ESTADO DE LOS ESTADOS

ESTADO DE LOS ESTADOS

Por: Lilia Arellano

“Donde hay poca justicia es un peligro tener razón”: Francisco de Quevedo.

• Teresa y Alberta, justicia a medias

• Podrido el sistema judicial mexicano

• Falta “reparación del daño” a ñhañhús

• Demandan sancionar a Juez y agentes

• Exigen justicia por ataque a la APPO

• Abren administración pública a la IP

Abril 29, 2010.- La justicia en México es tan rara que asombra. Ningún ciudadano mexicano desconoce que en el sistema de administración y justicia del país prevalecen graves fallas; que existe una gran incapacidad y corrupción en la Procuraduría General de la República; que ya es legendaria su incapacidad para llevar a cabo operativos eficientes y que en muchas ocasiones impulsa y persiste en acusaciones infundadas de personas en razón de identidad o por la libre manifestación de las ideas; que existe poca capacidad en los juzgados de distrito para integrar adecuadamente un juicio; que son comunes los casos en los que se violan de manera flagrante y sistemática los derechos procesales de las personas a las que se les imputa un delito; que persiste discriminación por criterios de género, de etnia y de condición socioeconómica; y que son comunes los procesos irregulares a los que habitualmente son sometidas las personas indígenas, que derivan en faltas graves y juicios y sentencias injustas.

Por eso sorprende a propios y extraños que por fin la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumpliera, más vale tarde que nunca, su función en el caso de las indígenas Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan -quienes habían sido acusadas de “secuestrar” a seis policías de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) e injustamente condenadas a 21 años de prisión-, que decretara su inocencia al no comprobárseles ni acreditárseles los delitos que se les imputaron y que ordenara su libración inmediata. Sin embargo, ahora quedan aún dos importantes asuntos pendientes: primero, una adecuada reparación del daño por el tiempo que estuvieron en prisión, y segundo, establecer la responsabilidad de los funcionarios que sin pruebas las acusaron y del Juez IV de Distrito en Querétaro que dictó sentencia en un caso plagado de severas irregularidades. Así lo exige la sociedad mexicana, ansiosa de volver a creer en las autoridades, en la ley y en el imperio del Estado de Derecho.

Rogelio Estrada Pacheco, presidente del Consejo Directivo Nacional de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concam), demandó iniciar responsabilidades al Juez IV de Distrito en Querétaro, que fincó un procedimiento violatorio de garantías”, que mantuvo casi 4 años en prisión a las indígenas Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, a fin de sentar precedente e impedir que otras personas encargadas de impartir justicia lo tengan en cuenta en este tipo de casos.

La Concam solicitará la remoción del juez que dictó sentencia en un caso con severas irregularidades, contra las dos mujeres acusadas de secuestrar a elementos de la Agencia Federal de Investigación. Estrada dijo que “aquí se trata no nada más de decir: usted disculpe por 4 años de prisión. Se trata de responsabilizar a quién ejecutó ese procedimiento mal, no es la Procuraduría General de la República, es el juez cuarto que estableció el procedimiento violatorio de garantías y que en este momento tiene una responsabilidad”. Sin embargo, el abogado reconoció que la reparación del daño “es difícil”.

También la organización Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado a la administración de Felipe Calderón para que se asegure de que Teresa y Alberta reciban una reparación “adecuada” del daño por el tiempo que estuvieron en prisión. AI destacó que “las graves irregularidades en el proceso y en la investigación de Teresa y Alberta eran evidentes, sin embargo, ambas pasaron más de tres años y medio de injusta prisión debido a la persistente convicción de la Procuraduría General de la República y el poder judicial sobre su culpabilidad”, convicción totalmente equivocada como lo demostró la revisión que llevo cabo del caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Teresa y Alberta habían sido reconocidas por Amnistía Internacional como “presas de conciencia” por considerar que “el único motivo que las mantenía en prisión era el hecho de ser mujeres, indígenas y viviendo en condiciones de pobreza”. AI subrayó que “es hora de que la PGR reconozca la conducta violatoria de los derechos humanos en este caso y se asegure de que casos como el de Teresa y Alberta no se repitan”.

También, Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que el caso de las indígenas otomíes Teresa y Alberta es importante porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la facultad de sentar precedente. Su caso no es un hecho aislado, sino que muchas situaciones parecidas persisten en el país. Consideró que el fallo de la SCJN “es un acto de justicia que pone en evidencia la violación de derechos fundamentales de las agraviadas por parte de las autoridades”.

Dijo que no basta la resolución a favor de las dos mujeres, toda vez que ha quedado en evidencia la disfuncionalidad del sistema de justicia mexicano, sino que se debe dar una reparación integral del daño, la no repetición de los hechos y la sanción de los responsables. Pidió a las autoridades impulsar los cambios necesarios encaminados a implementar mecanismos efectivos que tutelen los derechos humanos dentro del sistema de justicia, ya que la Ley Antisecuestros o figuras como el arraigo contradicen profundamente el discurso de algunos políticos a favor de los derechos humanos.

