Desde la llegada del panismo a la Presidencia, la Secretaría de Economía ha venido “flexibilizando” sus políticas en beneficio de 628 proyectos mineros de 257 compañías trasnacionales (198 canadienses) y sociedades de inversión con participación extranjera. Documentos de la Secretaría de la Función Pública revelan riesgo de corrupción; al tiempo, la Auditoría Superior de la Federación alerta un desvío de 17 millones 640 mil pesos (25.3 por ciento) en el control de concesiones
En 2008, durante su Segundo Informe de Gobierno, Felipe Calderón expresó que, según la Encuesta compañías mineras 2007/2008, elaborada por el Instituto Fraser, de origen canadiense, México calificó en el primer lugar de potencial minero en el ámbito internacional.
En la encuesta aplicada a 3 mil compañías dedicadas a la exploración, explotación y otras actividades relacionadas con la minería, el Instituto Fraser también consideró que este país ocupa el lugar 28 (de 100) respecto del potencial político. Éste, “quizá –cita el documento–, es el más importante indicador que busca medir la totalidad de las políticas y su atractivo para la inversión”.
De 2002 a 2008 la Secretaría de Economía (SE) ha constituido el marco jurídico, legal y administrativo –brindando confidencialidad– en beneficio de 628 proyectos administrados por 257 compañías de origen extranjero; 198 canadienses, que representan el 77 por ciento.
Mario Patrón, investigador y colaborador del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, asegura que con las reformas a la Ley Minera el gobierno mexicano buscó otorgar certeza jurídica y económica a las compañías extranjeras. “Es la flexibilización de las leyes para permitir la sobreexplotación de recursos naturales y abrir aún más el mercado. El auge de la explotación extranjera en el país no cumple con una política pública integral que beneficie a la población mexicana”.
De las últimas reformas a la Ley de Minas destaca el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2005, por el que se constituyó un organismo descentralizado y de apoyo de la Secretaría de Economía, coordinado por la Dirección General de Minas (DGM): el Servicio Geológico Mexicano (SGM), que brinda atención e información a las compañías interesadas.
El investigador opina que con las reformas aprobadas “se golpeó a la pequeña y mediana industria, ya que a éstas les resulta más difícil cubrir los altos costos de los procesos y métodos de extracción. Se privilegió la entrada de grandes capitales de inversión de compañías extranjeras de manera directa, sobre todo las empresas canadienses”.
Para la Cámara Minera de México (Camimex) aún son siete los “retos políticos” que enfrenta la industria minera mexicana, expresan en un análisis de la empresa internacional Grupo Behre & Dolbear Inc que circula en una publicación interna.
Son “factores de riesgo” para la inversión: el sistema económico del país, el sistema político, el grado en el que los problemas sociales afectan a la minería, el grado de corrupción, el tiempo que se requiere en la obtención de permisos, la estabilidad del tipo de cambio y el régimen fiscal, según la Camimex.
El investigador Mario Patrón afirma que el marco jurídico es sumamente laxo. “Es el resultado de la determinación del gobierno. La Ley Minera tutela de facto que el Estado es el dueño y, por lo tanto, tiene el derecho unilateral de otorgar las concesiones”.
Así, en los dos últimos sexenios, de 2000 a 2008, se han otorgado un total de 22 mil 825 títulos de concesión –entre reasignaciones y nuevas concesiones– a empresas mineras en el país –45 millones 903 mil 311.24 hectáreas acumuladas– con un alto índice de participación y crecimiento de inversión internacional en la producción minera.
Además, la inscripción al Registro Público de la Minería –que actualmente cuenta con 1 mil 828 sociedades de inversión– se incrementó a más del 42 por ciento de concesiones mineras con capital extranjero, según el registro de la Secretaría de Economía: Principales indicadores de la administración de concesiones mineras 2007-2008.
Pero, para dos dependencias gubernamentales, las cifras y los procesos de asignación y operación de concesiones mineras, administradas por esa secretaría –a través de sus dos órganos descentralizados (la Dirección General de Minas y el Servicio Geológico Mexicano)– , muestran irregularidades.
En el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela un “desvío significativo” de 17 millones 640 mil pesos, 25.3 por ciento del control de operación y pagos por concesiones; mientras que la Secretaría de la Función Pública (SFP) considera que la administración pública de la Secretaría de Economía hace “factible” el riesgo de corrupción.
