Sólo promesas ofrecen a esposas de desaparecidos en Veracruz
Verónica Espinosa
GUANAJUATO, Gto., 13 de enero (apro).- Ocho meses después de la desaparición de sus esposos, ocurrida en el estado de Veracruz, cuatro mujeres avecindadas en el municipio Manuel Doblado siguen a la espera de una respuesta por parte de la Procuraduría de Justicia del estado. Lo único que han recibido a la fecha son promesas y un apoyo económico por parte del gobierno veracruzano.
El día que dejó el cargo, el 1 de diciembre pasado, el ahora exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, les aseguró que su caso “estaba encomendado” a las nuevas autoridades.
En una reunión con Herrera y el nuevo mandatario veracruzano, Javier Duarte, las mujeres recibieron un sobre con “una pequeña indemnización, algo para ayudarlas”.
El dinero (120 mil pesos para las cuatro familias) les fue entregado en efectivo, dentro de un sobre cerrado. Nadie les pidió que firmaran documento alguno.
De acuerdo con María de los Ángeles, una de las dos mujeres que acudió a la cita en Veracruz (la otra fue Alma Delia), a ese “apoyo” le ha sucedido un ominoso silencio. “Ni una llamada, nada”, dijo.
“Primero no queríamos recibir el dinero. Yo sentí como si estuviera vendiendo a mi esposo y como si fuera una manera de decirnos: ya esténse quietas. Pero la estamos pasando muy mal y necesitábamos ese dinero”, agregó María de los Ángeles.
Las otras dos esposas de los desaparecidos, María de los Ángeles y Rocío, optaron por no acudir al encuentro con Duarte y Herrera en Veracruz, en el que también estuvieron presentes el exprocurador Salvador Mikel y el nuevo encargado del despacho, Reynaldo Gaudencio Escobar.
“Tuvimos miedo”, dijo a apro una de ellas.
El encuentro habría sido gestionado por la oficina del gobernador panista Juan Manuel Oliva Ramírez, según informó una de las mujeres a un diario local antes viajar a Veracruz.
El pasado 14 de mayo, Diego Ernesto Méndez, Antonio Meléndez Pérez, Felipe Ángel Aguirre y Manuel Lozano García desaparecieron afuera del hotel al que llegaron con su familia para pasar unas vacaciones en el Puerto de Veracruz.
Las cuatro familias arribaron el 13 de mayo a ese destino de playa en un autobús destartalado autobús, luego de varias horas de viaje. La noche siguiente, los cuatro hombres salieron del hotel a comprar hielo y no regresaron.
Las esposas de Diego Ernesto, Antonio, Felipe y Manuel presentaron una denuncia por la desaparición de aquellos ante el agente Ramar Mendoza Díaz. A partir de ahí, el caso ha seguido un tortuoso camino de burocracia, silencio e incluso amenazas telefónicas a algunos de los familiares que han intentado insistir en la localización de los cuatro hombres.
A fines de noviembre, el procurador de Justicia de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, se entrevistó con las mujeres y les informó de las gestiones e indagatorias que la dependencia había efectuado hasta entonces, en diversas comunicaciones con funcionarios de la Procuraduría de Veracruz, sin resultados.
Entre junio y agosto se pidió información del caso vía telefónica a la secretaria particular del exprocurador Salvador Mikel, Samantha Arrecherreda, pero no se proporcionaran datos. El 5 de agosto se envió el oficio 350/2010/VER-05, pidiendo conocer los avances de la indagatoria que se abrió para el caso, mismo que fue turnado al agente Ramar Mendoza Díaz, quien tampoco tardó en responder y finalmente reportó haber turnado el asunto, por incompetencia, a la Subprocuraduría de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, a cargo de María Victoria Lince Aguirre.
La Procuraduría de Guanajuato envió el 3 de noviembre otro oficio a Lince Aguirre. Días después, vía telefónica, le reiteró la petición. Fue hasta el 10 de noviembre cuando la funcionaria veracruzana respondió en estos términos: “No se cuenta con los resultados deseados para la ubicación de las citadas personas, la investigación ministerial que nos ocupa a la fecha se encuentra en trámite”.
Mientras, la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos (PEDH), que cuenta con el expediente de queja 281/10-A, informó a Apro que requirió a las autoridades veracruzanas y de la Comisión de Derechos Humanos de aquella entidad la información del caso, y solicitó su apoyo para buscar a los desaparecidos.
Además, la PEDH dictó una medida precautoria a la directora general del Sistema DIF estatal, “a fin de que brindara apoyo y asistencia psicológica, así como sustento para afrontar la problemática a la que se han enfrentado (las esposas de los desaparecidos)”.
Sin embargo, aunque el DIF estatal aceptó la medida precautoria –según un oficio que hizo llegar a la PEDH el 28 de octubre pasado–, optó por turnar esa petición al DIF del municipio de Manuel Doblado, “a fin de que ahí se hiciera contacto con los familiares de las personas desaparecidas y ahí se les brindara el apoyo”.
En entrevista telefónica, este jueves, una de las cuatro mujeres dijo a Apro que hasta el momento el DIF municipal no les ha proporcionado la ayuda que recomendó la Procuraduría de Derechos Humanos, con excepción de apoyo para transporte.
Desde fines de noviembre pasado, especialistas del área de Atención a Víctimas, de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato, visitan cada semana a las familias en ciudad Manuel Doblado para brindarles apoyo psicológico. Nada más.
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
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