INJUSTICIA

Las indígenas Alberta Alcántara, Teresa González y Jacinta Francisco fueron acusadas de supuestamente secuestrar a seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) el 26 de marzo de 2006, en un tianguis de Santiago Mextitlán, Querétaro. El caso fue llevado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien tras revisarlo y analizarlo emitió en el mes de julio de 2009 una recomendación contra la Procuraduría General de la República (PGR), dependencia a la que estaba adscrita la AFI, por considerar que las mujeres fueron detenidas y sentenciadas con falsos testimonios. La PGR se negó a acatar la recomendación de la CNDH y a pesar de lo increíble e inverosímil de la acusación y tras un proceso plagado de irregularidades, fueron sentenciadas el 3 de agosto a 21 años de cárcel.

Cabe destacar que la CNDH analizó el caso y detectó una integración irregular de la averiguación previa y deficiente desempeño del agente del Ministerio Público Federal y de los elementos de la AFI involucrados, por lo que concluyó que los funcionarios violaron los derechos de “legalidad” y de “seguridad jurídica” de las mujeres de la etnia ñhañhú. La CNDH emitió la recomendación 47-2009 a la PGR para que iniciara un proceso de investigación en contra de funcionarios del Ministerio Público de los agentes federales por diversos actos y omisiones que afectaron a las acusadas; también pidió a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, iniciar una investigación previa contra dichos funcionarios de la PGR. La respuesta de la PGR fue que no aceptaba la recomendación, que eran falsos los hechos narrados y que la CNDH no tenía competencia en el asunto. Además, se negó a proporcionar datos para la localización de los agentes.

No obstante y apenas 17 días después de haberse dictado la sentencia, el 20 de agosto, la delegada de la PGR, Norma Valdés, aseguró que el secuestro de los elementos de la AFI fue responsabilidad de alrededor de 200 personas y no sólo de las tres indígenas encarceladas.

Ante la creciente presión internacional y nacional de defensores de los derechos humanos, abogados y hasta legisladores, un mes después, el 16 de septiembre, Jacinta Francisco Marcial fue liberada y abandonó el Reclusorio Femenil de San José El Alto en Querétaro, donde estuvo tres años. Cinco meses después, en febrero de este año, la organización Amnistía Internacional declaró a Alberta y Teresa “presas de conciencia” y un mes después en el Senado de la República varios legisladores pusieron en evidencia la violación a los derechos humanos de las mujeres y demandaron la revisión de su caso y su liberación.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvieron que atraer el caso y al analizarlo encontraron innumerables irregularidades en la detención, el proceso legal y la sentencia, por lo que el miércoles 28 de abril resolvieron que debían ser liberadas, acción que ocurrió ese mismo día.

Tras ser liberadas, Alberta Alcántara y Teresa González sólo exigieron una disculpa pública por parte de las autoridades por los 3 años y 8 meses que injustamente se les mantuvo detenidas. Las indígenas ñhañhus manifestaron su esperanza de que “ojalá que nuestro caso sirva a que muchas de nuestras compañeras, y no nada más en el Cereso Femenil de San José El Alto, sino en todos los demás que se encuentran injustamente encarceladas por un delito que no cometieron, pero hay mucha gente inocente... que somos pobres, humildes, que no tenemos dinero para pagar y somos las que estamos pagando los delitos y luego pues ni es cierto”.

La disculpa la estamos esperando todos los mexicanos, pero no sólo eso también la reparación del daño por el tiempo que estuvieron en prisión y, sobre todo, el establecimiento de la responsabilidad de los funcionarios que sin pruebas las acusaron y del Juez IV de Distrito en Querétaro que dictó sentencia en un caso plagado de severas irregularidades. Es urgente ya acabar con la impunidad oficial de cuello blanco.

DEMANDAS A LA LEY SB1070

La ley antiinmigrantes SB1070 del estado de Arizona se convirtió en una piedra en el zapato para la administración del presidente estadounidense Barack Obama, porque puso en evidencia, no sólo en todo el territorio de Estados Unidos sino también en el concierto internacional, el fracaso -derivado de su omisión- del mandatario afroamericano para implementar una verdadera reforma migratoria.

Por tal razón, de acuerdo con el influyente diario estadounidense The Washington Post, funcionarios de la administración de Obama están presionando para que el Departamento de Justicia adopte el “extraordinario paso” de una demanda contra la ley SB1070, que podía presentarse el próximo mes de mayo, a fin de evitar que entre en vigor. Una de las razones legales consideradas para la demanda es la doctrina de “anticipación”, y el argumento es que la ley estatal de Arizona promulgada el pasado 23 de abril invade un área que es de responsabilidad del gobierno federal.