Se solicitaron entrevistas con María Jiménez Valverde, titular de la Coordinación General de Minas, y Andrés Fuentes, gerente de Difusión y Medios del Fideicomiso y Fondo Minero, pero no hubo respuesta. También, con Carlos Eduardo de la Cruz Ledezma, titular de la DGM, por conducto de Fernando Arias, de Comunicación Social de la Secretaría Economía, con igual resultado.
El superávit extranjero
De acuerdo con el reporte Estadísticas de inversión de empresas con participación extranjera en México, elaborado por la Secretaría de Economía, la DGM asegura que a septiembre de 2008 existían 257 empresas con capital extranjero operando en México que “manejan” un portafolio de 628 proyectos en total.
De las empresas extranjeras, la Dirección General de Minas apuntó que el 77 por ciento (198) tienen sus oficinas centrales en Canadá; 14 por ciento (36), en Estados Unidos; 2 por ciento (cinco), en Inglaterra; 1.5 por ciento (cuatro), en Australia; poco más del 1 por ciento (tres), en Japón; 1 por ciento, en China y Corea (dos); y una empresa por cada país en Suiza, Luxemburgo, Chile, India, Italia, Holanda y Perú.
En 26 estados de la república mexicana hay presencia de empresas con capital extranjero realizando trabajos de minería. Los proyectos, de mayor a menor número, se concentran en Sonora (154), Chihuahua (87), Durango (70), Sinaloa (66), Zacatecas (50), Jalisco (35), Oaxaca (31), Baja California (16), Nayarit (15), Guerrero (15), Guanajuato (11), Michoacán (10), Chiapas (nueve), Estado de México y San Luis Potosí (ocho), Coahuila (siete), Nuevo León (cinco), Puebla (seis), Querétaro, Baja California Sur y Colima (cinco), e Hidalgo (tres), señala el informe.
Del total de proyectos operados por empresas con capital extranjero en México, 549 (87.42 por ciento) se encuentran en etapa de exploración; 56 (8.92 por ciento), en producción; y 23 (3.66 por ciento), en desarrollo.
Aproximadamente, 426 proyectos (68 por ciento) están asociados a la extracción de oro y plata, considerados metales preciosos; 103 (16 por ciento), con polimetálicos; 77 (12 por ciento), con cobre; 17, con hierro (3 por ciento); y el resto, con otros metales y materiales, como germanio, platino, paladio, cobalto, amazonita, wulfenita, legrandita, ágata, wollastonitam tungsteno y otros.
De cifras de 2007 y reportes mensuales publicados en su portal de internet, la DGM expone que se expidieron en todo el país 2 mil 467 títulos de concesión y asignación minera que amparan una superficie de 135.9 millones de hectáreas, lo que alcanzó un saldo acumulado –en el mismo año– de 24 mil 442 títulos de concesión y asignación minera por una superficie total de casi 149 millones de hectáreas.
La doble nacionalidad de las mineras
Felipe Calderón, en su Informe de Gobierno de 2008, dijo que el 72.3 por ciento de la inversión minera era nacional, que provino de las empresas afiliadas a la Camimex, y el 27.7 por ciento correspondió a inversiones extranjeras.
Por su parte, en 2007 la Secretaría de Economía reportó en su Anuario estadístico de la minería mexicana ampliada que la inversión privada sumó 2 mil 156 millones de dólares y estuvo compuesta por el 70.96 por ciento nacional y el 29.04 extranjera, lo que representa 1 mil 530 y 626 millones de dólares, respectivamente.
En la misma evaluación, Economía expuso la conformación de 151 nuevas sociedades, lo que representa un incremento de 13.5 por ciento respecto del año anterior; de éstas, 74 con capital mexicano y 77 –más de la mitad– con algún grado de participación de capital extranjero.
Además, de las 73 sociedades inscritas durante 2007 en el Registro Público de Minería, 36 son de capital social mexicano y 37 cuentan con participación extranjera. En total, el registro cuenta con 1 mil 828 sociedades mineras acumuladas.
El investigador Mario Patrón dice que “en algunos proyectos mineros hay alianzas y fusiones con capitales extranjeros –sociedades de inversión–, como las empresas Peñoles o Grupo Industrial México; inversiones que sin duda tienen capital de diversos países y se acreditan como nacionales”.
La Secretaría de Economía informa que, de las 1 mil 755 acumuladas hasta 2007, 979 son mexicanas y 776 extranjeras; 55.7 por ciento y 44.2 por ciento, respectivamente.
