México D.F., 13 de agosto de 2010 (Cencos).- Tras visitar Chicomuselo, Chiapas, población que se ha transformado desde la llegada de la trasnacional canadiense Blackfire, una misión de observación de organizaciones civiles de aquel país concluyó en su informe que no hay beneficio alguno para la comunidad, recoge testimonios sobre opacidad en los trámites de la minera, el daño medio ambiental y la destrucción del tejido social, y considera inviable que la empresa deba reiniciar sus operaciones en la mina Payback.
Además, recomienda que Blackfire retire la demanda contra el estado de Chiapas para dejar sin efecto la orden de clausura en su contra, deje de hacer amenazas contra autoridades del gobierno y pobladores de Chicomuselo, transparente los pagos que ha realizado al ejido Grecia donde se localiza la mina de barita, indemnice al ejido Nueva Morelia por el impacto ambiental que provocó la construcción de un camino, emita una disculpa pública por actos de intimidación hechos por sus empleados y en especial por el asesinato del activista Mariano Abraca Roblero y se comprometa públicamente a reparar las casas agrietadas por el paso de transporte de carga.
La delegación canadiense estuvo en México del 20 al 27 de marzo pasado y durante la visita sus integrantes se reunieron con diplomáticos de su país, funcionarios, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y pobladores de Chicomuselo en Chiapas.
El informe plantea los antecedentes de la región y la presencia de la trasnacional minerometalúrgica Blackfire en Chicomuselo; hace un análisis de la reglamentación de minas en el estado, del papel que juega el gobierno local, de la clausura de la mina por parte de la Secretaria de Medio Ambiente y vivienda de Chiapas, así como de los impactos sociales y ambientales que han tenido las actividades de explotación de barita en la zona.
El informe incluso aborda a detalle el activismo contra la minería y el asesinato de Mariano Abarca, líder de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) Chiapas en noviembre de 2009 y desarrolla un apartado sobre las posibilidades de regular la actividad de las mineras canadienses en el mundo con dos iniciativas de ley en el parlamento de aquel país, esto último de trascendencia fundamental para poder demandar ante Canadá violaciones a derechos humanos cometidas por las empresas canadienses en el resto del mundo.
Leyes C-300 y C-354
La misión conformada por Rick Arnold, coordinador de Common Frontiers Canadá, Dawn Paley, periodista que representa a Mining Watch Canada, y Mark Rowlinson, de United Steelworkers también ha realizado acciones concretas dentro de su país.
Impulsan las iniciativas de ley C-300 y C-354 para que sean aprobadas en el parlamento canadiense, la primera sobre la responsabilidad de las empresas con respecto a sus actividades mineras, petroleras y de explotación de gas en los países en desarrollo; y la segunda, sobre la promoción y protección internacionales de los derechos humanos.
Con la primera de estas leyes se condicionarían los apoyos del gobierno canadiense a empresas como Blackfire a que cumplan con las normatividades medioambientales y de derechos humanos de la legislación internacional, mientras que la segunda iniciativa permitiría que personas que no sean ciudadanas canadienses puedan demandar a cualquier individuo en ese país por violaciones a los derechos humanos, ambientales o laborales por hechos ocurridos fuera del mismo.
De promulgarse esta Ley sobre la Promoción y Protección Internacionales de los Derechos Humanos (IPPHRA por sus siglas en ingles), “en el caso de Chicomuselo, permitiría a la familia de Mariano Abarca demandar a Blackfire por su participación en la muerte del activista. De manera similar, las comunidades locales podrían interponer una demanda en contra de Blackfire por la violación de derechos ambientales a raíz de la instalación y operación de la mina”, explicó la delegación investigadora.
Informe de la delegación canadiense sobre minera Blackfire
Centro Nacional de Comunicación Social
Difusión: soberanía popular
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