SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA
Coatzacoalcos, Ver.- Representantes del gobierno federal, del estado y el municipio de Jáltipan se reunieron con ciudadanos inconformes por la instalación de un centro de acopio de coque, propiedad de la empresa García Munté; desmienten que sea peligroso para la salud, ya que cuentan con todas las medidas de protección.
El representante de la empresa “probó” el coque para demostrar que no era dañino y no provoca cáncer por exposición.
En la sala de cabildos municipal se reunieron varios representantes de diversas dependencias con representantes de las agrupaciones “chogosteros en acción” , “Jáltipan Vive” y demás ciudadanos preocupados por la instalación de esta planta y el daño que han realizado a la zona arqueológica recién descubierta.
Hugo Mellón Guerrero, representante de la empresa española García Munté, aseguró que el uso del coque no es peligroso ya que cuentan con todas las medidas de seguridad, y como empresa cumplieron con todas especificaciones que requiere la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Explicó que el coque es un derivado del hidrocarburo, es un material granulado y su proceso se realiza a altas temperaturas, por lo que no es inflamable e inocuo, es por ello que cuentan con los decretos nacionales e internacionales para su uso extendido.
La empresa, dijo, extendió una geomembrana en el suelo donde van a almacenar el coque, el cual estará rociado de manera permanente con agua de lluvia para evitar que las partículas vuelen a la ciudad.
El químico se venderá a las empresas, por lo que no se va a quemar, ni transformar físicamente en esa zona y no representa un peligro para la población. Hugo Mellón fue más allá y llevó una muestra del coque que ellos están almacenando y probó el residuo para confirmar que no representa ningún peligro para la población.
Juan Manuel Aguilar, representante de la Semarnat y Luis Ponce Jiménez, Edgar Rendón y Rafael García representantes de la Secretaria de Medio Ambiente (Sedema), dieron a conocer que esta empresa está a prueba y bajo observación para determinar su operación. Mencionó que el tiempo para recibir las inconformidades se había terminado, pues tras emitir públicamente la implantación de esta empresa ya no existe ningún argumento para frenar su operación.
Actualmente, más de 3 mil 500 toneladas diarias se están transportando en equipo convencional, como en carro-tolvas (o ferro-tolvas) hacia la planta de almacenamiento, que está en periodo de pre-arranque, ubicada a un costado de la carretera federal del municipio de Jáltipan.
En tanto, Alfredo Calderón, antropólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), explicó que la terminal de almacenamiento no ocupa ni 10 por ciento de la zona arqueológica encontrada, ya que la mayoría de las “plazas” se destruyeron con la carretera, azufrera y las vías del tren.
Confirmó que el INAH liberó el área de entierro” dentro de la terminal, pero se restringió la pirámide, donde no pueden hacer ningún tipo de trabajo, aunque recordó que esta área fue afectada desde 1892-94 por Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, cuando trazo la vía en todo el Istmo.
A pesar de las explicaciones, los habitantes de Jáltipan exigen que pare sus labores la empresa García Munté, ya que sostienen que las operaciones con el coque van a afectar la salud de la población en general.
Julissa Hernández Gijón, presidenta de la asociación Chogosteros en acción, dijo que esta empresa ya ha comenzado a causar estragos en el ecosistema, pues ha devastado varias hectáreas de selva, y ha comenzado a afectar a pescadores de la región.
En la reunión, pescadores dijeron ya están comenzando a notar los problemas ecológicos que está ocasionando esta empresa, pues hace algunos días los camarones se redujeron considerablemente y algunos peces aparecieron muertos.
Asimismo, dijeron que de acuerdo a sus investigaciones realizadas por el equipo de trabajo que traen, como ingenieros y biólogos, se reveló que este material no está regulado por los estándares de calidad industrial en el país.
Ante las exigencias de este grupo, el alcalde Mauricio Molina Mayo expuso que las dependencias en cuestión son las que determinarán esta resolución, “si las autoridades ven que no está sustentado dentro de las normas legales, el ayuntamiento apoyará para que la empresa sea clausurada, pues estamos a favor de la población, pero todo se llevará a cabo dentro del marco legal”.
Tras la reunión que duró varias horas se acordó que la Sedema realizara un nuevo estudio de impacto ambiental en toda la zona de influencia de la nueva instalación y determinará si se procede a la clausura.
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