Obtilia Eugenio presentó una denuncia por advertencias de muerte, indica el abogado
El gobierno mexicano sigue sin dar protección a los defensores de derechos humanos: Rosales
JESÚS RODRÍGUEZ MONTES ( Corresponsal)
Tlapa, 15 de marzo. El viernes pasado, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) quedó consignada la denuncia de Obtilia Eugenio Manuel por amenazas de muerte, bajo el número de expediente GRO/SC/021/2010.
A Obtilia le enviaron un anónimo, con letra escrita a mano donde, con muchos errores ortográficos, le advierten que la van a “chingar” si “sigue chingando”.
Es una de las dirigentes más activas de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y ha optado por salir de Ayutla de los Libres debido a que desde hace muchos meses, años incluso, ha sido blanco de amenazas, de hostigamiento, de persecución y atentados de gente que considera como enemiga a los indígenas de la organización que liderea.
De estos hechos de amenazas recientes, que no son los primeros, se ha dado parte a las autoridades estatales, federales y ante organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional (AI).
En abril del año pasado, a partir de que ocurrió unas semanas antes el homicidio de los líderes na savi de la Organización Para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno mexicano medidas de protección para Obtilia y 76 integrantes más de la OPIM y de la OFPM. En ellas se incluye a los parientes de los indígenas asesinados.
Las medidas de protección también fueron solicitadas para 30 miembros de las organizaciones civiles de derechos humanos del estado de Guerrero que han acompañado a los indígenas de Ayutla: el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y la organización Monitor Civil de la Policía y las Fuerzas de Seguridad de La Montaña. En total, 107 defensores fueron acreedores a las medidas otorgadas por la CIDH.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra, coordinador del área jurídica del Centro Tlachinollan, en entrevista con La Jornada Guerrero, afirma que las recientes amenazas contra Obtilia son una prueba contundente de que el gobierno mexicano no ha cumplido con las disposiciones de la CIDH en cuanto a ofrecer seguridad.
Por el contrario, denuncia Rosales, desde que el organismo emitió la solicitud al gobierno los actos de intimidación, hostigamiento y amenazas han aumentado y se han extendido hacia los integrantes de Tlachinollan
Por ejemplo –añade– es el caso del atentado contra Margarita Martín de las Nieves, viuda de Manuel Ponce, quien el 24 de junio del año pasado, como a las 5 de la tarde, cuando viajaba de Ayutla a la localidad La Cortina, un hombre que observó vestido de negro, con el rostro cubierto, les disparó a ella y sus dos acompañantes (hermanos de Manuel) con una escopeta en tres ocasiones.
A finales de 2009, el director de Tlachinollan, el antropólogo Abel Barrera Hernández, denunció ante el Ministerio Público actos de hostigamiento cuando notó que un hombre lo seguía, le tomaba fotos cuando salía de su casa y de las oficinas de la organización. Hacía una bitácora de sus actividades de Barrera. Además, la casa del abogado Isidoro Vicario, también de Tlachinollan, fue allanda y sustrajeron documentos relacionados con casos de violaciones a los derechos donde la organización ha asumido la defensa.
–¿Qué ha pasado con estas medidas de seguridad emitidas por la CIDH?, ¿se han cumplido para las viudas, para los parientes de Raúl y Manuel, para la gente de las organizaciones?
–No. Definitivamente vemos que no se han cumplido. Hay un serio problema de cumplimiento de las medidas cautelares. Te podría decir que el eje vertebral de las medidas provisionales lo constituyen las medidas de investigación y sólo hasta octubre del año pasado estamos enumerando ocho averiguaciones previas que se han dado a partir de denuncias interpuestas por hechos de amenazas, agresiones y atentados a los compañeros y esos son hechos que generan los casos de extrema gravedad para la seguridad de los defensores.
“El gobierno no ha cumplido con esa parte de investigar los hechos y si no hay investigaciones, quiere decir que no se está protegiendo nada, no se está protegiendo a los defensores.
“En diciembre se interpusieron cuatro averiguaciones previas más por actos de hostigamiento y amenazas, entonces estamos hablando de 12 averiguaciones previas más la más reciente por las amenazas a Obtilia. Trece en total”, indica.
Agrega: “son nuevos hechos de hostigamiento, entre los cuales podremos destacar los hechos de amenazas que sufrieron Noemí y Prisciliano Fernández, hija de Inés Fernández Ortega (la indígena me’phaa víctima de violación sexual por soldados del Ejército mexicano en 2002) y su hermano; los hechos de amenazas que sufrieron Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan, y otra del abogado de este Centro, Isidoro Vicario, y una más de un integrante de la OPIM, Orlando Manzanarez, quien fue declarado preso político por Amnistía Internacional”.
–¿Qué piensan de ello?
–Es algo muy grave, pues no sólo no se han cumplido las medidas provisionales, sino que se han dado más hechos. Eso habla de que los perpetradores de los actos de amenazas y hostigamiento contra defensores nos están dando el mensaje claro de que son impunes, que nada les puede pasar y tan es así que ellos van a seguir cometiendo actos de esa naturaleza, concluye.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Difusión: Soberanía Popular
No hay comentarios:
Publicar un comentario