Policías instalaron seis retenes para impedir la participación del Cecop
Los opositores realizaron un mitin contra represión; dentro, una minoría avaló el acuerdo
FRANCISCA MEZA ( )
Comuneros simpatizantes con el proyecto hidroeléctrico La Parota, aprobaron ayer por la mañana la expropiación de mil 300 hectáreas de tierras para el desarrollo de la presa en una asamblea custodiada por policías ministeriales, estatales y municipales, quienes con equipo antimotines impidieron la entrada a la parte opositora, que rebasaba por varios cientos a los que apoyan la obra.
Desde el medio día anterior, los agentes policiacos llegaron al lugar y se distribuyeron en seis retenes, los cuales permanecieron hasta el final de la asamblea. El primero se instaló sobre la carretera federal Acapulco-Costa Chica, en el poblado de Tunzingo; el segundo, en el entronque a Las Plazuelas, seguido por los instalados en el entronque a San Isidro Gallinero, Garrapatas, Parotillas y Agua Caliente.
De acuerdo con información oficial, en estas movilizaciones participaron 17 grupos de la policía estatal, que aglutinaban 150 agentes, 10 grupos de la ministerial, cinco ministerios públicos, cinco agentes de Gobernación y cinco grupos de la policía municipal, además de que en cada puerta del lugar en donde se llevó a cabo la asamblea –una principal y dos de emergencia–, se colocaron 25 agentes.
Desde temprana hora, los filtros de reactivaron con el paso de habitantes de las comunidades. De acuerdo con la información, la indicación era que se revisara a cada vehículo para decomisar todo aquellos que pudiera ser utilizado en la asamblea para lesionar a terceros como machetes, resorteras, palos, cuchillos y cualquier otro artefacto.
Según los policías, cuando pasaron comuneros armados se les decomisaron sus utensilios y se les entregó un ticket para que al regreso pasaran por sus pertenencias. Cada vehículo que pasaba por los retenes era revisado, sin importar si dentro iban ancianos, mujeres y niños.
En todo momento, la zona fue supervisada por un helicóptero de la Policía Preventiva Estatal, en el cual se trasladó personal del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo.
A las 8 de la mañana llegaron a La Concepción los integrantes de diferentes organizaciones nacionales e internacionales sociales y de derechos humanos, quienes formaron la misión de observación. Éstos, al identificarse, no fueron revisados por la policía.
Conforme transcurrió el tiempo, los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop) se aglutinaron en el cerro posterior al terreno donde se desarrollaría la asamblea, el cual fue enmallado con anterioridad.
En tanto, al lugar ingresó el subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Ramón Miguel Arriola Ibarria, quien iba al mando del operativo, y el secretario particular del gobernador, César Bajos Valverde, quien aseguró que sólo fue enviado para informar de las obras que el gobierno del estado ha desarrollado en la zona de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Desde las 9:15 de la mañana, una comisión de comuneros encabezados por integrantes del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, pidieron a los policías que les permitieran la entrada a la asamblea pero con garantías de seguridad, entre estas, que se retiraran los agentes antimotines que estaban en los accesos. Un policía dijo que no tenía responsabilidad en el caso.
Tras la malla, Arriola Ibarría dijo que preguntaría a los integrantes del comisariado ejidal si eso era posible para lo cual pidió cinco minutos. Sin embargo, pasó más de 40 minutos y la respuesta no llegó; desde el cerro se observaba una caravana de taxistas de la zona urbana de Acapulco, agremiados a la Organización de Unidades de Autos de Alquiler (OUAA) que llegaba a la zona.
Al llegar la hora de la asamblea, los integrantes del Cecop se acercaron al acceso principal para entrar a la asamblea, sin embargo, ésta fue cerrada con una cadena con candado y estuvo vigilada por los policías antimotines de distintas corporaciones. Debido a esto los opositores esperaron afuera del lugar.
Dentro, el secretario particular del gobernador Zeferino Torreblanca leyó los proyectos efectuados en la zona; Bajos Valverde estuvo sentado en el presídium, acompañado por los integrantes del comisariado ejidal.
En el desarrollo de la asamblea, el secretario del comisaría ejidal, Eudocio Miranda, leyó los siete puntos que contenía la convocatoria. Los tres últimos enfocados a la solicitud de anuencia planteada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la expropiación de poco más de mil 300 hectáreas de la zona “por causa de utilidad pública” para la construcción de la presa La Parota; para solicitar ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la autorización del impacto ambiental, el cambio de uso de suelo forestal y la solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) del dictamen del cambio de uso de suelo para la utilidad pública.
El último punto fue analizar la solicitud de la CFE, para que en la asamblea general de comuneros se autorice la ocupación de las hectáreas expuestas, así como la autorización del comisariado ejidal para suscribir el convenio para la ocupación de la superficie.
Tras leer el orden del día el secretario del comisariado a quien los opositores no reconocen, preguntó: “Compañeros. Los que estén de acuerdo con los tres puntos que levanten la mano. Los que estén de acuerdo con el proyecto hidroeléctrico La Parota” y en respuesta los únicos comuneros que estaban en la reunión, al menos 600 de 46 comunidades que estarían afectadas, levantaron la mano; acto seguido la reunión concluyó.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Difusión: Soberanía Popular
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