“La mayoría de las veces, las empresas internacionales tienen subsidiarias registradas en el país, pero en realidad son parte de grandes compañías internacionales”.
México, del interés “iberoamericano”
En febrero de 2006 se estableció la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos (ASGMI) en Quito, Ecuador, ratificada en Bolivia el 10 de marzo del mismo año. Está integrada por 22 países adheridos a la Cumbre de Países Iberoamericanos.
La ASGMI “invita” a algunos miembros honorarios no iberoamericanos que “podrán tener” los mismos derechos y obligaciones que los otros. Canadá es el país honorario representado por su Servicio Geológico y su titular, Douglas Michael Ellerbeck.
México, que a partir de la reforma de ley aprobada en 2005 ya cuenta con el Servicio Geológico, también es reconocido ante “todos aquellos servicios gubernamentales de geología y minería de los países iberoamericanos” y se conserva como el principal destino en América Latina de los gastos de exploración a nivel mundial, con una participación de 24 por ciento, junto a otros países receptores en América Latina: Perú y Chile. En segunda posición se ubica Canadá, con 19 por ciento.
Al servicio minero
Según sus estatutos (reformados en 2005), al Servicio Geológico se le confiere solicitar y recibir “con carácter confidencial” información sobre la producción, beneficio y destino de los minerales, geología de los yacimientos y reservas, así como los estados económicos y contables de empresas mineras y metalúrgicas.
Éste es un órgano regulado por la DGM. Y ambos “son los entes encargados de concesionar el uso y servir al disfrute del subsuelo nacional e incorporar los recursos naturales del país, tanto del suelo como del subsuelo, al mercado internacional”, considera el investigador Mario Patrón.
En 2007, el SGM y el área encargada de promover la inversión de la DGM reportaron que la industria minera tuvo un crecimiento de 3.7 del Producto Interno Bruto, superior al registrado por el conjunto de la economía nacional.
“Con la creación de dichos órganos se privilegian y venden servicios a gran escala, lo que muestra que la Ley Minera está hecha para las empresas que tienen todo el poder económico. Por eso, cuando les consta que hay minerales aseguran la concesión, para eso pagan. Eso es un principio de discriminación”, señala el investigador.
El SGM pone el Banco Digital de Datos de 1 mil 240 registros cartográficos, estudios técnicos y estadísticos, publicaciones y tesis especializadas: éste puede ser consultado vía internet para su utilización en proyectos de exploración minera, desarrollo de infraestructura, investigación científica básica o aplicada, geohidrología, proyectos ambientales y prevención de riesgos, entre otros, por “toda aquella empresa minera que pague –en proporción– por el beneficio de los servicios”.
Al primer semestre de 2008, el Servicio Geológico, mediante el diagnóstico de 11 distritos, identificó con potencial geológico-minero para su reactivación cuatro de ellos, que presentan condiciones favorables para ser reactivados junto con 25 minas, lo que significó al cierre de 2008 dos distritos y cinco minas más que el año anterior.
En entrevista con Contralínea, el director de mercadotecnia del SGM, José González Córdova, reconoce que, como parte del programa de descentralización del gobierno federal, a este órgano se le agregaron 16 funciones y que son miembros de la ASGMI.
El funcionario expresa: “Nuestro objetivo es generar y proveer el conocimiento geológico. La cartografía es nuestro principal proyecto; el segundo, el servicio de apoyo que nosotros le damos al sector y para que la gente tenga fácil una operación minera. Producir valor para México”.
Respecto de la relación del SGM con las compañías mineras, comenta que se venden los servicios a las empresas que lo soliciten para “facilitarles” la producción. “Nosotros no decimos dónde está el mineral, proporcionamos las evidencias, es decir, decimos dónde no está el mineral”.
“Desvíos significativos”
Entre las observaciones hechas por la ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2007 destaca que 66 concesiones mineras pagaron derechos de menos, por 1 millón de pesos. Se determinó que otros dos concesionarios no pagaron 35 mil pesos; 432 concesionarios no pagaron el derecho por concesiones mineras, por 2 millones 526 mil pesos, y un concesionario no ha pagado estos derechos por 415.3 mil pesos correspondientes a 17 semestres, incluido el periodo de revisión.
El órgano fiscalizador evaluó una muestra de 69 millones 740.8 mil pesos por concepto de “partidas, conceptos, capítulos o aspectos revisados” reportados en el “Estado analítico de ingresos” del Informe de avance de gestión financiera de 2007. De estos, 120 pagos por 69 millones 740.8 miles de pesos, el 33.9 por ciento de los ingresos por derechos de concesiones; y 205 millones 939.6 mil pesos por asignaciones mineras.
