Los funcionarios estarán retenidos el mismo tiempo que los guardias civiles, advierte Nestora Salgado
MARGENA DE LA O
Chilpancingo, 22 de julio. A la medianoche de ayer, efectivos de la Marina y del Ejército detuvieron en Olinalá a tres policías comunitarios que dependen de la casa de justicia de El Paraíso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), cuando realizaban un rondín ordinario nocturno, y los trasladaron, donde estaban hasta esta tarde, a la delegación de la PGR en Chilpancingo.
La coordinadora de la CRAC en Olinalá, Nestora Salgado, consideró que los marinos y militares querían aprehenderla a ella. “La Marina iba por mí, iban en dos camionetas. Llegó el teniente Sierra, o al menos así dijo llamarse. Le dije que me dijera el motivo por el que quería detenerme. Parece que la Marina la anda haciendo de niñera en Olinalá, haciendo cosas que corresponden al ayuntamiento. Como no pudieron detenerme se llevaron a mis compañeros”, denunció.
En respuesta, informó la propia coordinadora, una hora después, la Policía Comunitaria de la CRAC en Olinalá detuvo al secretario de Seguridad Pública en el municipio, Lorenzo Medardo Vázquez, que se encontraba en estado de ebriedad; el ministerio público Francisco Bello, y seis policías municipales junto con una patrulla.
La coordinadora de la CRAC advirtió que los funcionarios y policías municipales permanecerán detenidos el mismo tiempo que los comunitarios en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), donde estuvo desde temprano exigiendo le aclarar la situación de los policías.
En entrevista detalló cómo sucedió la detención. “Los policías comunitarios andaban haciendo los rondines, como sucede todas las noches por las calles de Olinalá, fue entonces cuando los paró la Marina, y detuvo a los tres compañeros Martín Acevedo, Carlos Sánchez y Mauro Ponce, por llevar dos pistolas de nueve milímetros, y una 38 especial; se los entregó al Ejército y los trasladaron a Chilpancingo”.
Advirtió: “nosotros decimos que si no liberan a nuestros compañeros y les devuelven sus armas, no vamos a liberar a los funcionarios del ayuntamiento. El gobierno estatal planteó que nos pagarán las tres pistolas, entonces les decimos que también les vamos a pagar los seis rifles AR-15, que traen los policías municipales”.
El coordinador de la casa de justicia de la CRAC en San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, quien llegó a la PGR para solidarizarse con sus compañeros de Olinalá, exigió la liberación de sus compañeros, porque “nos están tratando como delincuentes, cuando nosotros estamos haciendo una verdadera seguridad y justicia en nuestra sociedad”.
También solicitó la libertad de Santiago Ávila, comandante de la policía comunitaria en Tierra Colorada, de Cuajinicuilapa, el viernes pasado luego de que elementos del Ejército catearon su domicilio y encontraron una pistola 38 especial, un M1, y un rifle AK-47, según reportó la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Vamos a organizarnos con otros sectores para hacer un movimiento que ya se hace necesario, para resolver estos problemas. Nos preguntamos, ¿Por qué si los delincuentes llevan armas de alto poder, por qué los policías no las pueden portar en nuestros territorios comunitarios?”, agregó.
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