de Protección Civil de Sonora dice que el "agente destructivo de origen químico-tecnológico" son los fenómenos perturbadores generados por la acción violenta derivada de la interacción molecular o nuclear de diferentes sustancias, ligados al desarrollo industrial y tecnológico, y afecta principalmente a las grandes concentraciones humanas e industriales; son fenómenos destructivos, tales como incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas y radiaciones.
De igual forma, define "análisis de riesgo" como la técnica que, con base en el estudio de las condiciones físicas de un edificio u obra, de sus contenidos y sus ocupantes, determina el nivel de peligro o exposición a emergencias, siniestros o desastres del mismo, así como las probables afectaciones externas a la población, sus bienes, entorno e instalaciones vecinas.
En la guardería ABC se ha jugado con esto. El director de Protección Civil municipal, Roberto Copado Gutiérrez, admitió que la última revisión y práctica de simulacro de evacuación se realizó en junio de 2008, pese a que la ley en esa materia señala que debe hacerse por lo menos cada seis meses.
El "riesgo inminente", en tanto, se define como la probabilidad de que se produzca un daño, originado por un agente destructivo en forma inmediata o en un plazo tan breve, que no permita la imposición de medidas correctivas, de tal manera que amenace con un siniestro, emergencia, desastre o acción susceptible de causar daño o perjuicio a las personas en su integridad, vida, sus bienes y entorno.
También dice que las unidades internas de Protección Civil deberán "identificar los peligros internos y externos a los que están expuestos los inmuebles y realizar el análisis de riesgo correspondiente".
Para los efectos del Artículo 37 de la mencionada ley, se entenderá que tiene capacidad de afluencia masiva cualquier inmueble o edificación que por sus dimensiones pueda recibir o contener a 50 o más personas o que en el mismo, durante un periodo de 24 horas, circule ese mismo número de individuos, donde se incluirán las personas que trabajen en el lugar. Y en la guardería había 176 niños, más el personal.
Se considerarán como instalaciones, áreas y ocupaciones de alto riesgo, aquellas en las que se "almacenen o distribuyan gases o líquidos inflamables o combustibles". En el caso de la guardería ABC era como si el combustible estuviera en el mismo edificio, puesto que los separaba de él sólo una pared.
Todas las disposiciones de la Ley de Protección Civil de Sonora están hechas bajo el supuesto de una edificación normal, no de una bodega adaptada para guardería.
Corresponsabilidad del gobierno estatal
En agosto de 2006, el gobierno de Sonora dio a conocer, sin más explicación, que los centros de desarrollo infantil Fernanda Luken de Obregón y Beatriz Velazco de Alemán, operados por el DIF estatal, cerraban sus puertas, para dar paso a la operación de 28 "casas de apoyo", servicio prestado por particulares en casas dispersas por la ciudad.
Los nuevos centros de cuidado de niñas y niños, con la vieja técnica de "cuidar niños", dieron al traste con la profesionalización que se había logrado a partir de los años setenta, al crecer el sistema de centros de desarrollo infantil.
Poco después se dio a conocer que también el centro de desarrollo infantil de la colonia Adolfo de la Huerta, del DIF, cerraba sus puertas a las niñas y los niños, dejando así a cerca de 900 de ellos a la deriva.
Muchas de las madres trabajadoras regresaron a la incertidumbre de dónde dejar a sus hijos, por lo que muchas optaron por dejarlos en las casas de apoyo, sin ningún tipo de certificación que garantizara un cuidado profesional.
Otras tantas vieron como una oportunidad, con más tranquilidad, el ingresar a sus pequeños en las guarderías del IMSS, pues suponían que estarían mejor supervisadas.
Según el director del IMSS en Sonora, hoy existen 88 guarderías, de las cuales 79 están dentro del esquema de subrogación y sólo nueve bajo el régimen ordinario.
