ALMA ALEJANDRA TAPIA
Hay una regresión producto del interés de algunos gobiernos en varias partes del mundo para tratar de acotar y delimitar los derechos de los trabajadores, muestra de ello es la propuesta de reforma laboral presentada al Congreso de la Unión por el Partido Acción Nacional (PAN), dijo Uriel Márquez Valerio, jurista y miembro de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo.
La calificó de voraz y como una embestida salvaje contra los derechos adquiridos por los trabajadores, en la intención de ser controlados, disminuir sus derechos e incrementar el capitalismo salvaje.
Si bien el jurista dijo no estar del todo contra el capitalismo, sí lo está contra el capitalismo salvaje de México, el cual no funciona como en otros países, en donde no sería posible que gente como Carlos Slim fuera tan millonario a causa de la pobreza de millones de personas, y contra el compadrazgo que prevalece.
En México las cosas funcionan en la idea de concentrar más la riqueza en los pocos que la tienen, de modo que el gobierno busca reformas como ésta en un pago de facturas a los poderes fácticos y a los dueños del país.
Antecedentes
Al hacer un análisis de la reforma citada, Márquez Valerio explicó que el derecho del trabajo se divide en dos grandes rubros: derecho individual y colectivo, en el primero están los artículos relativos a la relación o contrato de trabajo, como jornada, salario y otros; el segundo comprende rubros como derecho de libertad de asociación, coalición y huelga.
Lo anterior está integrado en la Ley del Trabajo vigente, elaborada en 1968 y aprobada en 1970, cuya autoría corresponde a Mario de la Cueva de la Rosa, de ascendencia zacatecana, quien viviera en Alemania a principios de la década de los 30, por lo que conoció cómo evolucionaron en Europa los grandes movimientos sindicalistas, mismos que influenciaron la ley que luego elaboraron para México.
Esta suplió a la Ley del Trabajo de 1931. Se rebasaron cuestiones como los contratos de aprendizaje, que no eran otra cosa que someter a prueba al trabajador y sino tenía aptitud no se contrataba, hecho que se prestó a muchos abusos.
Actualmente el proyecto de reforma propuesto por el PAN trata de revivir dicho procedimiento. Márquez Valerio refirió que habría muchos aspectos a reclamarle a la propuesta, que calificó de regresiva y conservadora, debido a que se impulsan los contratos a prueba y la reducción de responsabilidades económicas de los patrones por despidos injustificados.
Sobre todo se quiere impactar en el derecho colectivo a partir del establecimiento de limitaciones a la libertad sindical, sin importar que se viole el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la cual forma parte México.
La propuesta forma parte de una tendencia mundial instituida en Latinoamérica a raíz del Consenso de Washington, que trató de implantar como modelo económico el neoliberalismo, política caracterizada por la privatización de las empresas del estado.
Como ocurrió con Carlos Salinas, quien casi regaló empresas como Teléfonos de México, lo que explica que haya algunos millonarios como Slim.
Asimismo, mencionó cómo el neoliberalismo se caracteriza por tratar de implantar un capitalismo salvaje que parece llevar al país a la época en la que no había ninguna protección para el trabajo humano.
Dijo que atentados contra gremios por situaciones irregulares, como lo sucedido en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), no justifican las modificaciones que el PAN pretende hacer a la ley.
“Si fueran tan honestos, tendría Felipe Calderón que innovar la depuración en los sindicatos burocráticos, comenzando con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE)”.
Dijo que el gobierno federal pretende engañar al intentar imponer la ley, sin embargo, ésta forma parte de todo un intento de la derecha por reducir derechos. Añadió que en el Congreso de la Unión hay alrededor de 370 iniciativas de reforma laboral, entre ellas las presentadas por el PAN, que persisten en lo retrógrado.
Márquez Valerio consideró que la actitud del gobierno de Felipe Calderón en lo que va de su sexenio ha sido de atacar al sindicalismo. El jurista señaló que la insistencia de la Secretaría del Trabajo para que se apruebe dicha ley es sólo una etapa de un proceso de ataque del actual gobierno a los derechos de los trabajadores.
Consideró que la actual Ley General del Trabajo es excelente, que sí requiere reformas, pero no cambios referentes a reducir los derechos laborales.
El prestigiado abogado lamentó que en declaraciones hechas para defender la reforma y en la exposición de motivos se culpe a la Ley del Trabajo de la falta de empleos. “Es completamente falso, pues ésta comenzó a regir en 1970 y, si bien no le suspiro a la hegemonía, cuando el PRI era el partido en el poder el crecimiento económico de México era de 6 a 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)”.
Falsas excusas
Pese a que los problemas empezaron en el gobierno de Luis Echeverría, por muchos factores nacionales e internacionales, no es cierto que la falta de creación de empleos, el crecimiento de la economía informal y el escaso desarrollo económico del país hayan sido provocados por la vigencia de la Ley Federal del Trabajo.
Agregó que quien sostenga lo contrario sólo busca una rueda de molino para ignorantes, debido a que el problema económico de México obedece al modelo neoliberal llevado a los extremos por los gobiernos panistas. Quienes, aseguró, han propiciado el descenso del PIB y falta de crecimiento económico.
Refirió que uno de los constitucionalistas más eminentes del mundo iberoamericano, Luigi Ferrajoli, advierte la necesidad de conservar los derechos sociales por sobre todo, ante la atroz embestida del capitalismo.
Aunque Márquez Valerio cuestionó la disyuntiva falsa del PAN, declaró encontrar algunas propuestas positivas en dicha reforma, pero son mínimas y al final se convierten en actitudes hipócritas, como el hecho de que las cuotas de los sindicatos ya no las retenga el patrón, sino que voluntariamente el trabajador las otorgue al sindicato.
Situación que creyó no es el remedio, puesto que se tendería al debilitamiento de las organizaciones, ya que la cuota estaría al arbitrio del trabajador.
Márquez Valerio rechazó que se quieran autorizar situaciones de facto para regularizar lo existente en la realidad en términos de contratación; “razonamiento cínico. Siendo así, se habría de legalizar el crimen organizado porque ya existe”.
Finalmente, se refirió a la regularización de los salarios caídos que propone la ley, los cuales no deberán ser rebasados por más de seis meses, en el argumento de que en otros países el máximo son tres, pero la diferencia es que aquí no hay una justicia laboral eficaz, y hay juicios laborales que llegan a durar 10 años y por tanto el que pedería sería el trabajador.
Fuente: La Jornada de Zacatecas
Difusión: Soberanía Popular
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