En abril del año pasado la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de los legisladores presentes reformas sustantivas a la Ley General de Salud y con las cuales las escuelas públicas no podrían vender en sus tiendas o cooperativas alimentos chatarra. Esto con la sana idea de evitar la obesidad en la población infantil, toda vez que este padecimiento es ya un gravísimo asunto de salud pública. Según la Secretaría de Salud, en México hay cuatro millones de niños entre 5 y 11 años con sobrepeso y obesidad; 70 por ciento no realiza actividad física regular. Cifras de las mismas autoridades de salud indican que en los últimos 30 años el sobrepeso y la franca obesidad se han triplicado. Las mismas reformas del año pasado obligaban a las escuelas a que los alumnos realizaran ejercicios físicos por 30 minutos diarios.
Bien, el lunes de esta semana se reincorporaron a clases 27 millones de alumnos de primaria y secundaria. Lo hicieron bajo nuevas condiciones para la venta de alimentos en las escuelas que no son las que aprobó el Congreso de la Unión en abril de 2010. Resulta que la ley fue modificada para que no se vendieran botanas, frituras, golosinas en general, que superen 140 calorías. Dicho de otro modo, al carajo la proposición inicial aprobada por el Congreso porque, a final de cuentas, en las escuelas sí podrán venderse alimentos chatarra siempre y cuando no rebasen la cantidad aprobada de calorías.
Además, la mayoría de los planteles educativos carecen de la infraestructura para poder instrumentar los nuevos lineamientos. Las mismas autoridades reconocen que la mayoría de los planteles no tienen claridad sobre en qué consisten las nuevas reglas y el tipo de productos que pueden vender.
Inicialmente las reglas eran muy claras: no más alimentos chatarra en las escuelas, punto. Pero los intereses empresariales presionaron y convencieron de modificar los lineamientos originales que eran clarísimos. Ahora es un mazacote ininteligible.
Los refrescos quedan prohibidos en las escuelas primarias, pero no en las secundarias, donde sólo se venderán refrescos light. La comida chatarra que los diputados habían legislado para sacarla de las escuelas seguirán a la venta, as usual, gazmoñamente, en presentaciones más chicas.
Las secretarías de “salud” y “educación pública” –entrecomilladas en este caso– autorizaron la venta de la friolera de 460 productos. Se incluye toda clase de frituras con la hipócrita modificación de que serán presentadas en bolsas más pequeñas. La dependencia a cargo de Alonso Lujambio sugiere a los padres de familia que eviten dar dinero a sus hijos para la compra de golosinas en la escuela y que los manden con algo en la lonchera. Cretinos.
Está bien, que lo hagan, pero su responsabilidad es la de garantizar la no oferta de comida chatarra en las escuelas. Más cuando hubo una modificación de la Ley General de Salud.
El mercado escolar había sido tomado mayoritariamente por marcas como Marinela (de Bimbo) y Sonric's (de Pepsico), entre otros. Es un mercado que representa miles de millones de pesos. La SEP decidió ceder a las presiones de las grandes empresas, por lo que ahora sólo los productos de “marcas registradas” podrán venderse en las cooperativas y tiendas escolares con el dudoso argumento de que disponen de “estándares de calidad” en su elaboración. Hipócritas retirarán todos aquellos que no tengan marca o sean de “dudosa procedencia”, para abatir la obesidad de niños desde las escuelas. En esa lógica no sería extraño ver con el tiempo que hubiera en las escuelas franquicias ad hoc de McDonald's. Al fin y al cabo que estándares de calidad sí tiene. Homologada mundialmente, además. Lo que significa que engordan lo mismo en Francia con Royale avec Cheese, que en México o Estados Unidos con la Quarter Pounder. Son exactamente lo mismo, pero a los franceses les revienta hablar en inglés.
A final de cuentas, los “nuevos lineamientos” terminaron en la rendición del Estado mexicano. Dos dependencias del Ejecutivo, Salud y Educación Pública, que se habían comprometido a operacionalizar las modificaciones a la ley de salud, como se ha hecho en el resto de los países de la OCDE y buena parte del mundo. Argentina, Uruguay y Brasil, por ejemplo.
México tiene el mayor número de niños obesos y con sobrepeso en el planeta. Más que en los Estados Unidos, donde la obesidad mórbida es altísima.
El gobierno federal, para no variar, cedió a la ofensiva y presiones de la industria alimentaria nacional y transnacional. El mercado escolar les significa conservadoramente la friolera de 50 mil millones de pesos. Así, las escuelas son un mercado y punto de venta de inmenso valor económico que las empresas no están dispuestas a dejar así como así, y por el cual cabildearon y presionaron a las autoridades de Educación y Salud. Presión frente a la cual el Estado ha cedido.
Parte importante de la explicación del cambio de actitud de las autoridades está, para no variar, en los intereses cortoplacistas de los personajes. Particularmente Alonso Lujambio, que tiene pretensiones sucesorias.
La Secretaría de Economía, operadora de los compromisos del felipismo, intervino igualmente en la modificación de lo que parecía una firme decisión gubernamental hasta hace todavía unos meses.
Así, el gobierno panista ha preferido continuar con la configuración de una verdadera catástrofe de salud pública, antes que hacer valer un mínimo de autoridad en beneficio de los niños mexicanos. Los congresistas habían propuesto etiquetar tales productos con una leyenda que advirtieran la nula o escasa aportación nutricional y que el consumo excesivo era causa de sobrepeso, obesidad y daños a la salud. Quedó en “alimento (o bebida) que facilita una alimentación correcta”.
Otra prueba del nulo interés gubernamental en el bienestar de los gobernados.
*Es Cosa Pública
leopoldogavito@gmail.com
Fuente: La Jornada de Veracruz
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