Las irregularidades corresponden a los pagos efectuados por los contribuyentes de forma electrónica por los derechos de concesiones mineras que mostraron un “desvío significativo” de más de 17 millones de pesos.
Las áreas auditadas fueron la Dirección de Revisión de Obligaciones y la Dirección de Cartografía y Concesiones Mineras, ambas de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía; así como la Administración del Centro Contable de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria.
En el dictamen final, la ASF explica que la SE “no cumplió” con la recaudación de ingresos por derechos por concesiones y asignaciones mineras vigentes en el primer semestre de 2007. Por ello se emitieron cuatro observaciones que generaron ocho acciones, las cuales corresponden a tres a recomendaciones, una solicitud de aclaración, tres a pliego de observaciones y una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.
La auditoría encontró pagos de menos, pagos de más y “otros” por un monto de 17 millones 639.9 mil pesos, que representa el 25.3 por ciento de la muestra auditada, lo que implicó “una desviación significativa”, expuso en el informe.
Del informe y copias de los títulos de concesión auditados –en poder de Contralínea– destacan la falta de pagos de 120 concesiones mineras y los movimientos administrativos realizados por los derechos de concesión.
Por ejemplo, la concesión número 217,879, ubicada en Zacatecas, no realizó más de cuatro pagos de enero a junio. En la ficha de la concesión aparece asignada a las empresas Exploraciones Mineras Peñoles y Exploraciones Mineras Parreña.
A la concesión número 196,019, la DGM le solicitó el pago de 11 semestres (de enero a junio de 2007) por derechos de concesión minera. La concesión con derechos hasta el año 2042 había sido cedida gratuitamente de Fabián Borquez Sánchez a Jesús Borquez Sobardo, que corresponde a una concesión para explotación de Unificación Porvenir en Naco, Sonora.
La SE reportó 11 millones 155.2 mil pesos de más de ingresos por derechos por concesiones y asignaciones mineras respecto de los presentados en el Informe de avance de gestión financiera 2007, y tres registros de pago por 2 millones 508 mil pesos estaban repetidos en la base de datos de los ingresos por los derechos de concesiones y asignaciones mineras y correspondían a un mismo concesionario.
Riesgo de corrupción
En diciembre de 2007, el Órgano Interno de Control (OIC) en el Servicio Geológico evaluó los procesos de asignaciones y reservas mineras (Área I Unidad Administrativa: Gerencia de Evaluación) del 23 de noviembre a diciembre de 2007.
Los resultados fueron de la Revisión de control (14/07) efectuada al cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2007 y al oficio de revisión de control (10/100/211/07), con fecha del 23 de noviembre, que estuvo orientada a identificar debilidades de control interno en el proceso de asignaciones y reservas mineras, debido a que se encuentra en el Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas 2007.
El objetivo era verificar la elaboración del proceso de asignaciones y reservas mineras, así como su incorporación al Sistema de Gestión de Calidad Corporativo, de conformidad con el calendario de acciones para atender los riesgos de los trámites, servicios, programas y procesos.
Del análisis a la documentación se desprende que la Gerencia de Evaluación Minera identificó algunas áreas “susceptibles” y propuso dos acciones de mejora “orientadas a reforzar los mecanismos de control” en el proceso de asignaciones y reservas mineras.
Como parte de los trámites, servicios, programas y procesos que intentan dar seguimiento a los procesos de asignación y reservas mineras, el OIC en el SGM realizó modificaciones a la matriz de control “Procedimiento para asignaciones mineras” (EMN-P004) porque detectó que hace factible la administración, con “probabilidades de riesgo de corrupción”.
“Después de cinco años excepcionales, donde el precio de los commodities mineros alcanzó niveles récord, el mercado se derrumbó estrepitosamente en el último trimestre de 2008”. En 2009, las empresas agremiadas a la Camimex anuncian una inversión de más de 2 mil 300 millones de dólares, que junto con las empresas exploradoras no afiliadas podría elevarse a 2 mil 700 millones de dólares: Situación de la minería mexicana, Camimex
Antes de que se declarara la recesión en la economía mexicana, el primer semestre de 2008, el Fideicomiso de Fomento Minero (de la Secretaría de Economía) colocó 2 mil 529 millones de pesos en apoyos crediticios a proyectos productivos de 412 empresas mineras
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