Recursos públicos derrochados en refrescos y frituras

México SA

Instituciones públicas, las mayores consumidoras de comida chatarra

Recursos públicos derrochados en refrescos y frituras

Carlos Fernández-Vega

Aunque vergonzosamente se echaron para atrás, si en realidad alguna vez se echaron para adelante, porque del discurso no pasaron, se supone que la presunta limpia de comida chatarra debió comenzar en la propia estructura de lo que algunos llaman gobierno federal, cuyas oficinas, escuelas, hospitales y conexos están saturados de máquinas expendedoras de este tipo de productos, al tiempo que instituciones como el DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que preside la inquilina de Los Pinos, Margarita Zavala, a quien le encantan las galletas Mac’Ma), el ISSSTE y el IMSS, entre otras instituciones públicas, se cuentan entre los principales clientes de los consorcios chatarreros.

Se suponía, también (de acuerdo con un comunicado oficial) que a escasos seis días para el comienzo del nuevo curso escolar los titulares de las secretarías de Educación Pública y de Salud ofrecerían ayer una conferencia de prensa (marcada a las 17 horas) para detallar los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica (kilométrico nombre que equivale al minúsculo esfuerzo que hicieron en tal sentido). Así de fácil en el México de las suposiciones (entre ellas, que el gobierno está al servicio de la sociedad), donde los intereses de las empresas chatarreras (nacionales y foráneas) de nueva cuenta prevalecieron, y las escuelas se mantendrán como parte fundamental de su voluminoso ingreso, aunque buena porción de éste sea a costillas de la salud infantil.

En línea con los titulares de la SEP y de la Ssa, Alonso Lujambio y José Angel Córdova Villalobos, el supuesto líder de la bancada panista en el Senado de la República, Gustavo Madero, aseguró que no cedimos a presiones de las trasnacionales de las burbujas para frenar la aprobación de la ley contra la comida chatarra. Habría que felicitarlos, porque a pesar de que los tres rechazan eso de las presiones, los hechos demuestran exactamente lo contrario, entre ellos que 60 iniciativas legislativas para contener la inundación de productos de esa naturaleza y el bombardeo publicitario asociado a la comercialización de la chatarra, y por ende comenzar a resolver el problema de obesidad infantil en el país, han acabado en el bote de la basura, y que la intentona mediática del calderonato terminó en el ridículo.

Dice el senador Madero que el citado es un tema muy importante para procesar, porque se trata de la salud de los mexicanos, lo que “en consecuencia exige que las modificaciones y las condiciones aseguren que este problema de salud pública pueda ser resuelto de la mejor manera con una visión a mediano plazo y no de forma coyuntural y mediatista… la ley no está congelada, se está revisando, toda vez que algunos legisladores no están conformes con los términos y los plazos que se están fijando para que entre en vigor”. Eso dice, pero el hecho es que desde cuando menos cinco años atrás, cada intento (de todos los partidos políticos representados en el Congreso) para regular o de plano erradicar la comida chatarra de los planteles educativos ha terminado en el cesto de la basura.

Lo mismo sucede con la supuesta intención gubernamental de limitar el expendio de pastelitos, papitas, refrescos y conexos. Si el intento fuera real, lo primero que debe hacer la supuesta autoridad es sacar a los chatarreros de su padrón de proveedores, cortar el presupuesto público a estas empresas que dañan la salud de los mexicanos, especialmente los niños. Ello, porque Bimbo (con todas su marcas, que son muchas), Pepsico (ídem) y Coca-Cola (ibídem), entre otras, aparecen en prácticamente todas las dependencias públicas, ya sea por medio de permisos para la instalación de máquinas expendedoras (las de monedas) o de plano a través de multimillonarios contratos para la entrega directa de sus productos, principalmente en instituciones de salud.

Por ejemplo, el DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia) que llena las panzas de los niños supuestamente protegidos con, entre otros, productos Bimbo. El propio monopolio del pan industrializado reconoce (informe 2009 entregado a la Bolsa Mexicana de Valores) que en su inventario de principales clientes sobresale este organismo, así como los hospitales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con los cuales se tienen acuerdos especiales para elaborar presentaciones especiales para satisfacer sus necesidades individuales. El DIF, pues, no es ajeno al creciente problema de obesidad infantil.

Entonces, el gobierno deberá comenzar por limpiar a las instituciones públicas, de manera especial los centros educativos. Ello incluye los cientos de permisos, concesiones, contrataciones (adjudicaciones directas en prácticamente todos los casos) y conexos que otorgan a las empresas chatarreras. Por ejemplo, Diconsa (autodefinida como una institución que contribuye al bienestar e igualdad de oportunidades de los habitantes de las localidades con población en situación de pobreza a través del abasto de bienes básicos y complementarios de manera eficiente con la participación de la sociedad) canaliza un importante volumen de recursos públicos a adquirir refrescos, frituras, pastelitos y demás para distribuirlos como bienes básicos entre los mexicanos depauperados.

Se dan casos como el de la Secretaría de Energía que destina recursos públicos a la compra de Just Frutie, PanditaS15 gr., Bubulubu, LunetaS20 gr., Bocadín, Chocoretas y Kranky, de acuerdo con el registro del IFAI, lo mismo que en el caso del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que adquirió (a Bimbo) dulces para el día del niño por más de 30 mil pesos. Y en tal registro aparece el monopolio del pan industrializado –propiedad de la siempre pía familia Servitje–, con todas sus marcas comerciales (Marinela, Barcel, Ricolino, etcétera, etcétera), al igual que Sabritas, Pepsi, Coca-Cola y demás refresqueras, las cuales también venden, a precio de oro, millones de litros de agua embotellada a las dependencias públicas todo, desde luego, pagado con recursos de los mexicanos obesos.

Las rebanadas del pastel

¿Me están oyendo, inútiles?: como en el caso de las empresas chatarreras, ¿alguien, algún día, meterá en orden a los dueños de Mexicana de Aviación, con Gastón Azcárraga a la cabeza?, porque hacen lo que se les pega la gana, y la fiesta no concluye.

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Fuente: La jornada

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