Estrategia antinarco, un fracaso anunciado

Estrategia antinarco, un fracaso anunciado

ALBERTO MONTOYA MARTÍN DEL CAMPO

(Cuarta y última)

V. ¿Qué hacer ante esta situación?

Este análisis conduce a la conclusión de que la actual estrategia del gobierno mexicano conduce al fracaso, como es ya evidente después de estos tres años de aplicación. El camino para modificarla pasa por el reconocimiento de las causas sistémicas y los intereses geopolíticos.

México debe modificar de inmediato la estrategia seguida, que ha provocado la intensificación de la violencia, no ha terminado con la economía criminal ni su secuela de corrupción, y corresponde principalmente al interés geopolítico estadounidense. El curso de acción que se propone es el siguiente:

Regresar al ejército a los cuarteles y reforzar su apoyo al Ministerio Público Federal en los operativos que sean necesarios para sus labores de investigación.

Revertir las modificaciones jurídicas, institucionales y políticas que van en la dirección del establecimiento de un Estado policiaco, restableciendo el control del Poder Legislativo y Judicial sobre la policía y las instituciones de procuración de justicia.

Suspender la “ayuda” que se está otorgando al Ejército Mexicano por parte del gobierno de los Estados Unidos, para “reducir territorios ingobernados”; y la cooperación militar, pues el Ejército Mexicano no requiere de ninguna ayuda extranjera para realizar las misiones substantivas que la Constitución le encomienda. La aceptación de tales ayudas tiene como correlato necesario la presentación de informes a un congreso extranjero, sobre las acciones que deben corresponder de manera exclusiva al Estado mexicano y a sus poderes públicos.[1]

Legalizar la producción y el consumo medicinal de la marihuana y dar tratamiento de enfermos a las personas adictas.

Muchas personalidades consideran el paradigma actual como un fracaso[2] y proponen que se debe legalizar las drogas.[3]

Este enfoque es consistente con la propuesta de legalizar las drogas que se ha presentado en las Naciones Unidas.[4]

Al legalizar esta producción y consumo de la marihuana, México debe exigir una compensación de daños a los Estados Unidos por los daños causados por el consumo de drogas en los Estados Unidos, así como promover una acción en los espacios internacionales multilaterales. [5]

Exigir la transparencia del sistema financiero y su cooperación por mandato legal, para poder confiscar los bienes del sistema de la economía criminal, pues sus transacciones terminan inevitablemente en él.

Promover una amplia toma de consciencia nacional sobre la naturaleza del sistema de la economía criminal, y de la necesidad de modificar la estrategia seguida.

Exhibir en la opinión pública a las empresas que colaboran con el sistema de la economía criminal, para que sean repudiados por la ciudadanía.

En lo que se refiere al consumo, se debe trabajar intensamente en la prevención, especialmente entre los jóvenes. Es muy importante la formación ética sobre las raíces culturales de la violencia, en donde se debe terminar con la cultura de la violencia sobre las mujeres.

En la cultura política se debe exigir plena responsabilidad sobre la utilización de la fuerza pública: ningún acto de fuerza se justifica por el hecho de ser realizado al amparo de las atribuciones que otorgan las leyes a las instituciones. El estado no tiene a priori el monopolio de la “violencia legítima”, sino que ésta se debe justificar en cada caso bajo el criterio de justicia. Se debe promover la cultura de la vida y no la de la muerte.

Promover convenios amplios en todo el país para la cooperación de las instituciones educativas en las labores de prevención, formación y coordinación para acotar los márgenes de acción del sistema de economía criminal en cada comunidad.

Se debe terminar tajantemente con la apología del crimen, la cultura de la violencia y la promoción de los valores que alimentan el sistema de la economía criminal, que se hace de manera directa o indirecta a través del cine, la radio y la televisión, especialmente en la programación producida en los Estados Unidos, estableciendo consejos ciudadanos de vigilancia de los contenidos, cuyas recomendaciones tengan carácter vinculatorio para las autoridades de la Secretaría de Gobernación, para sancionar severamente e incluso cancelar las concesiones para el uso del espectro radioeléctrico, de quienes transmiten y reproducen la cultura de la violencia, el lucro y la impunidad.

m. Involucrar a la sociedad civil en la responsabilidad preventiva del consumo de drogas, a través de las instituciones escolares, los gobiernos municipales, las organizaciones de la sociedad civil.

