26 de junio de 2010
Está corriendo el término de quince días hábiles para que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República acepten (total o parcialmente) o rechacen la recomendación que les dirigió la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la muerte de los niños Martín y Bryan Almanza. La CNDH sostiene, al cabo de una investigación propia, que fueron soldados quienes dispararon contra las víctimas y sus familiares y no, como dijo el procurador de justicia militar, que perdieron la vida en un enfrentamiento. El ombudsman, que dio a conocer la recomendación el 16 de junio, añade que militares alteraron la escena de los acontecimientos para hacer creíble su versión.
A la difusión pública de la recomendación siguió una conducta inusual de las autoridades. Lo normal es que los órganos a quienes se dirigen esos documentos de la CNDH no se manifiesten en torno de los mismos sino en el momento de aceptar o rechazar las recomendaciones. En esta ocasión, sin embargo, el gobierno federal se apresuró a descalificar la indagación de la Comisión de derechos humanos. El secretario de Gobernación, reducido o elevado, ya no se sabe qué, a la condición de vocero de las fuerzas armadas en cuanto apuro generan, dijo dos días después de emitido el documento que la indagación que le dio pie no fue exhaustiva, y que la Comisión no incluyó en la suya elementos que constan en otras investigaciones. Se refirió así a la averiguación previa que el ministerio público militar está realizando y que en efecto no está disponible ni siquiera para la CNDH.
Enseguida, de manera extraoficial, “fuentes militares” no identificadas examinaron la recomendación y en vez de responderla formalmente pretendieron también denigrarla, pretendiendo que no resultó de una investigación rigurosa y que contiene contradicciones. Se trata de evitar que queden en cuestión las afirmaciones en torno del delicado asunto que expresó el procurador militar, general José Luis García, el 30 de abril, casi un mes después de ocurridos los hechos en que, según la versión del matrimonio de Martín y Cinthia Almanza Salazar, sus hijos fueron asesinados por militares que dispararon sin causa contra el vehículo en que catorce personas viajaban hacia la playa de Matamoros. Es la misma actitud que el Ejército y el resto del gobierno federal ha asumido en torno de la muerte de los estudiantes de posgrado del Tecnológico de Monterrey, donde se pretendió fingir que las víctimas eran sicarios caídos en el combate que les enderezó el Ejército. El secretario de Gobernación ofreció mostrar a la institución afectada y al público en general un vídeo donde se apreciaban los hechos y esta es la hora, luego de tres meses, en que esa exhibición no ha ocurrido.
Este blindaje a las fuerzas armadas, para que no queden en entredicho, está siendo completado en los días que corren por varias medidas de publicidad y de relaciones públicas tendentes a presentar la mejor imagen de los militares o a lavar la cara a una institución que no acaba de ser eficaz en el combate a la delincuencia organizada y en cambio entra en problemas con la sociedad civil. Está al aire por radio y televisión una pauta que pondera las virtudes del Ejército como instancia protectora de la comunidad. Se anuncia la pronta puesta al alcance del público de los acervos, en trance de digitalización, del archivo histórico de la Sedena y el propio presidente Calderón anticipó que el Ejército entregará veinte millones de banderas a otras tantas familias, en un paquete de celebración del bicentenario. Junto con las banderas, aptas para ser colocadas en los domicilios de los destinatarios, se regalarán también la letra del Himno Nacional y folletos informativos, supongo que sobre las acciones militares en casos de desastre o sobre su sistema escolar.
En esta línea acaba de ser creada, por un acuerdo del titular de la Defensa Nacional, una Dirección de vinculación ciudadana, que estará a cargo de un general y dependerá directamente del general secretario y tendrá por objeto “generar los acercamientos necesarios para la solución de conflictos entre el Ejército y la Fuerza Aérea y la sociedad en general, ocasionados con motivo de la presencia militar en las calles, desarrollando una metodología para establecer, articular y mantener una adecuada y efectiva comunicación entre los citados interlocutores”.
La exposición de motivos de este acuerdo reconoce que la participación militar en el combate a la delincuencia organizada “ha generado la necesidad de establecer vínculos de comunicación con la sociedad civil, con el propósito de intercambiar puntos de vista e información relacionada con este quehacer militar”. Allí mismo se informa de la realización de 24 foros donde se ha desarrollado ese intercambio, lo cual indica que crear esta dirección de vinculación es en cierto modo la culminación de una política o por lo menos de una actitud de acercamiento entre personal militar y ciudadanos.
Como ocurrió antes con la dirección de derechos humanos en la Sedena, no basta la creación de un órgano administrativo para construir o modificar una actitud de la organización castrense ante la población civil. La misión de allanar conflictos entre militares y civiles no puede ser cumplida al margen de la ley, sino como complemento de la aplicación de esta, a lo que inducen las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a las que se debe responder, no descalificar.
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