Oficio de Papel

Fuente: Contralínea

Difusión AMLO TV

Lunes 02 de noviembre de 2009

* Las incongruencias de Felipe Calderón

* La estrategia política con los impuesto

* Los perdones fiscales a empresarios

El discurso de Felipe Calderón contra los empresarios sólo tuvo una clara intención política y mediática. En los hechos, en el terreno legislativo, PAN, PRI y el Partido Verde hicieron lo que les señalaba su naturaleza: traicionar a la mayoría de la población y cumplir con los compromisos acordados con la clase empresarial. El supuesto enfrentamiento con los hombres del dinero en México no fue tal y sí una gran farsa para distraer a la opinión pública de la verdadera amenaza: la paralización de la economía a causa de una oleada de impuestos que se dirigen a incrementar el gravamen a las clases bajas y medias, mientras los empresarios, los amigos de influyentes y políticos, podrán, como cada año, volver a defenderse a través de prestigiados despachos de abogados y fiscalistas, casi siempre ligados con los círculos del poder político.

Este año, sin embargo, las consecuencias podrían ser mucho más graves: la economía enfrenta el estancamiento de la producción petrolera. Sin bien es cierto que se espera un incremento en los precios del petróleo, bajo las circunstancias actuales de la petrolización de la economía, la recuperación será mucho más lenta y complicada. Por eso este fin de semana, en medio de un puente por el Día de Muertos y sin la presión de los medios de comunicación, los legisladores aprobaron el aumento del IVA de 15 a 16 por ciento; el incremento del ISR a 30 por ciento para empresas y salarios mayores de 32 mil pesos y un aumento para el Impuesto para los Depósitos en efectivo de 3 por ciento para operaciones superiores a 15 mil pesos pesos mensuales. Así, en la madrugada del 31 de octubre se perpetró, en la oscuridad de la noche, el pacto entre el PAN, el PVEM y el PRI al votar con 338 votos en favor, 101 sufragios en contra y cinco abastenciones la Ley de Ingresos para 2010.

Los senadores devolvieron así a los diputados el entuerto fiscal que sólo tuvo un objetivo: garantizar que no se tocaran los privilegios de siempre y, por supuesto, que los gobernadores recibian más del 35 por ciento del total de los ingresos presupuestales. Así, gracias al eficaz cabildeo que realizan año con año las empresas cigarreras, en la madrugada del sábado se analizaban los impuestos a los cigarros, después de que durante los últimos años y gracias al acuerdo con el gobierno de Vicente Fox a través de Julio Frenk, este sector gozó de grandes privilegios como el mantener congelado el cobro de impuestos a cambio de destinar un porcentaje del incremento de sus precios a un fondo para el tratamiento de enfermedades graves entre la población mexicana, como el cáncer de pulmón, por sólo citar un ejemplo. Ahora las empresas cigarreras tendrían que contribuir al fisco hasta dos pesos por cada cajetilla.

Sin embargo, el tema que las cigarreras consideraron una ofensa, seguía analizándose el pasado fin de semana. Pero la decisión que confirma que el pleito de Calderón con los empresarios no fue en serio, es la flexibilización de los pagos retroactivos del ISR para las empresas, el famoso expediente oculto de la consolidación fiscal que ha permitido durante muchos años que los grandes corporativos del país reduzcan el pago de impuestos al reportar pérdidas de sus subsidiarias.

En un principio la Secretaría de Hacienda había propuesto que el próximo año los empresarios beneficiados por esta ley cubrieran hasta el 40 por ciento de sus adeudos, mientras que en los siguientes años el pago sería de 15 por ciento, lo que generó que empresarios como Dionisio Garza del Grupo Alfa o los jerarcas del Grupo Bimbo, la familia Servitje, se hicieran presentes para reclamar, una vez más, que el gobierno está eliminando la competitividad de la economía mexicana.

Ahora, los empresarios tendrán, otra vez, cinco años para cubrir con sus pasivos derivados del régimen de consolidación fiscal: en 2010 tendrán que pagar 35 por ciento; en 2011 el 25; en 2011 el 25; en 2012 el 20 por ciento y sólo 15 entre 2013 y 2014. Sobre este punto no hubo debate alguno, hecho que mereció el reproche de los legisladores del PRD y el PT.

Todo fue una gran farsa: el pleito con los empresarios y la supuesta temporalidad del IVA en 16 por ciento, un gran sofisma, porque cada año se revisan los impuestos.

De engaño en engaño, el gobierno del presidente Felipe Calderón pretendió salvar para el 2012 los votos de la clase popular, y con el su gobierno y la permanencia del PAN en el poder; quiso salvar los votos que acompañaron a López Obrador en 2006. El problema es que su apuesta es muy riesgosa. El supuesto impuesto a los pobres, por ejemplo, nació muerto. Ahora se tendrá que conformar con los 30 mil millones de pesos que le dio el PRI y no con los 70 mil millones de pesos que pretendía recaudar con el gravamen para beneficiar supuestamente a las clases desprotegidas del país.