Modificar las leyes aprobadas para la extinción de dominio, para que todos los bienes confiscados sean entregados a las organizaciones de la sociedad civil y a proyectos de grupos de jóvenes, en lugar de ser convertidos en bienes públicos, con el objeto de detonar oportunidades para crear ingresos en la sociedad, al mismo tiempo que con ello se motivaría más ampliamente la participación de la sociedad civil y reduciría el consenso social que apoya al sistema de la economía criminal.

Establecer una amplia agenda de investigación en las universidades mexicanas sobre el sistema de la economía criminal, que incluya la investigación social sobre este fenómeno; la evaluación y propuesta de mejoramiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia; desarrollo de tecnologías de información, programas de cómputo propios y de encriptación de sistemas de comunicaciones, lo que constituye un núcleo fundamental de cualquier estrategia; un trabajo coordinado con las instancias correspondientes de las Naciones Unidas, para recuperar todos los trabajos de investigación que ya han sido realizados.

[1] EU dio partida para “liberar territorios”. Se pretende mejorar la capacidad militar en operaciones “antiterroristas”. Doris Gómora. El Universal. Miércoles 25 de marzo de 2009. “Documentos oficiales del gobierno estadounidense refieren que al Departamento de Defensa se le asignó una partida por 12 millones 945 mil dólares para que las Fuerzas Armadas mexicanas mejoren la capacidad “para reducir los territorios ingobernados”. En el presupuesto aprobado para esa dependencia, bajo la sección 1206 integrada por fondos discrecionales, se explica que los recursos se destinarán para “mejorar la capacidad del Ejército y Armada de México, así como fuerzas especiales, para reducir los territorios ingobernados que podrían ser explotados por violentas organizaciones terroristas”. El documento, cuya copia tiene este diario, añade que el dinero servirá además para proteger con mayor efectividad la infraestructura crítica, “encontrar y reparar objetivos, y establecer condiciones para incrementar la cooperación con Estados Unidos”. De esta forma, el Pentágono entregará a la Secretaría de la Defensa en 2009 equipo de combate al terrorismo, apoyo técnico inicial, intermedio y avanzado sobre medios digitales forenses, usados para inteligencia. Los recursos son independientes de la Iniciativa Mérida.

[2] Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria, Ernesto Zedillo. También George Schultz, Milton Friedman y otros. BROOKS. Ibid.

[3] “La guerra contra las drogas ha sido un desastre, ha creado Estados fallidos en el mundo en desarrollo, aun mientras la adicción florece en países ricos. De cualquier forma en que se mida ... esta lucha ha sido antiliberal, asesina y sin sentido. Es por ello que The Economist continúa creyendo que la política menos mala es legalizar las drogas”. BROOKS. Ibid.

