Oficio de Papel

• Justicia selectiva protege panistas corruptos

• Colombia sí negoció con los narcotraficates

• Frustrado rescate de una mujer secuestrada

La estrategia del gobierno federal para enfrentar a algunos cárteles de las drogas ha provocado una confrontación abierta del narcotráfico contra el Estado mexicano. Por ello, el Ejército y la Armada, principales responsables de la seguridad nacional, son las dos instituciones encargadas de esta lucha que hasta ahora parece no conducir a la rendición del enemigo: el crimen organizado. Por el contrario, cada día se incrementa la violencia, los secuestros, las ejecuciones, las extorsiones, las amenazas y los asaltos. Todos los días hay cuerpos acribillados en todo el país. No hay lugar donde las bandas del narcotráfico no estén presentes y donde la población no esté atemorizada. Son entonces todos los mexicanos que angustiados observan cómo aumenta la criminalidad y el territorio nacional se convierte en un campo de batalla.

Más grave es observar cómo policías, militares, alcaldes, gobernadores y otros servidores públicos se han coludido con las mafias de la droga. Y preocupa aún más que el gobierno de Felipe Calderón sea selectivo en su lucha contra los delincuentes. Por ejemplo, es muy claro que los estados y municipios gobernados por partidos de oposición (PRD y PRI) son los más asediados por las fuerzas militares que combaten al narcotráfico y a los funcionarios supuestamente involucrados con ellos. Así vemos desfilar las acusaciones contra políticos y servidores públicos de Michoacán (PRD), Zacatecas (PRD), Guerrero (PRD), Veracruz (PRI), Chihuahua (PRI), Tamaulipas (PRI), Sinaloa (PRI), Durango (PRI) y Puebla (PRI), entre otros.

Y un trato distinto reciben los gobiernos de extracción panista, como por ejemplo Morelos, cuando era gobernador Sergio Estrada Cajigal se le dieron todas las facilidades para que librara los señalamientos en su contra por supuestos vínculos con el narcotráfico. Qué sabemos ahora de otros estados gobernados por panistas, como Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Tlaxcala, prácticamente nada porque no aparecen en el mapa gubernamental de combate al narcotráfico, o al menos ningún señalamiento oficial ni detenciones de funcionarios públicos. Allí reina una calma chicha, y dicen los expertos narcólogos que cuando eso sucede en algunas regiones, es porque allí viven los principales capos de la droga.

Esta fue la principal estrategia utilizada por el gobierno federal y el PAN para el proceso electoral de hace unos días y falló rotundamente. De seis gubernaturas el partido en el poder perdió cinco y la única que ganó el candidato panista, Sonora, fue más coyuntural por la tragedia de los niños en la guardería ABC, en donde funcionarios del gobierno de Eduardo Bours estaban involucrados como accionistas. Porqué entonces el obstinamiento de Los Pinos para continuar con la misma estrategia de perseguir narcotraficantes y funcionarios cómplices en territorios dominados por el PRD y el PRI, pues sencillamente porque en 2010 estarán en juego 10 gubernaturas más y nuevamente están dispuestos a aplicar la misma estrategia fallida que seguramente les dará los mismos resultados fallidos.

De lo anterior hay pruebas contundentes de este favoritismo gubernamental a gobiernos dirigidos por panistas. Expedientes que han sido ocultados en la Procuraduría General de la República y que apuntan a distinguidos miembros del PAN y sus familias con nexos con el narcotráfico y el lavado de dinero. Por qué entonces el procurador Eduardo Medina Mora, quien es el abogado de la nación y debeería impartir justicia por igual a todos, prefiere acelerar acusaciones con cuestionados “testigos protegidos”—figura legal que en Estados Unidos y Europa es ya muy criticada y prácticamente borrada de los tribunales por su falaz e interesada utilización—en contra de familiares y funcionarios de gobiernos de oposición, como sucede ahora en Michoacán con el hermano del gobernador Leonel Godoy, mientras que tiene en su poder expedientes que señalan a panistas y allí no hace nada.

Son fuentes del mismo gobierno federal quienes aseguran que las órdenes para que no se proceda en contra de panistas provienen de la misma Presidencia de la República, pero aunque esto fuera cierto, tampoco es motivo para que el procurador general de la República se ciña a una impartición de justicia torcida, pues también sabe perfectamente Medina Mora que ahora son ellos quienes están en el poder, pero mañana puede haber otros de distinta filiación partidista y sus acciones sin duda serán revisadas y podría ser sentado en el banquillo de los acusados.

Han sido otros gobiernos en otros tiempos los que también han llevado a juicio a hermanos de servidores públicos. Recordamos rápidamente el caso de los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari, quienes por cierto ya se frotan las manos para volver en 2012 y sin duda vienen con gran rencor por lo que les hicieron. Otro caso más reciente es el del senador y exgobernador perredista Ricardo Monreal, en donde también un hermano es investigado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada por supuestos vínculos con el tráfico de drogas. También hay familiares de panistas señalados puntualmente en la PGR, pero el procurador prefiere ocultar los expedientes y violar las leyes. De éstos y de la parcial impartición de la justicia hablaremos en siguientes entregas.

