La violencia institucionalizada

La violencia institucionalizada

Luis Javier Garrido

Las políticas demenciales del gobierno calderonista en su supuesta guerra contra el narcotráfico se han revertido contra éste, y la indignación de la población juarense durante la visita hecha por Felipe Calderón y sus colaboradores da testimonio del clima que se tensa cada vez más en el país.

1. La crisis de Ciudad Juárez, generada por el homicidio de un grupo de estudiantes, perpetrado supuestamente por un grupo paramilitar el 31 de enero, y agudizada por las declaraciones injuriosas del Ejecutivo de facto calificando a las víctimas de integrantes de una banda, y más tarde por una serie de ofrecimientos propagandísticos que culminaron con los actos demagógicos del propio Felipe Calderón ayer en una Ciudad Juárez en estado de sitio, están desnudando cada vez más a la política de violencia institucionalizada del gobierno, que ya muy pocos dudan en calificar como una verdadera guerra contra el pueblo.

2. Los grupos ciudadanos de Juárez fueron contundentes tras los acontecimientos y recordaron desde el 2 de febrero, antes de exigir la renuncia de Calderón, que la violencia generalizada es consecuencia de las políticas del gobierno federal y de las acciones violentas del Ejército que han sido impuestas a esa entidad, y subrayaron que los grupos paramilitares o escuadrones de la muerte son preparados y protegidos por las fuerzas armadas, y en este escenario aparecen nítidamente las políticas de Washington.

3. El anuncio hecho el martes 9 por un alto funcionario de la administración del presidente Barack Obama enfatizando que la Iniciativa Mérida, que ha sido el instrumento de ayuda militar de Estados Unidos al gobierno panista, se mantendrá más de lo previsto, constituye una señal muy clara de que la violencia y el amedrentamiento del pueblo, que han sido el eje central de la política de Felipe Calderón, van a proseguir en este año clave de 2010 y en lo que resta del sexenio, y eso es algo que al parecer están olvidando los chihuahuenses.

4. La estrategia de utilizar en México una política de violencia generalizada presentada como una supuesta “guerra contra el narco”, diseñada en el Departamento de Estado, ha buscado someter a los mexicanos a fin de encubrir las políticas de entrega de recursos a las corporaciones extranjeras y de cesión del control de las políticas estatales a Washington, y estas declaraciones no dejan lugar a dudas. El vocero de Obama subrayó en su anuncio que en esta nueva fase la Iniciativa Mérida entrañará una vertiente social, que supone a) buscar una mayor cooperación de Washington con las autoridades locales y municipales de México y b) una mayor vinculación con la ciudadanía.

5. La pregunta que muchos se hacen tras los últimos acontecimientos es por lo tanto muy clara: ¿dónde está el crimen organizado, en la calle o en Los Pinos? ¿No son acaso sus mafias las que manejan el país mientras gobierna el PAN-Yunque?

6. El gobierno de facto, que ha asumido que no tiene otra alternativa para sobrevivir que la de hundir al país en el escenario de la violencia y del amedrentamiento de la población, y buscar a partir de ahí imponer los cambios que le exige el capital multinacional, intentó en estos días, mediante una campaña de declaraciones, lograr que Washington le diera alguna libertad para utilizar discrecionalmente estos y otros recursos, pero muy pronto fue disuadido de hacerlo por diversos medios, el último de los cuales fue la serie de dibujos animados de South Park en que aparece Felipe Calderón despilfarrando un botín de dinero, y que éste vetó en MTV Latinoamérica como refirió La Jornada el 11 de febrero.

7. La demagogia oficial de la supuesta guerra al narco, según parece olvidarse, beneficia también de manera directa a las trasnacionales, lo que ha ocultado de manera sistemática el gobierno panista. El 70 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida, que supuestamente busca equipar a las autoridades mexicanas, se asignan desde Washington a corporaciones como Bell, Dyncorp, Cessna, Harris y Northrop Grumman, según un documento del Pentágono publicado por El Universal el 1º de febrero, que con este plan hacen enorme negocio y propician un más fácil control estratégico de las agencias estatales estadunidenses sobre México.

8. El recurso sistemático a la fuerza es un signo de debilidad política que no puede entenderse como un error sino como un crimen contra el pueblo, como en el caso actual. No extraña, por lo mismo, que un gobierno civil débil, aunque sea de facto, recurra a los militares para que respalden decisiones políticas suyas, que generalmente son facciosas, como en su desvarío lo está haciendo Calderón, trastocando todavía más las instituciones de la República. La intervención del general Guillermo Galván, titular de la Sedena, en asuntos políticos el pasado 9 de marzo, exigiendo apoyo a las contrarreformas de Calderón, refleja también, sin embargo, la ignorancia política del gobierno espurio. Esa fecha se conmemora lo acontecido el 9 de febrero de 1913, día en el que el Ejército federal traicionó al pueblo de México, y quebrantando el orden constitucional detuvo y asesinó al presidente Francisco I. Madero.

9. Los problemas de México con Estados Unidos siguen en tanto agravándose ante la incapacidad de un gobierno sin dignidad, que no tiene ya fuerza alguna para negociar con Washington. Luego del anuncio que hizo el presidente Barack Obama (olvidándose una vez más de sus promesas de campaña), indicando que había solicitado el 1º de febrero al Congreso 4 mil 600 millones de dólares para armar mejor a la Patrulla Fronteriza, completar el primer tramo del muro entre los dos países y reforzar las políticas para deportar e identificar a los indocumentados (el Programa E-Verify), no hubo reacción alguna de las dóciles autoridades mexicanas.

10. Las demandas expresadas ayer por algunos sectores de la sociedad civil de Chihuahua a Felipe Calderón de que se termine la violencia y se restablezca el estado de derecho en Ciudad Juárez y en el resto de la entidad, no son, por consiguiente, más que un absurdo. La ruptura de la legalidad constitucional y el establecimiento de un clima de violencia institucionalizada constituyen la piedra angular del proyecto panista-yunquista de gobierno, y así va a ser hasta finales del sexenio si el pueblo no responde de otra manera.

Fuente: La jornada

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