[4] “Por primera vez en ONU se hablará abiertamente de legalizar las drogas” Hace una década, en 1998, una sesión especial de las Naciones Unidas emitía una declaración en la que prometía “un mundo sin drogas” para 2008, sobre la base de una férrea política de prohibición. No resulta difícil ver cuáles han sido los resultados. Desde mañana se realizará en Viena una evaluación de esas directivas y por primera vez se incluirá abiertamente en el debate la posibilidad de la legalización. Ministros de 53 países participarán desde mañana en la sesión de la Comisión sobre Drogas Narcóticas (CDN) en la capital de Austria, donde se encuentra la sede de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés). La reunión ministerial se llevará a cabo los dos primeros días, pero la sesión continuará hasta el 20 de marzo…El propio director ejecutivo de la UNODC, el italiano Antonio María Costa, quien también es miembro del buró de la CDN, reconoce ahora que el control de las drogas ha tenido como una de sus imprevistas consecuencias el fortalecimiento del crimen organizado. Costa ha presentado un informe a la Comisión en el que admite que toda la política de control se ha visto minada por “un mercado criminal de monumentales proporciones”. Todo muy lejos del “mundo sin drogas” y de la “eliminación o reducción significativa” de la producción de opio, cocaína y cannabis para 2008, como triunfalmente se hablaba una década atrás…Un ejemplo que compete mucho al Paraguay es el de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, liderada por los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, del Brasil, César Gaviria, de Colombia, y Ernesto Zedillo, de México, que elevará una recomendación concreta de legalizar, como primer paso, la producción y el consumo de marihuana, considerada la droga ilegal menos peligrosa. La Comisión, constituida por una veintena de eminencias de distintos países de la región, se reunió el 11 de febrero en Río de Janeiro para elaborar las bases del documento a ser presentado. La conclusión más importante es el reconocimiento de que las políticas basadas en la represión, impulsadas ampliamente por Estados Unidos y la propia ONU, han sido un fracaso. No solo la producción y el consumo se siguen incrementando pese a todos los esfuerzos, sino que las mafias continúan fortaleciéndose cada vez más, inficionando los sistemas políticos, judiciales y de seguridad y comprometiendo seriamente la gobernabilidad y la viabilidad de las democracias en muchos países. “Una evaluación realista de esta política demuestra que no hubo reducción de la producción de drogas ni del consumo. Estamos más lejos que nunca del objetivo de erradicar las drogas y, más grave aún, este enfoque prohibicionista ha generado problemas humanos y sociales gravísimos como el aumento de la violencia y de la corrupción en la región”, dijo Fernando Henrique Cardoso tras la reunión en Río de Janeiro. Como primer paso, la Comisión planteará a la comunidad internacional la despenalización del consumo de marihuana, por considerar que esto es por ahora lo más factible. Se pliega al punto de vista de que el problema de las drogas debe ser tratado en el ámbito de la salud pública y ser sacado del ámbito criminal, porque de lo contrario, los únicos grandes beneficiados son los propios narcotraficantes. “Los usuarios de droga deben ir al médico, no a la cárcel”, sostienen los ex presidentes.” .Publicado por ABC – Paraguay, 10 marzo 2009.

[5] Editorial EL UNIVERSAL. Cárceles, ¿para qué? 21 de mayo de 2009. Gastamos cada año 11 mil millones de pesos para tener encerradas a 213 mil personas en las cárceles de este país. ¿Qué hemos obtenido? Motines, mercados cautivos para la venta de drogas y centros de operación para extorsionadores, secuestradores y capos del narco. Es tiempo de pensar si tiene sentido seguir por el camino que ha probado ya su fracaso aquí y en el resto del mundo. Tampoco es cuestión de dinero. Estados Unidos tiene 2 millones de reclusos; gasta en cada uno más de 100 mil dólares al año y está lejos de ser uno de los países con menor delincuencia. ¿Qué esperanzas de seguridad tiene un país que sigue el mismo modelo pero que apenas resuelve 2% de sus delitos? Incluso si mágicamente desapareciéramos la impunidad en el corto plazo, no habría dónde poner a tanto criminal. México destina 50 mil pesos al año, 130 pesos diarios, en cada reo. Eso es casi tres veces el salario mínimo. Puesto que dos de cada tres reclusos están en prisión por robos simples o delitos que ameritan menos de tres años de prisión —debido a conductas delictivas no violentas y de poca gravedad—, ese dinero sería más útil en la prevención de esos crímenes. Bien canalizados, 130 pesos diarios pueden evitar que un joven se meta de narcomenudista o de ratero. Esa ha sido la estrategia en países como Japón, Suecia, Francia e Inglaterra. El resultado es que sus índices de criminalidad y de reclusos per cápita son mucho menores que en el modelo de México: Estados Unidos. Cálculos del Instituto para la Seguridad y la Democracia revelan que sólo con el costo diario de la población reclusa sin condena podría sufragarse el apoyo anual para casi 2 mil familias en el programa Oportunidades. En vez de perder el tiempo con propuestas de pena de muerte, cadena perpetua y sanciones más severas, los políticos deberían cambiar el modelo de represión por uno de prevención. Las pruebas están a la vista y el dinero existe. Ahora falta voluntad.

Fuente: Voces del Periodista

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