Fue a Calderón a quien se le ocurrió etiquetar el 2 por ciento adicional (al IVA, por supuesto) como un el impuesto para los pobres. Después al confrontar a los empresarios públicamente con información que casualmente se parece mucho a las añejas críticas hechas por Andrés Manuel López Obrador.

El problema, otra vez, son las mentiras gubernamentales y los empresarios estuvieron de acuerdo con ellas. El supuesto pago de impuestos de menos del 2 por ciento se estimó no de los ingresos del sector empresarial aludido y tampoco de las utilidades. Una manipulación más. Pero políticamente para Calderón era muy atractivo atacar a los ricos para después ofrecerles en San Lázaro una zanahoria: la retroactividad no pasará, simplemente porque es inconstitucional y porque se violaron leyes previamente aprobadas.

Los perdones fiscales Carstens

Mientras la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sube los impuestos a la población con menores ingresos, reconoce haber sobreseído cinco casos de evasión de impuestos de julio de 2007 a junio de 2008. Con ello, se archivaron nueve causas penales abiertas en 2003, 2004 y 2006. Es decir, las autoridades han venido, como siempre, utilizando su discrecionalidad para administrar un sistema fiscal corrupto y que no se utiliza para sacar adelante a la economía sino para dividir privilegios.

Los empresarios privilegiados por la SHCP no se acogieron a ningún programa oficial, simplemente se vieron favorecidos –luego de intensas negociaciones– por la decisión discrecional del titular de la dependencia, Agustín Carstens Carstens, exsubdirector gerente del Fondo Monetario Internacional.

Diputados y senadores de las comisiones de Hacienda nunca supieron de estos litigios, y como siempre tampoco saben de la existencia de la facultad del secretario de sobreseer, a discreción, expedientes abiertos por defraudación fiscal. En respuesta a la solicitud de información 0000600143908 –presentada por la revista Fortuna a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI)–, la SHCP reconoce que presentó cinco solicitudes de sobreseimiento ante el Poder Judicial de la Federación para cerrar nueve causas penales.

Sin embargo, la Secretaría declinó informar los montos de las irregularidades descubiertas. Adujo “inexistencia” de la información solicitada.

El primer sobreseimiento de expediente abierto por fraude fiscal tuvo lugar el 27 de julio de 2007. Con él se cerró una causa abierta el 11 de marzo de 2004. El segundo sobreseimiento se concretó el 4 de septiembre de 2007. También involucraba una causa penal, la cual se archivó. El caso databa del 10 de enero de 2006. En ese mismo mes, pero el día 21, se concretó el tercer sobreseimiento solicitado por la administración de Agustín Carstens. Se cerraron dos causas abiertas l 2 de julio de 2003. El cuarto sobreseimiento se concedió el 13 de noviembre de 2007. Involucraba una sola causa penal que databa del 11 de septiembre de 2006. Las cuatro causas penales involucradas en el quinto caso se sobreseyeron de la siguiente manera: una el 6 de junio de 2008, dos el 16 de junio de 2008 y la última el 27 de junio de 2008. La primera y la última causas habían sido abiertas el 12 de junio de 2003, mientras que las segunda y tercera, el 16 de noviembre de 2004.

Así, en año y medio, el gobierno de Felipe Calderón, ese que simula reclamar a los empresarios, concedió cinco sobreseimientos que involucraban a nueve personas. Sumados a los nueve que ocurrieron a lo largo de todo el sexenio de Vicente Fox (Fortuna 56), el panismo en el poder ha perdonado de manera discrecional a 14 empresas y, al menos, a 18 personas.

De acuerdo con fuentes de la SHCP que solicitaron el anonimato, entre los perdonados se encontrarían Alfredo Miguel Afif, del Grupo Miguel, e Ivonne Lidia Bardor Kaess, del grupo Tebo. En julio pasado, esta columna dio a conocer que entre los abogados que gestionaron el perdón para Miguel Afif se encontraba Pedro Solís Cámara, cuñado del propio Agustín Carstens. Cualquier tráfico de influencias es cortesía del gobierno calderonista.

Entonces el hijo de Alfredo Miguel Afif, de nombre José Miguel, confirmó la intervención de Pedro Solís Cámara en las negociaciones con la SHCP: “Me reuní con este abogado y le platiqué todo el caso. Él me ayudó a hacer la recomendación para que solucionara el problema”.

En la respuesta a la solicitud de información 0000600143908, Hacienda destaca que en los casos sobreseídos “el interés fiscal se encuentra pagado o garantizado a satisfacción del Fisco Federal (sic)”. Sin embargo, omite señalar que no todos los ciudadanos gozan de tal deferencia: aunque el contribuyente termine pagando los impuestos que evadió, el proceso penal continúa. Es decir, a delitos iguales justicia distinta. Siempre en atención de quién se trate, amigos, enemigos o simples pobres.

En su alegato, la SHCP también justifica no haber entregado el monto de los impuestos evadidos y de las multas: “La Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones manifestó que no conoce ni posee información relativa a los montos pagados por los particulares (…) De conformidad con lo anterior, la unidad administrativa declaró formalmente la inexistencia de documentos en sus expedientes en los que conste el monto pagado por los contribuyentes, previo al ejercicio de la facultad de solicitud de sobreseimiento”.