El gobierno estatal debe suspender las obras en el predio de Talicoyunque
Propondrán al Senado que pida a la SCJN investigar el proyecto de la presa El Zapotillo
JUAN CARLOS G. PARTIDA
Además de pedir la inmediata cancelación del proyecto de la presa El Zapotillo, los 26 legisladores federales que el viernes estuvieron en Temacapulín también exigieron se detengan las obras en el terreno de Talicoyunque, donde se pretende reubicar a los afectados a pesar que existe una orden judicial para suspenderlas.
En ese marco, el diputado del PT, Enrique Ibarra Pedroza, a nombre del grupo legislativo federal que lo nombró encargado del tema, rechazó y condenó la “conducta hostil e inhibitoria del gobierno estatal”, luego que al menos siete patrullas y 30 elementos de la policía de Jalisco, sin placas ni número de serie visibles, aparecieron en el mitin que encabezó Andrés Manuel López Obrador en Temacapulín.
“Pedimos que se paren las obras de la reubicación en el terreno de Talicoyunque en el municipio de Cañadas de Obregón y se acate la orden del juez de suspender las obras. Además, que se acepte y cumpla cabalmente la recomendación 35/2009 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ)”, dice el manifiesto que firmaron senadores y diputados afines al liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, al término de la visita a Temacapulín.
Otro punto del manifiesto informa que se llevará el caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que tal instancia resuelva lo más pronto posible por la gravedad de los hechos.
“También solicitamos se exhorte a las cámaras de Diputados y/o Senadores para que pidan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación averiguar la violación grave de garantías individuales, con motivo de la presa El Zapotillo”.
Se solicita también que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Estatal del Agua (CEA), entreguen toda la información que ha sido negada a las comunidades, organismos civiles, instituciones académicas y de derechos humanos sobre la presa El Zapotillo y los avances de la obra hasta el momento.
“Pedimos se destinen recursos para poder examinar proyectos alternativos conocidos al proyecto de la presa El Zapotillo, que no impliquen afectación de núcleos poblacionales, así como una revisión de otras opciones menos contaminantes”.
Además se anuncia una revisión del manejo de la Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico y la actuación de los funcionarios encargados de ésta; la visita del titular de la Conagua, José Luis Luege Tamargo comprometida en la comparencia ante la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República en el año 2009.
Finalmente: “Solicitamos el cese al hostigamiento a las comunidades y se investiguen las recientes amenazas recibidas por miembros de la comunidad, defensores de derechos humanos y una periodista”.
El llamado Manifiesto de Temacapulín señala que los legisladores están preocupados porque la Conagua, la CEA y su similar de Guanajuato, además del gobierno jalisciense, continúan su empeño en construir la presa sin escuchar la voluntad de las poblaciones afectadas que defienden sus derechos fundamentales, el patrimonio cultural y ambiental de ellos y de todos los mexicanos.
“El pasado 14 de octubre de 2009 se adjudicó la construcción de la presa El Zapotillo a la Peninsular Compañía Constructora, al grupo Hermes en asociación con la empresa española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), quienes desde noviembre de 2009 han comenzado la construcción de caminos, albergues y el desmonte de cerros”, denunciaron.
Repudio a hostilidad policiaca
Por otra parte, el diputado Enrique Ibarra Pedroza recordó en un comunicado que el viernes, en Temacapulín, se presentaron policías estatales en una “conducta intimidatoria” que demostró la “vocación represiva del gobierno estatal”.
“Hay que mencionar que los siete vehículos de la policía no llevaban placas y tenían su serie de identificación respectiva completamente tapadas, en un afán claro de que no pudieran ser identificados. Por ello como ciudadano y como diputado federal, expreso mi rechazo y condena a esa conducta hostil e inhibitoria del gobierno estatal, la cual de ninguna manera impedirá que los jaliscienses ejerzamos en libertad de manera pacífica nuestros derechos a manifestarnos y a defender causas sociales”, señaló Ibarra.
Fuente: La Jornada de Jalisco
Difusión: soberanía popular
No hay comentarios:
Publicar un comentario