En la sesión de la Camara de Diputados del domingo primero de septiembre el orden de la noche era aprobar, a como diera lugar y con la menor agitación posible (ya suficiente hay en el país como para permitir que se refleje en San Lázaro), la Ley General del Servicio Profesional Docente, pista de aterrizaje de la contrarreforma laboral disfrazada de educativa impuesta por el peñato entre diciembre del año pasado y febrero del presente. De los casi 500 presentes, uno se abstuvo y sólo 73 votaron en contra.
La ley de marras no sólo es impresentable porque haya sido gestada mediante la traición a la palabra empeñada, el desconocimiento de los afectados y los acuerdos cupulares a espaldas de la sociedad, sino también por razones de fondo: la reforma de la que forma parte es un paso hacia la privatización de la enseñanza, y ha sido una salida del grupo gobernante para hacer pagar al magisterio por la catástrofe en que se encuentra el sistema educativo del país, y que ha sido causada por esa misma clase política.
Por lo demás, lo que ocurrió durante la sesión del domingo por la noche en San Lázaro arroja mucha luz sobre el desencuentro entre la sociedad y las instituciones que tendrían que representarla: resulta que una gesta social que ha cimbrado y polarizado al país no logra generar más de 15 por ciento de respaldo en el Legislativo (aunque habrá que ver lo que ocurra en el Senado); que el formidable blindaje policial y militar en torno a San Lázaro es para conjurar una amenaza marginal y fantasmagórica; en suma, que el magisterio disidente existe mucho menos de lo que podría indicar su capacidad orgranizativa y de movilización y el respaldo social del que se ha hecho merecedor.
O será que la conformación y alineación de esta legislatura ha dejado de representar a la sociedad y es reflejo, más bien, de la inyección de dinero realizada por el régimen en la elección pasada –la que permitió poner a Peña Nieto en Los Pinos– y de los posteriores esfuerzos de cooptación de la pluralidad política y social en un viejo remedo del monolitismo priísta que se llama Pacto por México. El engendro aplastó los mandatos populares recibidos por los integrantes de la acual legislatura y los remplazó por la línea presidencial.
Uno supone que en un entorno de normalidad democrática los políticos cuidan su carrera procurando no traicionar a sus electores. En la clase política del México actual las cosas pueden ser al revés: para ser exitoso es necesario pasar por encima de la palabra empeñada ante los votantes, atropellar la dignidad propia y someterse a los dictados del poder. Sólo así se explica el descarado pragmatismo de Jesús Ortega y Guadalupe Acosta Naranjo, quienes trataron de persuadir a los opositores a la reforma con una amenaza cortesana: no vayas a perjudicar tu carrera.
Tal vez el poder oligárquico crea que ha resuelto, con el auxilio de sus servidores en San Lázaro, el conflicto magisterial cuando, en realidad, no ha hecho más que complicarlo y profundizarlo. Adicionalmente, ha dado otra vuelta de tuerca al debilitamiento del Legislativo como factor de gestión y mediación. Con eso lo único seguro es que la colisión entre el Ejecutivo y sus víctimas será más intensa e irremediable y que el país tendrá que pasar por nuevos episodios de confrontación.
Estamos entrando, además, en la disputa por las disposiciones constitucionales y legales que regulan el estatuto de la industria petrolera y ya nos queda claro el alineamiento real de las fuerzas en el Congreso: más de tres centenares de dedos fieles al poder contra unas decenas de diputados que optaron por ser leales a sus votantes. Al Legislativo no le queda mucha capacidad para amortiguar el choque que se viene.
En lo inmediato, a pesar de los votos comprados, de la seducción que ejerce el poder, de la reducción de las oposiciones a la condición de partidos paraestatales, por medio del Pacto por México, 73 legisladores votaron en contra de la agresión al magisterio, y no es poca cosa, aunque, desde luego, es claro desde ya que la defensa del petróleo no va a librarse en las cámaras, sino en las calles.
Claro que también se puede tirar a la basura la dignidad y la razón y esforzarse por construir una sociedad que represente en forma fiel a la Cámara de Diputados y un país en el que sea verdad la sarta de mentiras pronunciadas hace unas horas por Peña Nieto a manera de informe.
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