Fuente: La Jornada de Zacatecas
Redacción
Carlos Fazio
Mientras en México se debate sobre un dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que anuló condenas a 20 hombres por la matanza de Acteal (1997), documentos recién desclasificados del Pentágono confirman que el Ejército Mexicano entrenaba grupos paramilitares en Chiapas en el momento de los asesinatos.
Fechado en 1999, el reporte de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por sus siglas en inglés) involucra a militares en la creación de grupos clandestinos de civiles armados, que en el marco de la guerra sucia del gobierno de Ernesto Zedillo contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) daban apoyo a operaciones castrenses.
También consigna que el Ejército brindaba entrenamiento y protección a los paramilitares a cambio de información sobre la actividad de los zapatistas en las comunidades ubicadas en la zona de conflicto. El 22 de diciembre de 1997, en Acteal, una comunidad de desplazados de guerra en Los Altos de Chiapas, 49 indígenas tzotziles fueron asesinados por un comando provisto con armas de alto calibre y balas expansivas.
Varios sobrevivientes de la matanza, familiares de las víctimas y grupos humanitarios responsabilizaron al gobierno de Zedillo por la acción, que fue definida como un crimen de Estado en el marco de una guerra irregular ejecutada por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
A raíz de la matanza de Acteal, el Ejército Mexicano inició una nueva ofensiva en el contexto de la Guerra de Baja Intensidad, al desplegar cinco mil soldados en las zonas con presencia zapatista, en particular en el municipio de Chenalhó, donde se registraron los hechos.
Al mismo tiempo, los mandos militares iniciaron una ofensiva mediática que pretendía cambiar la atención de la opinión pública al dirigirla contra los zapatistas, como si ellos fueran los responsables de la matanza. También se restableció una confrontación muy directa con actores que habían participado en la mediación o facilitaban las negociaciones de paz entre el Estado mexicano y el EZLN.
Los principales objetivos de los hostigamientos físicos y propagandísticos fueron el obispo Samuel Ruiz y organizaciones de derechos humanos vinculadas a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. Con Acteal culminó una fase en la escalada de la guerra encubierta desarrollada por el Ejército Mexicano y se inició otra.
Fue una acción de contrainsurgencia
La participación de elementos castrenses en el entrenamiento, avituallamiento y protección del grupo paramilitar priísta de Chenalhó puso en evidencia la estrategia de una guerra de tipo contrainsurgente que se mantiene hasta el presente.
En Acteal, el Ejército siguió los lineamientos del manual de guerra irregular, operaciones de contraguerrilla y restauración del orden, editado por la Sedena en 1995, en el que se enseña cómo combatir a la insurgencia.
En él se afirma que el pueblo es a la guerrilla lo que el agua al pez, pero a éste se le puede hacer imposible la vida en el agua al agitarla, introducir elementos perjudiciales a su subsistencia u otros más bravos que lo ataquen, persigan y obliguen a desaparecer.
Según el manual, para hacer de la vida del pez una pesadilla es preciso mantener dos acciones interrelacionadas entre sí: las operaciones para controlar a la población civil y las tácticas de contraguerrilla. En la primera se pretende mantener a la población civil preocupada en sí misma y bajo un estricto control físico y sicológico.
No se trata de una operación militar clásica, por lo que puede ser conducida por personal civil o militarizado, aunque dirigido, asesorado y coordinado por el comandante castrense del área, indica. A su vez, las operaciones tácticas de contraguerrilla son conducidas por unidades militares y militarizadas, añade.
En cuanto a las operaciones de control de población, el manual habla del entrenamiento de fuerzas (civiles, militares y militarizadas), es decir, el entrenamiento de civiles para operaciones militares. A eso se suman las acciones sicológicas, la labor social y la implementación de una red adecuada de información.
Por tal motivo, bajo la cobertura de una supuesta “labor social” y de la “aplicación de la Ley Federal de Armas y Explosivos”, inmediatamente después de la matanza de Acteal se restablecieron retenes militares en carreteras, se desplegaron cateos de viviendas en municipios zapatistas, se registraron detenciones arbitrarias, aumentó el patrullaje en poblados e instalaron nuevos campamentos castrenses.
La política, bajo la lógica de la guerra
La estrategia militar estuvo dirigida a tender un cerco sanitario en torno a la guerrilla del EZLN para fijarla en el terreno, y una vez aislada de su base social, intentar destruirla y aniquilarla.
Esa estrategia de guerra irregular contrainsurgente requirió, además, de la creación de grupos paramilitares como el que perpetró la matanza de Acteal. En tales hechos la política y la justicia quedaron subordinadas a la lógica de la guerra.
Bajo el argumento de restablecer “el Estado de Derecho”, las autoridades civiles siguieron los principios de la Guerra de Baja Intensidad, estrategia militar descrita en los manuales del Ejército oficial asesorado por Estados Unidos.
Ahora, cuando resultan liberados 20 paramilitares debido a que no se siguieron los procedimientos judiciales adecuados, quedan abiertas interrogantes como qué ocurrió en verdad, quiénes fueron los responsables intelectuales de la matanza y qué grado de responsabilidad corresponde al Ejército Mexicano en los hechos. (PL)
* Colaborador de Prensa Latina
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