Jacinta, una mujer incómoda para la justicia

Jacinta, una mujer incómoda para la justicia

JOSé GIL OLMOS

MÉXICO, D.F., 16 de septiembre (apro).- Jacinta era una mujer incómoda para la justicia mexicana. Se había convertido en el ejemplo más claro de la sinrazón de las autoridades que imparten las leyes en el país.

Con argumentos falsos, la Procuraduría General de la República (PGR) la mandó a la cárcel por 21 años, acusada de secuestrar a seis agentes federales. Tres años estuvo presa Jacinta, hasta que en una reposición del juicio, amañado en primera instancia, fue puesta en libertad la madrugada de este miércoles.

Eran tan claras las inconsistencias en el caso de la indígena otomí Jacinta Francisco Maciel, así como de Teresa González y Alberta Alcántara, que no pudieron mantenerse.

Pese a ello, la PGR insistió que las tres indígenas, junto con 200 personas más del mercado de Santiago Mexquititlán, Querétaro, secuestraron a los seis policías de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI).

El 26 de marzo de 2006, los agentes llegaron al mercado para decomisar mercancía importada ilegalmente. Horas después, éstos declararon que Jacinta motivó a la gente para que los secuestraran y luego pidieran un rescate por 80 mil pesos. Y ellos aceptaron las condiciones, supuestamente porque sentían que sus vidas estaban en riesgo.

Los comerciantes dieron otra versión: que los policías llegaron con prepotencia, sin identificarse, y destruyeron la mercancía pirata que estaba en los puestos, lo que originó el descontento de la gente que los identificó como ladrones y los obligó a reparar el daño.

Ninguna de las declaraciones testimoniales de los pobladores fue tomada en cuenta. Además, se cometieron graves irregularidades en el juicio, como la falta de un traductor, la concesión de carácter de prueba otorgada a la fotografía de un diario local –cuyo fotógrafo desestimó un posible secuestro y ello no fue considerado– y la contradicción de las declaraciones entre los supuestos secuestrados.

Así, sin pruebas contundentes, mediante un proceso plagado de irregularidades, con pruebas sin peso ni definición legal, la indígena otomí Jacinta, así como Teresa y Alberta, fueron enjuiciadas y sentenciadas a 21 años de cárcel, y luego recluidas en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Querétaro, por un delito que no cometieron.

Pese a que se trataba de un ejemplo claro de injusticia, en su momento el caso no llamó la atención de las organizaciones que se han dedicado a encabezar campañas contra la inseguridad y la injusticia. Tampoco llamó la atención de escritores como Héctor Aguilar Camin, quien junto con un grupo de investigadores del CIDE sí retomaron el caso de los indígenas evangélicos acusados de la matanza de Acteal.

Bernardo Romero Vázquez, presidente del Centro de Derechos Humanos "Fray Jacobo Daciano", y el Centro de Derechos Humanos "Agustín Pro Juárez", se encargaron directamente de la defensa de Jacinta y lograron que este año se repusiera el juicio.

En ese nuevo juicio, Norma Patricia Valdés Argüelles, delegada estatal de la PGR, sostuvo que los agentes actuaron conforme lo marca su reglamento y, en consecuencia, les brindó todo su apoyo.

El gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, no quiso meterse en el asunto, y sólo después de tres años los diputados del PAN emitieron una posición condenando la injusticia.

A destiempo, es decir, en agosto pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la que concluyó que la PGR acusó a las indígenas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio con base en testigos falsos y en testimonios "de oídas".

Entre las irregularidades detectadas, la CNDH mencionó que tres de los seis agentes federales que dijeron haber sido retenidos por las indígenas tuvieron a su cargo la investigación del caso, lo que "impide una búsqueda imparcial de la verdad histórica y jurídica de los hechos".

Para entonces, el caso de Jacinta ya había traspasado fronteras. El representante en México del la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Alberto Brunori, hizo una visita a la indígena y emitió un comunicado en el que pidió la pronta excarcelación y la eventual reparación del daño por las irregularidades del proceso.

Amnistía Internacional (AI), en tanto, calificó a Jacinta como "presa de conciencia" y reclamó su inmediata liberación ante las irregularidades detectadas durante el proceso.

En un comunicado emitido desde su sede en Londres, la organización defensora de los derechos humanos sostuvo que Jacinta Francisco estaba encarcelada "únicamente por su situación social marginal y pobre", lo que limitó su capacidad de responder ante la justicia sobre los hechos que se le imputaban.

Frente a la defensa de organizaciones nacionales e internacionales, la PGR comenzó a trastabillar. Uno de los agentes acusadores no fue localizado, otro más murió, y sólo cuatro ratificaron su testimonio.

Y ante la imposibilidad de mantener el caso, Jacinta, Alberta y Teresa, las tres indígenas acusadas de secuestro, fueron puestas en libertad este miércoles.

En un comunicado, la PGR declaró que "por duda razonada, el fiscal presentó pruebas no acusatorias".

Sin embargo, el caso evidenció, una vez más, que se trató de una más de las injusticias que se cometen en el sistema judicial mexicano, tan cuestionado por su porosidad ante los diversos grupos de poder que hacen que la balanza se incline hacia donde más les conviene.