Decir verdad

Decir verdad

El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, acudió el martes pasado a la Cámara de Diputados para defender el paquete económico del gobierno federal para 2010. Le fue mal, aunque él creyó que le podía ir peor. PRI, PRD, PT, Convergencia y Nueva Alianza reprobaron, con diversos matices, la propuesta tributaria. Hubo quien la consideró “regresiva”, pero todos coincidieron en juzgarla como “dañina”.

Durante más de cinco horas, el funcionario escuchó críticas y descalificaciones de casi todos, excepto de los mercenarios verdes, al servicio del mejor postor. La parte más difícil le correspondió al PAN, obligado a apoyar. Pero fue una defensa sin argumentos que lindó en el cinismo, pues el legislador encargado del posicionamiento exhortó a “todos los niveles de gobierno” a adoptar normas de austeridad, como si ignorara que el panismo ha hecho crecer la burocracia y el gasto corriente de manera desmesurada durante las dos administraciones federales.

La enorme manta contra el impuesto del 2% al consumo, que desplegaron en la sala de sesiones un grupo de diputados perredistas, no fue lo que más molestó al rebaño blanquiazul. Tampoco las pancartas de los legisladores obradoristas. Lo que más irritó a los panistas fue la intervención del priista Sebastián Lerdo de Tejada, quien leyó parte de un discurso pronunciado en ese mismo recinto catorce años atrás. Aquel enjundioso orador sostuvo que aumentar impuestos muy por encima de los incrementos salariales indica que el gobierno optó por sacrificar a los contribuyentes y los trabajadores. Después de su lectura, el priista aclaró el nombre del diputado que lo dijo en 1995: Felipe Calderón Hinojosa.

Carstens escuchó casi de todo. Hubo hasta metáforas beisboleras como aquélla en la que le dijeron que como pitcher no llega la pelota al home. También le recordaron su poca fiabilidad como doctor, pues lo que en principio diagnosticó como gripa leve, al poco tiempo se convirtió en influenza económica por errores del propio gobierno.

Lo más importante de la comparecencia del secretario de Hacienda, empero, fue que por primera vez un funcionario se vio obligado a informar del estado que guarda la administración pública en su respectivo ramo, bajo protesta de decir verdad, tal como lo establece el artículo 93, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello fue posible porque en la sesión del 10 de septiembre, la diputada Laura Itzel Castillo propuso, y fue aprobado por el pleno, que se agregara al acuerdo de la Junta de Coordinación Política que ese día se sometía a votación, un octavo punto al apartado de “considerandos”, que dio como resultado la obligatoriedad de la protesta de decir verdad.

¿Por qué es tan importante este punto? Porque la reciente reforma al artículo 93 constitucional tuvo por objeto que el Poder Legislativo adquiriera un mayor control del ejercicio administrativo gubernamental, a través de la rendición de cuentas y del manejo transparente de la información. Pero faltaba que la modificación se hiciera efectiva en el Congreso para que la prohibición de mentir tuviera consecuencias.

A partir de Carstens, si el funcionario incurre en falsedad de declaraciones puede y debe ser sancionado, como ocurre en otros países, en donde este mecanismo forma parte de una añeja tradición republicana. Cierto que México es el país de la impunidad y de ello se aprovecha la clase gobernante, pero al menos hoy existe, legalmente, la posibilidad de que los secretarios mentirosos sean destituido del cargo y, en su caso, juzgados en los tribunales competentes en caso de que haya lugar a ilícitos. De ese tamaño es la contribución que hizo la legisladora Castillo. Quizá por eso, Carstens, formado académica y políticamente en Estados Unidos, donde el perjurio es penadísimo, intentó evadir la protesta de ley, sin éxito. A la tercera fue la vencida.