Ante ello, el gobierno del estado nunca dio una explicación a la sociedad, y los centros se convirtieron en oficinas, con lo que se abonó al desastre que el viernes pasado conmovió al mundo.
Crimen de Estado, violación de normas
Irónicamente, el objetivo del programa de estancias infantiles de Sedesol establece que busca disminuir la vulnerabilidad de los hogares en los que la jefatura de una familia con niñas o niños de entre uno y 2 años 11 meses de edad recae en una madre trabajadora o padre solo, así como de los hogares cuyo ingreso sea menor a seis salarios mínimos en el momento de solicitar el apoyo, aumentando las posibilidades de éstos de participar en el mercado laboral.
Así mismo, en la modalidad de apoyo a madres y padres trabajadores, en los hogares cuyo ingreso sea menor a seis salarios mínimos, con al menos un niño o niña de uno a 2 años 11 meses de edad, en los que las madres o padres o principales cuidadoras trabajan o están buscando trabajo y no tienen acceso a servicios de guardería o cuidado infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios.
Establecidas por este programa, las guarderías del IMSS dan servicio directamente a la población de menores ingresos. Para ser usuaria de estas guarderías, la persona solicitante deberá estar en condiciones de pobreza, y que la guardería o estancia infantil esté ubicada en una zona de alta concentración de pobreza o marginada.
Los niveles de ingreso de las usuarias parecen directamente relacionados con el escaso nivel de atención a la organización y prestación del servicio que, más lejos del beneficio, se tornó en tragedia.
Por eso las palabras del director del IMSS, Daniel Karam Toumeh, sobre la supuesta revisión que se hizo a la guardería ABC –que "cumplía con todos los requisitos", el pasado 26 de mayo–, resultaron un insulto para la irritada población hermosillense.
Socias y socios del poder
La subrogación, como forma de eludir responsabilidades para con las mujeres trabajadoras, y negocio redituable para las familias adineradas, no pudo, sin embargo, ocultar la identidad de socias y socios dueños de esta guardería ABC.
Al dar a conocer públicamente sus nombres a través de un comunicado del gobierno del estado y luego en diarios locales y hasta en un video en Youtube, se reveló que los dueños son prominentes sonorenses no sólo por su posición económica, sino también por sus nexos políticos con Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, y de Eduardo Bours, gobernador de la entidad.
Como lo dio a conocer ayer el Registro Público de la Propiedad en Sonora, son dueños Sandra Lucía Téllez Nieves, esposa (según la prensa local) del subsecretario de Ganadería del gobierno sonorense, Alfonso Escalante Hoeffer, quien es cuñado de Ricardo Mazón Lizárraga, otro famoso empresario en la entidad, muy cercano al gobernador Eduardo Bours y a su hermano Ricardo.
También aparece como dueña Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, quien sería sobrina de Margarita Zavala.
Según medios locales, Altagracia es hija del empresario Roberto Gómez del Campo, dueño de empresas vinculadas con la atención a la niñez, como el patronato La Burbuja y el Museo del Niño en la entidad, y tío directo de la esposa de Felipe Calderón.
Por otro lado, la madre de Altagracia Gómez figura como representante legal de la Sociedad de Damas de la Caridad IAP (Casa San Vicente), que alberga a indigentes enfermos de tuberculosis.
En el Registro Público de la Propiedad se nombró también a Gildardo Francisco Urquides Serrano, empresario del ramo turístico, secretario de Finanzas del PRI estatal e integrante del Consejo Consultivo del Infonavit.
No era ésta, sin embargo, la única guardería que opera esa razón social, hay más en el estado con el mismo esquema: habilitar bodegones, pues resulta más económico que hacer una nueva construcción con todas las especificaciones de funcionalidad y seguridad.
Ante tales evidencias, el mejor homenaje que pudieran tener las niñas y niños fallecidos es la aplicación de la justicia a los responsables de que una doctora gritara, ante madres y padres afligidos: "Tenemos una niña sin identificar, que tiene sus uñitas pintadas de verde".
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