Como ya lo hemos tratado ampliamente en este espacio, la ley autoriza a la policía de Arizona a interrogar sobre la situación migratoria de cualquier persona que tenga “sospecha razonable” de estar indocumentada en el país, y establece que la presencia de un indocumentado en ese estado configura el delito criminal de “traspaso” que conlleva a una pena de hasta seis meses en prisión y el pago de una multa. La ley SB1070 alienta la discriminación basada en el perfil de las personas y llevará a las policías locales a utilizar el color de la piel, el acento o la capacidad limitada en el inglés como base de sospecha.

Cabe resaltar que The Washington Post calificó la ley como una herramienta para acosar a los inmigrantes en los cuales “el Estado descansó en tiempos felices para mantener el boom de la construcción de hoteles y hospitales”. También consideró que la nueva ley distraerá a las policías de su obligación principal y las colocará en un dilema ante el prospecto de ser multados si ignoran su cumplimiento, demás de que “emponzoñará las relaciones de la policía con las comunidades de inmigrantes”.

Si Obama y el Congreso no actúan con rapidez, otros estados de la unión americana y muchas localidades, sobre todo en la franja fronteriza con México, se verán tentadas a imitar el mal ejemplo de Arizona, y a emprender incluso acciones más extremas. El riesgo es tal que ya la Coalición Nacional de Clérigos y Líderes Cristianos Hispanos (CONLAMIC), organización con base en Washington D. C., que representa a más de 30 mil iglesias en EU, presentó ayer una demanda en contra de la ley estatal de Arizona SB1070, la primera referida a la polémica norma que criminaliza a los indocumentados.

El reverendo Miguel Rivera, presidente de la CONLAMIC, organización que tiene el 38 por ciento de sus feligreses precisamente entre inmigrantes indocumentados, explicó que “estamos solicitando ante la corte una orden de abstención de la aplicación de la ley estatal SB1070, ya que consideramos que viola el derecho de un proceso justo, porque permite que los sospechosos de ser indocumentados sean detenidos antes de ser condenados”. Esta ley, dijo, no sólo es antiinmigrante, sino también en contra de todos los latinos de Estados Unidos.

También otras organizaciones anunciaron demandas para una orden de restricción contra esa ley, entre las que destacan la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), el Fondo México-Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDF) y el Centro Nacional de Leyes de Migración (NILC), con el propósito de vencer la SB1070 como vencieron, también conjuntamente hace 15 años, otra ley similar en California, la Propuesta 187.

EXIGEN JUSTICIA POR ATAQUE A APPO

En la Cámara de Diputados, la fracción parlamentaria del PRD colocó en la tribuna carteles para exigir justicia para las víctimas del ataque en San Juan Copala, Oaxaca, a una caravana de la APPO, en el que murieron el pasado 27 de abril la activista mexicana Beatriz Alberta Cariño, y el ciudadano finlandés Tyri Antero Jaakkola.

Por su lado, la coordinadora para México de la Unión Finlandesa por la Paz, miembro del parlamento europeo e integrante de la Universidad de Helsinki, Mer Marjaana Mojonen, demandó a la administración de Felipe Calderón hacer valer la justicia en Oaxaca para dar con el paradero de los responsables a la agresión contra la caravana humanitaria, en la que participaban militantes del Movimiento Unificador de Lucha Trique Independiente (Multi), de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y maestros de la Sección 22 del SNTE.

La Procuraduría de Justicia del estado de Oaxaca reportó por su parte que cuenta con pistas de los presuntos responsables del ataque, y al parecer se trata de gente vinculada con algunos de los grupos y organizaciones sociales que se disputan el control político del llamado municipio autónomo de San Juan Copala. Mientras que el gobierno de la entidad informó que desplegó un operativo policíaco, apoyado con sobrevuelos de helicópteros y patrullas en la zona triquí, para dar con el paradero de cuatro personas desaparecidas, miembros de esa caravana, que son dos reporteros de la revista “Contralínea”, David Cilias y Erica Ramírez, así como dos activistas de la APPO, David Venegas y Noel Bautista.

DE LOS PASILLOS

La denominada reforma “Antimonopolios” fue aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados por 386 votos a favor, y pretende modernizar el sistema de competencia en México, otorgando “dientes” a la autoridad reguladora, fijando penas de cárcel a los monopolios y multas económicas en porcentaje de las ganancias de las empresas que violen la legislación. Como esta reforma fue enviada al Senado, cuyo pleno deberá turnarla a comisiones, se espera que sea hasta septiembre cuando pueda abrirse el proceso de análisis.

Y en el Senado de la República se aprobó por mayoría la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas, que abre la totalidad de la Administración Pública Federal a la inversión privada, con excepción de las limitaciones constitucionales en materia de hidrocarburos, con lo que de ser aprobada también por la Cámara de Diputados a la que ya fue turnada, se institucionalizaría un modelo de contrato integral que ya se ejecuta en el país y que se conoce como Proyecto de Prestación de Servicios (PPS).

(lillia_arellano@yahoo.co; www.fuego-cruzado.tv; www.estadodelosestados.com.mx)

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Fuente: Indice Político

Difusión: AMLOTV