Expediente abierto

Ricardo Rocha

Detrás de la Noticia

22 de septiembre de 2009

El caso de Jacinta Francisco Marcial no puede ni debe cerrarse. Menos aún los de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, que siguen presas.

Por partes: para empezar, Jacinta no fue “liberada por las autoridades” así en abstracto ni como un acto generoso o por la presión de algunos medios y ONG. Fueron sus acusadores de la Procuraduría General de la República los que tuvieron que reconocer que no podían sostener las mentiras que desde hace tres años y en complicidad con el juez Rodolfo Pedraza Longi condenaron a estas tres mexicanas otomíes a 21 años de cárcel.

Por eso ahora la exigencia es que se acabe de hacer justicia y se investigue y castigue a todos aquellos que inventaron cargos absurdos, desde el ex procurador Eduardo Medina Mora hasta los seis afis farsantes pasando por el juez Pedraza, que en la última audiencia del 14 de septiembre se pasó ocho horas sin moverse de su lugar y de espaldas a todos los presentes para no dar la cara. Como no la dio nunca para ver ni a Jacinta ni a Alberta ni a Teresa, que siempre se quejaron de que jamás las vio personalmente y, sin embargo, las condenó desde su escritorio sólo mirando papeles. Si todos ellos cometieron delitos, son delincuentes. Punto.

Y es que si alguien tenía todavía alguna duda sobre la soberbia y el menosprecio con que la arrogancia oficial ha tratado estos casos, basta el boletín del 16 de septiembre de la propia PGR, que al explicar que fueron la llamada “duda razonable” y la ausencia de “prueba plena” las que condujeron a la liberación de Jacinta puntualiza: “…es importante aclarar que de las pruebas repuestas en el procedimiento quedó claro que la duda razonable únicamente fue generada para Jacinta, no así para las demás inculpabas, ya que existe imputación directa y categórica en cuanto a su participación en los delitos denunciados”.

¿Es esto una razón? ¿Por qué la PGR siempre se ha negado a dar una explicación pública de la “imputación directa y categórica” que dice tener contra Teresa Hernández Cornelio y Alberta Alcántara Juan? ¿Por qué no dice que a esta última le sembró 50 miligramos de cocaína para acusarla de traficar con drogas en el tianguis de Santiago Mexquititlán cuando ella jamás ha sido tianguista?

Además, ¿por qué la PGR habla de “Jacinta” y de “las demás” sin mencionar sus nombres completos? ¿Se referirán así a las esposas de los poderosos de la política y el dinero o a sus propias parientes cercanas?

Lo dicho, son una pandilla de desvergonzados que todavía quieren lavar media cara de un rostro completamente sucio.