Narcos piden al gobierno negociar

Y ya que hablamos de narcotraficantes y políticos corruptos, llama la atención el mensaje de un supuesto jefe del grupo mafioso de La Familia, Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, quien en una llamada a un noticiero de televisión en Morelia, Michoacán, convocó al mismo presidente de la República a un pacto nacional y acusó al secretario de Seguridad Pública, Genaro García de Luna, de proteger a los cárteles de Los Zetas y de los Beltrán Leyva.

De inmediato, el gobierno federal por conducto del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, respondió que no se dialoga ni pacta con delincuentes, y advirtió que la ofensiva del Estado contra la delincuencia organizada continuará porque la administración de Felipe Calderón no negociará con organización delictiva alguna.

Me pregunto porqué entonces el gobierno de México ha seguido puntualmente la estrategia aplicada en Colombia en contra de los cárteles de la droga, que incluye el mismo Plan Colombia y que en territorio azteca se le denomina Plan Mérida, ambos impuestos por el gobierno de Estados Unidos, y ahora nos sorprende la propuesta que un supuesto líder de una banda del narcotráfico le hace al gobierno calderonista.

Hay que recordar que fue precisamente Colombia, en los momentos más difíciles de su lucha contra los cárteles de Medellín y de Cali, el que entabló una negociación con los jefes de las mafias para que se entregaran a cambio de ciertas concesiones, como dejarles parte de las fortunas acumuladas por la producción y tráfico de cocaína, así como sentencias menores a las que les hubiera correspondido y respetar a sus familias. Esta decisión del gobierno colombiano disminuyó la enorme violencia que en aquellos años había sumido a ese país sudamericano en una profunda crisis económica, política y social, tal cómo ahora le sucede a México. La pregunta es si no estaremos en condiciones de aplicar la justicia con ciertos privilegios a los jefes de la mafia que se entreguen, cómo ahora se hace con los testigos protegidos que en su mayoría dan falsas declaraciones. Eso también sería negociar y, siguiendo una vez más el ejemplo colombiano, disminuir la batalla que se libra en calles y parajes y que cuesta muchas vidas de mexicanos inocentes. El gobierno debería revisar todas las posibilidades que puedan reducir la violencia que invade a todo le país.

El fracaso de un rescate

Hace dos semanas el procurador general de justicia del Distrito Federal, Miguel Angel Mancera, explicaba y se condolía en noticieros radiofónicos del fracaso de un operativo policial en donde un secuestrador asesinó a dos jefes policiacos y a una mujer que mantenía en cautiverio, para después el delincuente suicidarse de un tiro en la cabeza.

El procurador señalaba con preocupación que era uno de esos extraños casos que se salen del habitual modo de operar de los delincuentes comunes, en donde el secuestrador al verse copado y sin posibilidad de escapar, dispara en contra de los dos policías que iban al mando del operativo y les da muerte, asesina a la víctima Yolanda Coppel Ceballos y después se da un tiro en la cabeza para no ser detenido.

Como hasta ahora sigue la indagatoria para que los peritos en balística y criminología determinen qué ocurrió en realidad, pues el comando policial lo integraban unos 50 agentes judiciales, consultamos a un experto en la lucha y extinción de grupos armados quien consideró que podría tratarse de un secuestro cometido por algún grupo guerrillero para recaudar fondos para su movimiento armado, pues no es común que los secuestradores al verse imposibilitados para escapar maten a la víctima y se suiciden. En cambio, según la misma fuente, puede ser un integrante de un grupo guerrillero que al no tener salida se quitó la vida y la de su víctima.

Mientras se determina qué ocurrió y los motivos del fallido operativo que costó la vida a cuatro personas, en la Procuraduría General de Justicia siguen las indagatorias del enfrentamiento ocurrido el 3 de julio en una casa de seguridad de la colonia San Jerónimo Nativitas, en la delegación Xochimilco, donde murieron también José Antonio Moreno Sánchez, subdirector de antisecuestros; Julio Rincón Juárez, jefe del Grupo GERI, y el delincuente Armando Gutiérrez.

Las investigaciones incluyen exámenes de balística a los rifles y otras armas propiedad de los agentes del Grupo Especial de Reacción e Intervención que participaron en el frustrado rescate, pues una de las líneas de investigación apunta a que los jefes policiales pudieron ser víctimas de los disparos que hicieron sus propios compañeros.

INEGI descubre el hilo negro

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha descubierto algo que todos los mexicanos ya sabían, los pobres son más pobres y los ricos más ricos. Es decir, que en lo que va de la administración de Felipe Calderón, los 80 millones de mexicanos que carecen de bienes necesarios para subsistir vieron reducida aún más esta posibilidad, mientras que la riqueza siguió concentrándose en pocas manos y su acumulación se incrementó.

Por ejemplo, leemos en la nota principal del diario Reforma, en los últimos dos años el 10 por ciento de la población más pobre del país perdió 8 por ciento de sus ingresos en términos reales.

Lo anterior sólo se explica por la grave crisis en que ha metido al país el gobierno panista, el cual no sólo ha perdido la dirección política, sino que fomenta la corrupción y ha pervertido los programas sociales, los cuales no permiten que lleguen los recursos públicos a los más desprotegidos.